La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut recorta gravemente sus aspectos más progresistas y deja en evidencia el agotamiento de la vía autonomista en la lucha por la autodeterminación de los Països Catalans. Toni Pizà explica el nuevo escenario abierto tras las consultas soberanistas y la manifestación del pasado 10 de julio.

La última sacudida del Estado español al derecho de autodeterminación de los catalanes y las catalanas ha sido el recorte del Estatut; ese Estatut que en 2006 había sido aprobado por el parlamento y refrendado por el pueblo catalán. La sentencia, dictada por el Tribunal Constitucional (TC), considera que catorce artículos del texto estatutario son inconstitucionales, y veintisiete merecen una interpretación por parte del propio TC. También resulta relevante que en el preámbulo, que tiene por objetivo ayudar a interpretar la ley a la que acompaña, haya considerado que la parte donde se indica que “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido a Cataluña como nación de una manera ampliamente mayoritaria” no tiene eficacia jurídica interpretativa. Otros artículos muy importantes, como aquellos relativos a que el catalán sea lengua de uso preferente o el tipo de ley que debe legislar sobre las competencias compartidas entre el Estado y la Generalitat, se consideran inconstitucionales. Por si aún quedan dudas sobre el carácter de la sentencia, la frase “La Constitución no conoce otra nación que la nación española” deja claro el posicionamiento del TC.

Sobre el Estatut de Autonomía y el referéndum al que se le sometió, en junio del 2006 editamos un suplemento especial que contiene argumentos y razonamientos que siguen completamente vigentes. Decíamos que “El Estatut aprobado por el parlamento el 30 de septiembre ya era un texto limitado en sí mismo: no cuestionaba el modelo autonómico prefijado por la Constitución española y no hacía frente a las políticas neoliberales que el tripartito ha ido poniendo en marcha desde el principio de su mandato “. En cuanto al referéndum, pedíamos el voto por el NO desde un razonamiento de izquierdas basado en estas dos premisas básicas: que no cuestionaba el modelo constitucional que ha demostrado ser un escollo para el autogobierno, y que no establecía medidas para garantizar los derechos sociales de los catalanes y las catalanas.

Este último punto, al no hacer frente a las medidas neoliberales del tripartito catalán de privatización de los servicios públicos (como en el flagrante caso de la Ley de Educación de Catalunya) y reducción del gasto público social, deja claro que ese Estatut no era más que un instrumento de la clase dirigente catalana para tener un mayor margen de acción sobre las políticas fiscales y la relación bilateral con el Estado. Todo ello adulterado con alguna reivindicación identitaria. Por todo ello, no sólo es obvio que éste no es el Estatut que deseamos, sino que queda claro que ya no sirven las herramientas autonomistas. Los estatutos no ponen en cuestión la constitución española del 78 –tenemos las garantías jurídicas del mismo Estado español– ni tampoco dan herramientas para lograr un mínimo de justicia social –de hecho, el tripartito, supuestamente de izquierdas, sigue poniendo en marcha políticas antisociales.

La actuación del TC respecto del Estado deja claro cuál es su función. Como intérprete de la Constitución española que niega los derechos nacionales de los pueblos que integran este Estado, recorta las tímidas intenciones del parlamento catalán. La única respuesta posible es dar la espalda al TC y a su sentencia, a la Constitución española que niega los derechos del pueblo catalán y, en última instancia, al Estado español.

La manifestación del pasado 10 de julio en Barcelona, organizada por Òmnium Cultural con el lema “Som una nació, nosaltres decicim” (“Somos una nación, nosotros decidimos”), marcó un punto de inflexión en la lucha por el autogobierno del pueblo catalán. Y no sólo por las reivindicaciones, sino también porque supuso el entierro (esperamos que) definitivo del autonomismo.

Esta manifestación, además, se enmarca en el surgimiento de un movimiento de base al calor de las últimas rondas de consultas sobre la independencia y la labor municipalista realizada por la izquierda independentista. Completamente desbordada por gritos y proclamas a favor de la independencia, y con una afluencia histórica cifrada en aproximadamente 1,5 millones de personas, la manifestación ha sido una de las movilizaciones de masas más importantes de los últimos tiempos. Hay que dar la relevancia que se merecen a los abucheos a los políticos y la indignación popular contra la instrumentalización de la manifestación, que junto con la magnitud de ésta obligó a los organizadores a deshacer la cabecera donde se encontraban los representantes políticos de los partidos parlamentarios, con Montilla, Benach y los expresidentes al frente. Dado el número de asistentes y la radicalidad de sus proclamas, es fácil pensar que buena parte de la sociedad catalana ha decidido enterrar el autonomismo y pensar que sólo puede decidir sobre su propio futuro rompiendo con el Estado español.

