El PCE considera que la falta de acciones por parte de los dirigentes políticos locales, regionales y estatales ha propiciado que el desempleo se haya extendido desde la construcción al resto de sectores productivos de la provincia. En este momento ya afecta irremediablemente al sector servicios, uno de los pilares de nuestra economía local. Lo que más llama la atención al PCE es la actitud del PP local, que mira para otro lado ante estos datos como si no formara parte del gobierno local y autonómico. A juicio de Ángel García, Secretario Provincial del PCE de Salamanca, “es vergonzante que Lanzarote y su equipo de Gobierno consideren que no va con ellos que miles de salmantinos cada mes sean despedidos y destruidos sus puestos de trabajo”
Para el PCE es alarmante ya esta escalada del desempleo, pero lo es más incluso la pasividad de unas autoridades locales que ni se han planteado una sola medida para impulsar, desde lo público, la actividad económica local.
Por otro lado el PSOE con su política económica no hace más que poner parches que, como se está demostrando, no favorecen sino al contrario la creación de empleo.
A juicio de Ángel García, Secretario Provincial del PCE, “el PSOE y el Gobierno del Estado se conforma con un Plan E que sólo ha aliviado en momentos muy concretos las cifras de paro, pero que ha fomentado la temporalidad y la precariedad en el empleo, por lo que debería de reconsiderar esa fórmula”.
A juicio del PCE, el debate que debería ponerse sobre la mesa es la financiación de los Ayuntamientos para que éstos sean capaces de poder desarrollar políticas económicas que beneficien a sus habitantes, por eso de que el Ayuntamiento es la Administración más próxima a la ciudadanía.
Por otro lado, el PCE de Salamanca plantea que en momentos como el actual en que el mercado es incapaz de recuperarse de este atentado contra los trabajadores, se deben llevar a cabo políticas públicas de creación de empleo y de impulso de la economía, junto con medias legales que modifiquen la Ley General de Seguridad Social en el sentido contrario al que pretende el Gobierno: reducir la edad de jubilación para repartir el empleo; jornadas de 35 horas por ley; mayor protección social para los trabajadores y trabajadoras y, en especial, a aquellos con mayores dificultades de inserción.
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