LAS imágenes a las que ha tenido acceso este diario relativas a la 'reducción' de un joven por parte de varios vigilantes de seguridad del Centro Marcelo Nessi de Badajoz han convertido la primicia de HOY en un auténtico debate nacional. Ninguno de los jóvenes a los que la Justicia envía al centro Marcelo Nessi van allí por su buena conducta, ni a pasar una temporada en un campamento de convivencia. Ninguno de ellos posiblemente pueda ser considerado tampoco un 'angelito'. Sin embargo, su condición de internos no puede afectar a la dignidad de su persona ni les despoja del derecho a ser tratados de forma que no resulte humillante o violenta. Es verdad que la reglamentación de todos los centros de menores prevé una serie de actuaciones en los casos de mala conducta que va más allá de las buenas palabras y las invitaciones al diálogo. Ocurre que la actuación de los vigilantes de seguridad, claramente reflejada en el vídeo, revela un exceso de violencia más próximo a lo que se considera una paliza que a una simple 'reducción' o 'contención'.
Sentados esos extremos, habría que afrontar el debate sin caer en la demagogia o en algo tal vez más peligroso: la hipocresía social. Muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras por esta aparente violencia desproporcionada están convencidos en su fuero interno de que esa es la única forma de tratar a quien previamente ha demostrado conductas antisociales y que han ingresado ahí en lugar de en una prisión simplemente por la fecha de nacimiento que figura en su DNI. Pero, de dar pábulo a esa hipótesis, ningún centro de menores tendría sentido de ser. Las normas obligan a todos. A internos y a vigilantes.
Parece obvio que en este desgraciado suceso alguien se ha excedido. Y no solamente quienes han usado de una violencia abusiva, sino quienes, desde el mismo centro, han hecho posible que la grabación de esas conductas trascienda del ámbito interno a un medio de comunicación y no a la fiscal competente, quien de hecho reconoce que no había visto las imágenes hasta que HOY las emitió a través de su edición digital. De no haberse conocido el contenido de dicha grabación, quizás el episodio hubiera pasado desapercibido para las autoridades judiciales y para la opinión pública, pues no parece lógico que el centro, conociendo lo ocurrido, no pusiera la principal prueba en manos de la Justicia. Únicamente falta exigir responsabilidades. Y confiar en que este caso sirva, al menos, para disolver la sensación de impunidad (tanto de internos como de vigilantes) que se adivina detrás de la convivencia en un centro destinado, legalmente, a la reeducación y resocialización de menores delincuentes.
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