Cunde el debate sobre las pensionesEn medio de la pendiente del deterioro por la que se desliza a gran velocidad la economía española ha brotado el debate sobre la necesidad de introducir reformas que garanticen la estabilidad del sistema de pensiones. Son varias las voces que se han manifestado sobre este asunto en los últimos días.
El presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, plantea la revisión del actual modelo de la Seguridad Social para avanzar a corto plazo hacia un sistema mixto de pensiones; el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, aboga por abordar cuanto antes los ajustes precisos en el marco del Pacto de Toledo –“O nos ponemos todos de acuerdo y dejamos de lanzarnos munición o en 10 años no se pueden pagar las pensiones”; el líder del PP, Mariano Rajoy, propuso a Zapatero durante el debate de investidura un acuerdo para revisar el Pacto de Toledo; y, más recientemente, la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, fue taxativa al advertir que si se mantiene la debilidad del mercado laboral “tendríamos que empezar a tirar del fondo de reserva de la Seguridad Social no más allá de 2012”.
Este caldo de cultivo que se está generando, lógicamente determinado por el fuerte envejecimiento demográfico y por los crecientes costes del sistema, debería servir de catalizador para que el dialogo social que el Gobierno emprenderá en breve con patronal y sindicatos, se extienda también al principal partido de la oposición, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que realmente sirva para introducir racionalidad en las prestaciones y para que el modelo sea más equitativo y suficiente.
Esto exige lograr una mayor proporcionalidad entre lo cotizado y la prestación, lo que significa alargar a toda la vida laboral el periodo para calcular la pensión. Paralelamente, en línea con el planteamiento de Díaz Ferrán, debería estimularse el desarrollo de las pensiones complementarias en las empresas. Pocas cosas crearían tanta alarma social entre los españoles como el riesgo de que el actual sistema hiciera aguas.
Por ello, sería una irresponsabilidad que el Gobierno, al igual que hizo en la legislatura pasada, convoque a los agentes sociales sólo para la galería y vuelva a utilizar el diálogo social no como un medio sino como un fin en sí mismo y disculpar así su falta de voluntad para abordar un problema espinoso.
Es preciso, pues, un debate sereno y libre de intereses partidistas que desemboque en las medidas necesarias. No hacerlo supone dar una patada adelante a un grave problema, y que las generaciones futuras lo asuman, aunque será a un mayor coste y con medidas más dolorosas cuanto más tiempo pase.
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