Tras semanas de intensas movilizaciones en los departamentos amazónicos, el Gobierno peruano decretó el pasado 9 de mayo el estado de emergencia durante 60 días en nueve municipios selváticos de las regiones de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas. Con la medida, quedaron suspendidos los derechos constitucionales de libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y las libertades de reunión y de tránsito. Además, las fuerzas de seguridad podrán detener ciudadanos discrecionalmente, allanar viviendas o locales e impedir la circulación y las concentraciones. Los primeros movimientos de esta escala represiva se tradujeron en el envío de barcos de guerra por los cursos fluviales.
El motivo del decreto no es otro que “restablecer el orden público ante las acciones de violencia que ponen en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos”. La protesta indígena más masiva de los últimos tiempos se inició el pasado nueve de abril con la toma de instalaciones petroleras, corte de rutas terrestres y fluviales y anuncios de cortes del oleoducto norperuano y el gaseoducto del sur, protagonizadas por organizaciones afiliadas a la Asociacion Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a más de 60 etnias y unas 1.500 comunidades de la Amazonía.
Tras la contundente medida coercitiva, el líder de AIDESEP, Alberto Pizango, advirtió que las amenazas no amedrentan a los nativos y que éstos están dispuestos a morir para hacer respetar sus territorios y defender la Amazonía.
Concretamente, el levantamiento indígena exige la derogación de 11 de los 104 decretos legislativos que atentan contra los intereses del país. La protesta incide en varios decretos y leyes aprobados por el Gobierno y el Congreso como parte de un paquete legislativo de adecuación de la normatividad peruana a las exigencias de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Según los indígenas, las normas cuestionadas afectan los intereses nacionales y propician la depredación de su hábitat, al viabilizar la entrega de la Amazonía a intereses privados. La protesta exige además el cese o la severa regulación de actividades depredadoras mineras y petroleras.
El nuevo Pizarro
Repsol ha invertido 2.200 millones de dólares en Perú, siendo este país el tercer receptor de inversiones de la compañía. Durante la última reunión mantenida entre el presidente de la petrolera y el presidente de Perú, Alan García, se explicaron los avances del trabajo en el Lote 39, así como en la Refinería de La Pampilla, en los cuales existe un enorme potencial de cara al futuro. Precisamente, el futuro de los pueblos no consultados se ve gravemente amenazado por las intenciones de la empresa de penetrar esta región, limítrofe con las Zonas Intangibles preservadas por el Gobierno ecuatoriano para salvaguardar a los grupos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane.
Existen evidencias de la existencia de otros grupos en contacto inicial como los Aushiris o Abijires, los Pananajuris y Taushiros. Estos pueblos ubicados en la frontera, fluctúan entre Ecuador y los bloques peruanos 67 y 39.
El Bloque 39 fue concesionado en primera instancia a la norteamericana Barret, la cual, en 2001 abrió 383 km de líneas sísmicas. En 2003 fue transferido a Repsol Exploración Perú (filial de Repsol) duplicando su extensión a 886.000 hectáreas. Hace unos meses, Alan García festejó públicamente el descubrimiento de crudo en estas áreas. Ahora el proyecto espera la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para iniciar la fase de explotación petrolera.
Organizaciones indígenas y de solidaridad con AIDESEP o Survival Internacional denuncian que las intenciones de Repsol de ingresar en el Bloque 39 suponen rubricar un homicidio anunciado, porque los índices de mortalidad durante el contacto de pueblos aislados supera el 50% en los primeros años. Los pueblos Nahua y Murnunahua, contactados en los ‘80 y ‘90 respectivamente por petroleras y madereros ilegales, refrendaron tal funesta estadística.
Otros bloques amenazan a puebles aislados. La colombiana Ecopetrol pretende ingresar en los Bloques 110 y 117, con presencia de grupos de Murunahua, en aislamiento voluntario. Por su parte, la francesa Perenco, opera en el bloque 67, vecino al bloque 39, amenazando a los mismos pueblos que lo hace la petrolera Repsol.
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