El año que culmina fue particularmente duro para los sectores populares. Fue un año de imposiciones de medidas antipopulares dirigidas a criminalizar la protesta social y hacer que recaigan sobre los pobres perversas políticas económicas.
Así, a costa de una fuerte represión y de cientos de arrestos de ciudadanos, principalmente obreros de la construcción, se impuso la Ley Carcelazo, la Ley Pinchazo y el 7% de ITBMS.
El costo de la vida siguió incrementándose de forma desmedida, mientras los salarios siguen estancados.
Se impuso el proyecto de transformación curricular, pese a las voces críticas de los educadores que con argumentos científicos sustentaron sus oposiciones. Continuó la caótica situación de los colegios públicos del país.
Han proseguido los proyectos depredadores del ambiente que afectan principalmente comunidades indígenas y campesinas. Se violentó la autonomía de nuestros pueblos originarios al imponerse elecciones para escoger sus dirigentes tradicionales, las cuales fueron rechazadas por más del 80% de la población.
Grupos como los envenenados con dietilenglicol, los jubilados y pensionados; los pacientes de enfermedades crónicas y los del bus incendiado en La Cresta, han seguido sus luchas en las calles ante el incumplimiento de promesas electorales.
El clima de inseguridad ciudadana se mantiene a pesar de la engañosa y costosa publicidad gubernamental.
El pueblo desafía las leyes injustas y las amenazas y sigue luchando.
El caso ejemplar que logró ponerle un alto a la ofensiva anti obrera y antipopular fue la gesta contra la Ley 30 o Ley Chorizo, principalmente el sacrificio del pueblo de Bocas del Toro con sus más de 10 muertos (la mitad niños), más de 700 heridos (70 ciegos total o parcialmente) y centenares de detenidos.
La Ley 30 se derogó, se recuperaron el derecho a Huelga, la cuota sindical, las convenciones colectivas, los estudios de impacto ambiental, pero queda aún pendiente brindarle Justicia real a los mártires y justa indemnización a sus familiares y a las demás víctimas de lo que se conoce como la Masacre de Bocas del Toro.
El terrorismo judicial se acentuó, prueba de ello son los expedientes amañados levantados contra 17 dirigentes populares, en su mayoría de FRENADESO, y la cacería que se desató a raíz de esta aberración jurídica.
En medio de este cuadro, los políticos corruptos en el poder roban a manos llenas con las denominadas compras directas y los sobre costos que implican los llamados mega proyectos.
Mientras tanto, el Gobierno de Martinelli se ha convertido en el hazme reír del escenario internacional, cada vez más aislado por su ignorancia en materia de política exterior y sus alianzas con los sectores más atrasados, lo que pone en aprietos la seguridad y la paz nacional.
Un año más de corrupción y mentiras que ha logrado abrirles los ojos a muchos de lo que se creyeron el cuento del cambio. Un año de violaciones a los derechos humanos y a las garantías fundamentales de los panameños, de desprecio a la libertad de expresión y a los grupos organizados; de asalto y control de las instituciones y los órganos del Estado por parte del Ejecutivo; donde Ricardo Martinelli ha seguido adelante con su proyecto autoritario.
Por ello, es importante en esta fase del año renovar nuestro compromiso de lucha y lograr en el 2011 forjar el instrumento político electoral de los sectores populares que desafíe así el control que han venido ejerciendo los partidos políticos de la clase dominante.
Editorial de La Voz del SUNTRACS, diciembre de 2010. Bájelo aquí:
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