Escuela de las Américas en Panamá
El Consejo de Gabinete aprobó unánimemente, el proyecto de ley 019-09 -ley de ‘sapería’ o de espionaje masivo-, que es una flagrante violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Política de la República de Panamá, al pretender vigilar permanentemente las comunicaciones por teléfono, Internet y correo electrónico. El Artículo 29 de la Constitución Política de la República de Panamá expresa:
“La correspondencia y demás documentos privados son inviolables (…)”.
Con esto, se pone de manifiesto la mentalidad retrógrada de los integrantes de ese Consejo. En ‘Panamá: Medios de desinformación’
http://www.kaosenlared.net/noticia/panama-medios-desinformacion
señalé que “Juan Carlos Varela es miembro del Opus Dei, al igual que Lucy Molinar”.
Según pude conocer, el viceministro de Salud también pertenece al Opus Dei. ¿Hay más integrantes de la administración Martinelli que son miembros del Opus Dei?
Como expresa Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz:
“En América Latina tenemos una larga y dolorosa historia de dictaduras militares y complicidades de jerarquías eclesiásticas, que estuvieron al servicio de la opresión y fueron cómplices de la muerte y desaparición de personas, de torturas, para imponer el terrorismo de Estado”.
El gobierno de Martín Torrijos aprobó los decretos-ley de seguridad, que legalizan el terrorismo de Estado al servicio del imperialismo yanqui-. En ese momento, José Raúl Mulino protestó por ello y Martinelli se comprometió en derogarlos. Ahora, como ministro de Gobierno y Justicia, Mulino dijo que “el Gobierno no va a co-gobernar con la sociedad civil (…)”.
Con estas palabras, el ministro Mulino nos está dando a entender que los ciudadanos no estamos calificados para tomar parte en la discusión de proyectos que van a afectar a toda la sociedad, limitando la discusión al marco de la Asamblea Nacional de Diputados, la de peor percepción de corrupción y sometida a la aplanadora que tiene la administración Martinelli en ella. Además, el ministro Mulino ignora la Carta Democrática Interamericana que expresa:
“La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.
¡Hay que ser demócrata por convicción y no por conveniencia, ministro Mulino!
¿Cuál es el interés en excluir a la población de la discusión del proyecto de ley de ‘sapería’? ¿Por qué la premura? ¿Para que el ciudadano no se percate de que perderá toda su privacidad, si se aprueba el proyecto de espionaje masivo? ¿Siguiendo los consejos de Milton Friedman?
Milton Friedman -el gurú del neoliberalismo, fallecido el 16 de noviembre de 2006-, era del criterio de que cuando una crisis -real o percibida- tiene lugar, debe actuarse rápidamente, antes de que la sociedad afectada vuelva a colocarse en lo que Friedman llamaba “tiranía del statu quo”. Eso lo aprendió cuando era asesor del dictador Augusto Pinochet.
¿Qué hay detrás de este proyecto de ley de ‘sapería’?
Además de que el gobierno de Ricardo Martinelli pretende montar un aparato que le permita reprimir las protestas populares que se producirán cuando profundice la aplicación de las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, detrás de este proyecto de ley se encuentra el gobierno de Estados Unidos.
En la trascripción taquigráfica de la sesión de la Cámara de Senadores de Argentina del 8 de junio de 2004, puede leerse:
“Los hechos de la causa son los siguientes: el 25 de setiembre de 2001, entre la empresa americana ChoicePoint y el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos se celebró un contrato según el cual esta empresa, por un precio de 11 millones de dólares, se comprometió a proveer acceso -dialing and control Internet access- a registros de datos personales de ciudadanos norteamericanos y de países latinoamericanos, entre los cuales se encontraba la Argentina”.
ChoicePoint, Inc. es una compañía estadounidense que compila información personal -nombre, número de Seguridad Social, fecha de nacimiento, historial de crédito, etc.- y la vende.
