En las investigaciones en torno al conflicto político que se vivió en Oaxaca, y en particular en el caso del asesinato de Brad Will, la Procuraduría General de la República (PGR) “mantiene una actuación de carácter parcial” que garantiza la impunidad para el gobernador Ulises Ruiz, coincidieron organizaciones de derechos humanos.
En tanto, en Oaxaca, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) cuestionó las indagatorias de la PGR en torno al homicidio de Brad Will, y dijo que uno de los testigos que señaló a Juan Manuel Martínez Moreno como autor material del asesinato, es el priísta Manuel Martínez Feria, sobrino del ex presidente municipal de Santa Lucía del Camino, y quien ordenó la agresión contra miembros de la APPO el 27 de octubre de 2006.
En ese contexto, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos –una de las onG que analizó las violaciones a las garantías fundamentales durante el conflicto–, destacó que cuentan con un video y fotografías que fundamentan que no hubo disparos a corta distancia en contra del periodista, como afirma la procuraduría para acusar a un simpatizante de la APPO del asesinato del camarógrafo de Indymedia.
Agregó que de haberse presentado disparos a corta distancia debió aparecer en la ropa de Will una ojiva y residuos de pólvora, elementos que no han sido presentados por la PGR.
“Se debe tomar en cuenta que la participación de Indymedia y de Brad siempre fue objetiva, señalando los abusos de los gobiernos estatal y federal: no había ninguna animadversión hacia la APPO para propiciar su muerte. Existían muchos más elementos del gobierno de Oaxaca y de los priístas para ello”, señaló Ramírez.
En tanto, Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, resaltó que es importante destacar que el resultado de la PGR no coincida con los peritajes de la CNDH además de que se presenta al presunto responsable de la muerte de Will justo el día en que el gobierno de Ulises Ruiz tenía como fecha límite para responder si aceptaba la recomendación del organismo encabezado por José Luis Soberanes.
Afirmó que uno de los problemas más añejos en los procesos de investigación de la justicia mexicana es la deficiencia en el trabajo científico de recabación y recolección de las evidencias de primer momento. “Hubo muchos errores, las evidencias fueron reunidas tiempo después, lo que los hace manipulables. Pareciera que con el resultado presentado por procuraduría se construye un escenario en el que el gran ganador es Ulises Ruiz, a quien se le garantiza impunidad en detrimento de la familia de Will y de la sociedad agraviada. Parece que en este caso no habrá justicia”.
Por su parte, la APPO, en voz de César Mateos Benítez, declaró que “no es posible que ahora los agresores sean parte de los acusadores”, y expuso que la PGR ocupó a Alfredo Feria Pérez como testigo para encarcelar a seguidores de la APPO por su "premura por entregar cuentas a Estados Unidos".
Subrayó que no existe alguna prueba clara y contundente de la autoría de Martínez Moreno en el crimen de Will "ni en alguno otro hecho delictivo. El testigo carece de legitimidad y credibilidad por ser familiar de quien ordenó la agresión", insistió.
Destacó que el ex munícipe Martínez Feria fue quien dio la orden al regidor de Seguridad Pública de Santa Lucía del Camino, Abel Santiago Zárate; al director de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, Fernando Espinoza Corona, y al suboficial de esa corporación, Orlando Manuel Aguilar Coello, para agredir la barricada de la APPO, el 27 de octubre del 2006.
“Esto, y los paramilitares priístas Juan Carlos Martínez Sumano, Luis López Velasco aparecen en los videos y en las fotografías disparando en contra de los compañeros", asentó.
Por último, Alba Cruz Ramos, integrante del Comité de Liberación 25 de Noviembre, informó que Octavio Pérez Pérez y Hugo Jafit Colmenares Leyva, también seguidores de la APPO y acusados de encubrimiento, salieron de la cárcel estatal de Santa María Ixcotel después de rendir su declaración y depositar una fianza de 25 mil pesos cada uno, que aportó la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
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