En medio de la profunda crisis económica mundial, del cuestionamiento al neoliberalismo y frente al galopante desempleo mundial, el gobierno de Martín Torrijos, con el aval de Ricardo Martinelli, retoman la imposición del tratado de libre comercio (TLC), mal llamado TPC, con los Estados Unidos.
Tenemos que recordar que en el 2007 los Diputados aprobaron el TLC con Estados Unidos a pesar del rechazo de diversos sectores sociales, por las consecuencias que el mismo provoca sobre la base productiva del país, la pérdida e inestabilidad de los puestos de trabajo y la entrega de la biodiversidad. Además, una vez aprobado por la parte panameña, el ex-presidente George Bush exigió ajuste en materia laboral y ambiental, ajustes que nunca fueron dados a conocer pero si acatados.
El hoy presidente Obama exige más ajustes, esta vez en materia laboral y tributación internacional. Se trata, según voceros estadounidenses, de adecuar el TLC a la nueva visón: “Estados Unidos necesita un nuevo marco comercial que reconozca que el intercambio de mercancías es esencial para la prosperidad del país”. Se trata de un ajuste en la política hacia el hemisferio en términos que “es imperativo enviar señales de apoyo a sus aliados políticos en la región (Panamá y Colombia) en vez de ceder a las presiones de los sindicatos norteamericanos”. Al parecer intentan fortalecer el control comercial norteamericano en la región frente a proyectos como el ALBA (política económica alternativa al neoliberalismo).
Estas condicionantes, en materia laboral, se refieren de manera concreta a derechos laborales y de libertad sindical para lo cual Panamá deberá introducir algunas modificaciones al Código de Trabajo.
Ciertamente Panamá es uno de los países de la región donde se violan los derechos laborales y la libertad sindical. Durante este Gobierno del PRD se asesinaron tres obreros, se arrestaron a miles, heridos a cientos; mientras en cuarteles convertidos en tribunales amañados de justicia, se condenaron a otros cientos a pagar elevadas multas. Aquí empresarios y autoridades fomentan el sicariato, la impunidad, el sindicalismo amarillo, se incumplen las normas de salud y seguridad laboral, se niega el derecho a huelga y sindicación a vastos sectores de trabajadores (Canal, banca, Zona Libre de Colón, educadores, médicos, empleados públicos, corredores, etc.), se niegan aumentos salariales y un salario mínimo justo e igual a nivel nacional; se persigue, reprime y avasalla a los sectores en lucha por sus reivindicaciones.
Pero cada vez que se abre el compás para modificar el Código de Trabajo, los resultados son mayor flexibilidad laboral y desconocimiento de los derechos laborales como ocurrió con las reformas impuestas a sangre y fuego en 1995 por el Gobierno del PRD de Ernesto Pérez Balladares (del cual formaron parte tanto Torrijos como Martinelli), avaladas por la seudo dirigencia de CONATO, al igual que avalaron públicamente el TLC con Estados Unidos, en comunicado conjunto con los gremios empresariales y antiobreros como CONEP, Cámara de Comercio y APEDE.
Como patriotas rechazamos imposiciones foráneas y menos para con ellas lograr la aprobación de un tratado que es totalmente contrario a los intereses nacionales y populares. Por estas razones, llamamos a los trabajadores panameños a declararnos en estado de alerta frente a estas nuevas amenazas de reformar el Código de Trabajo, cuya intención es abrirle paso al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
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