A dos meses del segundo desalojo y destrucción de viviendas en la comunidad de San San Druy, los abogados Julio Berríos y Rafael Benavides interpusieron una querella penal por el delito de abuso de autoridad e infracción de deberes de los servidores públicos, contra el Gobernador de la Provincia de Bocas del Toro, Simón Becker, y el Jefe de la Zona Policial, el Sub-Comisionado Didier De Gracia.
La denuncia fue presentada el 19 de enero en el Ministerio Público de la Ciudad de David, Provincia de Chiriquí, por las dirigentes nasos Lupita Vargas y Emilia Gamarra.
El 19 de noviembre de 2008 maquinaria de la Empresa Ganadera Bocas destruyó las casas y cultivos de los nasos, ubicados dentro de unas 200 hectáreas disputadas por Mario Guardia, propietario de la ganadera. Durante la acción, dirigida por Becker y De Gracia, unos 150 policías antimotines lanzaron más de 300 bombas lacrimógenas contra unas 30 familias, niños y ancianos.
Los demandantes solicitan la apertura de una investigación criminal, la separación del cargo de los altos funcionarios, así como el reconocimiento de sus derechos como afectados contemplados en la Ley 31 de 1998 de Protección a las Víctimas del Delito.
El 13 de noviembre de 2008, ante la amenaza verbal y sin proceso legal abierto, el abogado Rafael Benavides presentó una Advertencia de Ilegalidad contra la posible actuación del Gobernador Becker. No obstante, seis días después procedió con el desalojo a pesar del recurso legal.
El primer desalojo tuvo lugar el 30 de marzo de 2008, desde entonces los nasos esperan que el Estado medie en este conflicto en el que esta en juego su existencia como pueblo.
Hace 10 meses, decenas de niños, ancianos y adultos se encuentran hacinados en las viviendas que quedan del otro lado del río San San, también amenazadas por la ganadera, sin acceso a agua potable, sin servicios sanitarios, sin posibilidad de cultivar sus tierras y sitiados por los seguridad de la ganadera.
NOTA: este jueves 26 de enero, a las 9:30am, dirigentes nasos realizarán nuevas denuncias en conferencia de prensa en la Defensoría del Pueblo.
27.01.2010
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