Descuidos, supuestas consultas y no respuestas en gestión pública
Genaro López
rologe54@yahoo.com
En memoria de Luis Felicó, obrero de la construcción afiliado al SUNTRACS, quien murió el pasado 21 de agosto, ante la irresponsabilidad empresarial y la negligencia del Ministerio de Trabajo en hacer cumplir las leyes de Salud y Seguridad Laboral.
Las irresponsabilidades de la gestión gubernamental siguen a flor de piel. Tres ejemplos de ello lo constituyen el caso ambiental, la remilitarización y las constantes faltas de respuesta a las demandas sociales del pueblo panameño.
Esta semana se conoció el “descuido” del presidente Martín Torrijos quien sancionó la Ley 55 que incluye la derogatoria del artículo 11 de la conocida Ley Coiba (Ley 44), que permite usar redes de cerco para pescar atún en un área protegida (Isla Coiba). Obviamente, ante la denuncia de grupos ambientalistas y diversos sectores de la sociedad, el presidente se comprometió a corregir su descuido, pero llama la atención que en las supuestas modificaciones, uno de sus vicepresidentes, Rubén Arosemena, esté gestando la pesca de atún con redes de cerco (por vía de la excepción) en el Pacífico. Frente a ello, los panameños nos preguntamos si realmente fue un descuido presidencial o si hay intereses ocultos tras el proyecto. Son conocidos los grandes intereses económicos que desde el 2004 vienen impulsando este proceso con el aval de altos personeros del actual gobierno.
El otro caso es la aprobación a tambor batiente de las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y del SPI, a través de los llamados poderes especiales. Estos proyectos, además de otorgarle la potestad al presidente para nombrar militares al frente de la Policía y del SPI, se constituyen en un mecanismo de persecución contra el movimiento social panameño. La desfachatez del presidente para justificar la Ley de la Policía quedó evidenciada al sentar como punto relevante que “quedaron atrás los días cuando le faltaban el respeto y les llamaban maricas”; es decir, no se trata de brindar seguridad a la ciudadanía, sino de recobrar el espíritu de gorilas que prevalecía en los militares con el noriegato. A su vez, la supuesta consulta a la sociedad demostró una vez más lo falaz de las acciones gubernamentales, en la medida en que los dos proyectos convertidos en ley incorporan articulados cuestionados por los diversos sectores de la población. Además, se pretende seguir con la pantomima, ahora a través de la Asamblea de Diputados, la cual se prepara para imponer la creación del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, versión modernizada del antiguo G-2.
No podemos pasar por alto las maniobras conjuntas que lleva adelante EEUU en el marco de la Iniciativa de Mérida. En este sentido, se estuvieron realizando los ejercicios aeronavales Panamax 2008 en el Canal, bajo el pretexto de protegerlo frente a un ataque terrorista y del narcotráfico. Estas maniobras obviamente, al igual que las llamadas leyes de “seguridad ciudadana”, responden a la política de control hegemónico de EEUU en la Región.
En esta misma falta de responsabilidad del gobierno, Torrijos, una vez más, como ha sido característico en su gestión de gobierno, no dio respuesta a las 15 demandas formuladas por la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, entregadas el día de la multitudinaria marcha nacional. El grado de irrespeto y desidia frente a los problemas del pueblo quedó manifiesto en las palabras del vocero presidencial, quien argumentó como excusa “la burocracia estatal”.
Es evidente, entonces, que Torrijos y el PRD han optado por la confrontación y en su desesperación por restarle fuerza a la Coordinadora de Lucha, han entregado algunos beneficios de carácter temporal a los empleados públicos que son insuficientes frente a la dimensión de la crisis económica y social; igualmente ha entregado becas de $500 mensuales a transportistas, para dividir al poderoso Movimiento de Bases Transportistas y Usuarios, lo cual ha despertado airadas críticas, pues juega con el erario con fines electoreros.
Además, ha enviado a la cúpula de CONATO a negociar un supuesto aumento salarial, lo cual ha sido aprovechado por el sector empresarial para plantear nuevas reformas laborales o un Código de Trabajo paralelo que buscaría imponer peores condiciones de trabajo y mayor flexibilidad laboral. Paralelo a ello, se inicia la persecución contra miembros de organizaciones que forman parte de la Coordinadora. Tal es el caso de los despidos injustificados a funcionarios de la CSS. Como se expresó en nuestro pliego de las 15 demandas, dirigido a Torrijos: “En usted cabe la responsabilidad de atender estas demandas legítimas del pueblo”. Ante la falta de respuesta nos preparamos para la siguiente acción, la huelga nacional de advertencia.
El autor es Secretario General del SUNTRACS y miembro de la Dirección Nacional de FRENADESO.
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