Lo mismo se puede decir del objetivo de la manifestación. Inicialmente fue pensada por la organización, en cierta medida, como un instrumento de presión sobre el Estado español en respuesta a la sentencia del TC. Por su parte, los partidos parlamentarios tenían por objetivo intentar apropiarse de la asistencia de manifestantes de cara a los medios. El resultado, sin embargo, fue un clamor popular que fue más allá del carácter autonomista de CiU y PSC e, incluso, del tímido independentismo pactista y social-liberal de ERC.

Se visibiliza así el malestar contra estos ‘dirigentes políticos’ que, a pesar de no cuestionar el marco constitucional español, dicen hacer suyos los objetivos de la manifestación. Esta contradicción interna en clave electoralista es visiblemente insostenible y, cada vez más, tiene su respuesta. Muy ilustrativa es la frase de Duran i Lleida, quien defendía que los partidos parlamentarios articulasen una respuesta unitaria de cara a la sentencia del TC para evitar que la manifestación se convirtiera “en un aquelarre independentista”. Los manifestantes no asistieron a defender un Estatut que seguía estirando la cuerda en el marco del modelo autonomista resultante de la Constitución española. Lo del 10 de julio fue un estallido la rabia al ver una nueva negación por parte del Estado español a que el pueblo catalán tome las riendas de su propio futuro.

Esta movilización surge al calor de los últimos movimientos de la izquierda independentista, abonada por los años de espera de la sentencia del TC y florecida a raíz del contenido de la misma. En los últimos tiempos, muchos municipios catalanes han organizado referéndums sobre la independencia. Es importante intentar entender la relación de todo ello con la actual situación de contestación social ante los últimos ataques al Estatut y el crecimiento del descontento social con el autonomismo.

Los referéndums fueron pensados como instrumento de presión política, ya que no tienen ningún valor vinculante. Sin embargo, ayudan a fortalecer el trabajo de base de muchos ciudadanos que se han involucrado en su organización. Al mismo tiempo, incrementan la participación popular en un tema que tanto la requiere, como es la autodeterminación de los pueblos. Las consultas, iniciadas en Arenys de Munt a raíz de una moción diseñada por el Moviment Arenyenc Per l’Autodeterminació (MAPA) y presentada por la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) del municipio, comienzan a organizarse en todo el territorio catalán. La pregunta más habitual ha sido: “¿Está usted de acuerdo con que la nación catalana se convierta en un Estado de Derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?”. Esta pregunta ha adoptado diferentes variantes: unas veces con ‘Catalunya’ en lugar de ‘nación catalana’, otras sin incidir en el tema de la Unión Europea, etc., a decisión de cada asamblea organizadora.

Hay que destacar el acierto de hacer extensiva la consulta a todos los ciudadanos empadronados mayores de 16 años. Como inciso, hay que dejar claro que la pregunta, que a priori parece muy inocente, esconde mucho detrás. La fórmula “Estado de Derecho, democrático y social” recuerda al lenguaje del Estado burgués y no anuncia una ruptura con lo que está detrás (la clase dominante). “Integrado en la Unión Europea” no hace más que reafirmar la voluntad de pertenecer a la unión de Estados que aplican políticas neoliberales, atacar a los inmigrantes y recortar los derechos de los ciudadanos y trabajadores. Especialmente ahora, cuando la crisis capitalista nos hace pagar los platos rotos a la clase trabajadora y cuando la Unión Europea recoge el savoir-faire (sic.) del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a la hora de aplicar políticas de shock económico –las que esconden una capa de supuesto rescate económico con el eufemismo de ‘políticas de reestructuración’ y hacen creer que se trata de decisiones científicas en lugar de ideológicas– en países como Grecia y el mismo Estado español. Por tanto, la pregunta no es inocente y, aunque no es el tema más importante, es un claro indicador de por dónde van los tiros.