ChoicePoint ha sido acusada de haber comprado el padrón electoral de dos países-México y Colombia- y haber obtenido información personal de diferentes organismos oficiales -en Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela-, y venderla a dependencias gubernamentales de EEUU para ser utilizada con fines policíacos.
En 2005, ChoicePoint reconoció que la información personal de más de 163 mil consumidores se puso en peligro. Debido a la violación de sus normas de seguridad informática, se produjeron ochocientos casos de robo de identidad, como mínimo.
En 2006, la Comisión Federal de Comercio -Federal Trade Commission (FTC), la agencia nacional norteamericana de protección del consumidor-, investigó la violación de normas de seguridad informática de ChoicePoint, la cual fue sancionada a pagar cinco millones de dólares que serán utilizados para reintegrar dinero a aquellos consumidores que tuvieron que incurrir en gastos relacionados con el robo de su identidad (http://www.ftc.gov/opa/2006/01/choicepoint.htm).
El proyecto de ley de ‘sapería’ o de espionaje masivo es un paso más hacia el restablecimiento de la tristemente célebre Doctrina de Seguridad Nacional, concepto utilizado para definir las ideas de EEUU de que las fuerzas armadas latinoamericanas se dedicaran a garantizar el orden interno. Con el pretexto de combatir el comunismo, se pretendió darle legitimidad a la toma del poder por los militares y la violación sistemática de los derechos humanos.
Entre las conclusiones de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano -realizada en 1979, bajo la guía de S.S. Juan Pablo II-, se encuentra:
“En los últimos años se afianza en nuestro continente la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, que es, de hecho, más una ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado modelo económico-político, de características elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas. Pretende incluso justificarse en ciertos países de América Latina como doctrina defensora de la civilización occidental cristiana. Desarrolla un sistema represivo, en concordancia con su concepto de ‘guerra permanente’. En algunos casos expresa una clara intencionalidad de protagonismo geopolítico. (...)”.
La Escuela de las Américas fue el centro de educación militar desde donde se difundió la Doctrina de la Seguridad Nacional. Radicó en Panamá hasta 1984, cuando fue trasladada a Fort Benning, EEUU.
Como nos dice José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos:
“Ciertamente, debemos dar prioridad a los problemas sociales y económicos que afectan a nuestros pueblos, que están en la base de muchos problemas de seguridad. Pero, decir que estas materias amenazan nuestra seguridad es un uso que además de amplio e indebido, arriesga llevarnos a reediciones de la Doctrina de Seguridad Nacional que tantos daños causó a la democracia en las últimas décadas del siglo pasado, sirviendo para justificar las peores dictaduras que recuerda nuestra historia”.
El proyecto de ley de ‘sapería’ o de espionaje masivo vulnera varias normas internacionales en materia de privacidad, entre ellas los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Grupo de Manejo del Comercio Electrónico del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico
http://www.apec.org/apec/apec_groups/som_special_task_groups/electronic_commerce.html#data
Estos lineamientos se basaron en la recomendación de la OCDE sobre las directrices por las que se rige la protección de la privacidad y los flujos internacionales de datos personales
http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
Cuando el CIPL (Center for Information Policy Leadership) de EEUU invitó a Visa y otras empresas del sector, a discutir cómo la información registrada en las tarjetas de crédito podría ser empleada para combatir el terrorismo, todas las compañías le respondieron al CIPL que eso sólo podría hacerse si se flexibilizaban las leyes que protegen la privacidad de la información.
Además, no podemos ignorar que sería un negocio millonario para aquéllos que obtuviesen los contratos para suministrar el equipamiento necesario. El pueblo sería quien tendría que pagar los gastos en que se incurriría por implementar este engendro. O sea, ¡tendríamos que pagar para que el Gobierno nos espiase!
De ser aprobado, el Estado panameño será demandado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya que vulnera los derechos de nacionales y extranjeros.
Debemos manifestarnos en contra del proyecto de ley de ‘sapería’ o de espionaje masivo.
Como nos dice Benjamin Franklin:
“Quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad”.
castroeducacion@yahoo.es
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