Absténgase si no tiene experiencia
Una de nuestras actitudes que más han favorecido la expansión del paramilitarismo es el habernos dedicado tanto tiempo a Colombia, olvidando que las causas actuales del conflicto no son internas sino externas. Es verdad que Uribe y Estados Unidos se tienen bien ganados los millones de litros de tinta de imprenta invertidos en demostrar su complicidad con los paramilitares, pero unas cuantas gotas también debieron destinarse a investigar el apoyo recibido por la organización criminal más allá de la frontera colombiana.
Currículum no, antecedentes
Desde el año pasado, varios centenares de paramilitares fogueados en la lucha armada, están siendo reclutados por la CIA “para trabajar en operaciones de inteligencia de Estados Unidos en actividades políticas en el extranjero bajo peligrosos entornos”, según reza un aviso ampliamente publicitado en medios internacionales. Extrañamente, la singular oferta de trabajo no fue condenada de manera unánime por los gobiernos de América Latina, ni por la OEA, ni por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque las condiciones exigidas a los aspirantes hablan a gritos: “Experiencia en combate con armas (tierra, aire, o mar). Haber realizado viajes al extranjero, dominio de lenguas extranjeras, experiencia en operaciones militares de guerra psicológica, operaciones de información, comunicaciones, negocios, y contrainteligencia”.
Tiros de gracia, la mejor credencial
Básicamente, son los mismos requisitos exigidos por los grandes terratenientes a los paramilitares contratados para defender sus propiedades, atacar a los indígenas y campesinos, y efectuar operaciones de “limpieza social” en Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, Uruguay o Paraguay. Con respecto a Venezuela, su grado de eficiencia está más que probado en los estados Zulia, Apure, Portuguesa, Lara, Táchira, Mérida, Miranda, Monagas y Aragua, desde 2002, cuando fue promulgada la Ley de Tierras. “Todos los asesinados (186) han aparecido con tiros en la cabeza, y en algunos casos degollados. Suponemos que son paramilitares contratados por terratenientes”, conjetura Lesbia Solórzano, dirigente de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora.
Colombia, un mercado emergente
No hay ninguna diferencia con el “modus operandi” utilizado para comprometer a la población en políticas de control y autocontrol social, a través de acciones de terrorismo psicológico y ejecuciones “ejemplarizantes” como la del Táchira, donde recientemente fueron secuestrados y asesinados “ejemplarmente”, nueve residentes, la mayoría de ellos colombianos, lo cual demuestra que las decisiones de los paramilitares no se detienen en contemplaciones patrióticas. En general, la experiencia de los paramilitares –ya sea como narcotraficantes, sicarios, secuestradores o simplemente delincuentes comunes- está siendo cotizada a buen precio por el Estados Unidos en cualquier país, pero no cabe duda que los colombianos destacan por el número, trayectoria, espectacularidad y precisión de las ejecuciones. Todas tienen impreso un “sello” particular: el ensañamiento como mensaje intimidatorio, mediante el cual expresan el simbolismo de la política de “seguridad democrática” implantada por Estados Unidos en Colombia y transplantada a estratégicas regiones fronterizas.
La gran tenaza internacional
A la sombra de esta inexplicable subestimación del adversario común, en los últimos años ha surgido lo que ahora estamos obligados a llamar con toda propiedad paramilitarismo internacional. La modalidad se traduce en compromisos programados por la CIA, el FBI, la DEA y el Departamento de Estado, con círculos selectos de la política, la diplomacia y el empresariado en distintos países latinoamericanos y caribeños. Además –y ese es el núcleo de las denuncias- la estructura operativa se ha articulado rápidamente con dirigentes locales, terratenientes, sindicatos agrícolas, bloques de productores, cooperativas, movimientos sociales e indígenas; consorcios inmobiliarios, fundaciones, instituciones policiales y de seguridad, gobernaciones y alcaldías, hasta llegar finalmente al comercio informal, -su fachada más visible- lo cual tampoco es una casualidad.
Un humanitarismo deshumanizado
En casi todos los países de la región, el comercio informal es el escenario que más se adapta al perfil laboral de los paramilitares y de los casi tres millones de desplazados por la guerrilla, un problema que los gobiernos limítrofes tratan de resolver por medios legales y humanitarios. Pero, incluso, hasta el terrible drama de los refugiados ha servido para desarrollar impunemente la expansión paramilitar. En marzo de 2009, en una reunión del Consejo de la Defensa de la Nación (Secodena) con funcionarios de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, fue reportada la permanencia ilegal en Venezuela de paramilitares (fuentes del organismo estiman que son miles) a los cuales la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) negó la condición de refugiados por estar incursos en “crímenes de guerra” y otros delitos contemplados en el artículo 9 de la Ley que rige esa materia.
Impunidad sin fronteras
Sin embargo, los irregulares rechazados insisten en obtener estatus legal. En las oficinas de la Conare en Apure, Táchira, Zulia y el Distrito Capital, “Se ha venido incrementando la solicitud de refugio por parte de ciudadanos colombianos, cuyos solicitantes se declaran paramilitares”, expresa el informe. El informe de la DEA -que involucra a la CIA y Estados Unidos en planes contra Venezuela, Ecuador y Cuba- entregado por el ministro del Interior Tarek El Aissami a la Asamblea Nacional, es un eslabón más de la escalada desestabilizadora. La conspiración, asumida triangularmente, tal y como está planteada, es un excelente punto de partida para recuperar el terreno que la habitual cortesía diplomática de América Latina le ha cedido al terrorismo de Estado norteamericano.
raulpineda47@gmail.com
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