En definitiva, como resultados totales después de cuatro rondas de consultas, más de medio millón de personas han ejercido su derecho a voto, con un 93,3% de votos a favor de la independencia. El porcentaje de participación de mayores de 16 años en todos los pueblos, villas y ciudades donde se han realizado consultas es de un 20,5%. En muchos casos, el nivel de participación supera al del referéndum de la Constitución Europea, por ejemplo.

Aunque algunos representantes institucionales y figuras públicas han intentado aprovechar el tirón mediático de las consultas para hacer un ejercicio de cinismo y oportunismo político insultante, el éxito de las consultas sobre la independencia surge de la labor realizada por las asambleas municipales de base. Formadas por vecinos, movimientos sociales y diferentes asociaciones de cada municipio, las asambleas han hecho un trabajo de base que representa un gran paso adelante en la participación política, en esta organización popular desde abajo que hace falta para emprender el camino político de decidir nuestro futuro. Este espíritu es lo que vivimos en la manifestación: la voluntad del pueblo de decir basta y decidir por sí mismo, sin injerencias de otro Estado y sin las proclamas vacías de los partidos parlamentarios detrás.

El papel de las CUP también ha sido muy relevante para el resurgimiento de esta cultura municipalista y assamblearista que tan buen trabajo ha hecho durante los últimos años en muchos consistorios catalanes. Las CUP han hecho un esfuerzo muy importante respecto la organización de los referéndums sobre la independencia, han aportado su visión a las asambleas de cada municipio y han apostado por un independentismo desde abajo a la izquierda. Las CUP, que son un proyecto independentista, municipalista, asambleario y de clase, han defendido posturas tanto desde una óptica social (como la no inclusión de la Unión Europea en la pregunta propuesta en los referéndums) como desde el punto de vista nacional (en muchos casos se defendía hablar de ‘Països Catalans’, ante la ambigüedad de los términos ‘nación catalana’).

Es de agradecer la apuesta de la izquierda independentista por el municipalismo asamblearista, y hay que valorar muy positivamente el trabajo de las CUP y todos aquellos que han participado en esta gran tarea de organización asamblearia. Este debe ser el modelo a defender como camino para la autodeterminación. Es necesaria la movilización popular y masiva, una tarea de base que es la única que nos puede permitir romper con la legislación española y el marco constitucional, frente a posturas que defienden una negociación bilateral entre la Generalitat y el Estado español, o incluso una declaración unilateral de independencia formulada por el parlamento catalán.

¿Cuál debe ser la posición de la izquierda revolucionaria y las fuerzas anticapitalistas ante este proceso? ¿Cuál puede ser nuestro papel en este momento de movilización que parece que no tiene freno? Este es un debate pendiente en las organizaciones anticapitalistas y requiere de una mayor concreción. Por supuesto, tenemos que defender, como hemos hecho siempre, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y, en este momento, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora respecto la enésima negación del derecho a decidir nuestro propio futuro por parte del Estado español en forma de sentencia sobre el Estatut y el clima de indignación popular de un pueblo que quiere gobernarse a sí mismo, esto pasa por defender una ruptura con el Estado español basada en la movilización popular y el trabajo conjunto de la izquierda independentista, las fuerzas anticapitalistas, las asambleas de base y los movimientos sociales.

Probablemente, este razonamiento abrirá los debates de siempre, y eso es muy deseable. Nunca hasta ahora se había situado la balanza tanto del lado de la independencia y no se habían mostrado más fallidos los posibilismos de encajar en el Estado Español.

Si aceptamos esto, debemos tener claro que el camino que vendrá estará lleno de viejos (y nuevos) debates que como marxistas consideramos muy importantes y sobre los que nos tendremos que posicionar: ¿Debemos confiar en los partidos parlamentarios como elementos emancipadores del pueblo catalán, o debe ser la voluntad popular la que tenga la capacidad de decidir? ¿Es la Unión Europea del capital y la guerra un buen marco para un posible Estado Catalán? Y, lo que queda tal vez más lejos, pero que es de vital importancia: ¿Debemos construir un Estado burgués, o es necesario que la clase trabajadora tome el poder y acabe con el capitalismo?

Es crucial trabajar para conseguir que este movimiento de base que ha surgido en torno a las consultas y se ha visto espoleado por la manifestación de Barcelona siga trabajando desde abajo a la izquierda y, ahora más que nunca, en este momento de crisis sistémica del capitalismo, incorpore entre sus objetivos el logro de la justicia social y la superación del capitalismo.

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