El Pacto de Toledo opta por ampliar a 20 años el cálculo de las pensiones
La medida, que será consensuada por todos los grupos, supondrá un recorte del 4% de la prestación
Trabajo remitirá en las próximas semanas el borrador del texto que será aprobado en 2010
Tras siete años analizando estudios, y haber escuchado a expertos y agentes implicados para renovar el Pacto de Toledo que garantice la sostenibilidad del sistema público de la Seguridad Social, el Grupo Socialista ha optado, según confirmaron a El Economista fuentes de la Comisión parlamentaria, a ampliar el cálculo de la pensión a 20 años y no a toda la vida laboral como barajaban hasta principios de este mismo año.
Esta ampliación será gradual y en más de una legislatura, explicó Isabel López i Chamosa, portavoz socialista de la Comisión del Pacto de Toledo, quien también confirmó que el Ministerio de Trabajo enviará en las próximas semanas el borrador sobre el que la Comisión comenzará a trabajar para que la renovación esté aprobada en 2010.
Una de las principales recomendaciones del Pacto de Toledo, firmado en 1995 y renovado en 2002, era hacer más contributivo el sistema. Esta meta ha suscitado todo tipo de posibilidades, que iban en la misma dirección: ampliar el cómputo de años cotizados para fijar la pensión.
Sin embargo, todos los estudios elaborados concluían que la prestación quedaría mermada en más del 20 por ciento en comparación con su valor actual. Para no penalizar tanto a la pensión, la decisión se iría adoptando de forma paulatina a lo largo del tiempo partiendo de los 15 años actuales.
En los cajones del Ministerio de Trabajo había un estudio, conocido hace dos años, en el que se concluía que ampliando este cómputo de los 15 años actuales a los 20, la pérdida de la cuantía de la pensión sería del 4 por ciento. Ahora es el periodo de 20 años el que, con toda probabilidad, figurará en el borrador que enviará Trabajo a la Comisión no permanente del Pacto de Toledo.
Cabe recordar que hace dos años, en la presentación de la "Muestra continua de vidas laborales", una de las responsables de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Almudena Guzmán, se refirió, por primera vez a la ampliación en cinco años del cómputo. Guzmán aseguró que a una "cuarta parte de los trabajadores les vendría bien ampliar los años de referencia", dado que cotizan por las bases más bajas y se beneficiarían de la pensión mínima. Sin embargo, prácticamente las tres cuartas partes de los trabajadores se verían perjudicados al cotizar por bases medias-altas. No obstante, el colectivo más afectado sería el de los trabajadores autónomos, que perderían un 5,9 por ciento de su pensión de ampliarse el periodo de cómputo. Es por este motivo, por el que la pasada semana el presidente de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), Lorenzo Amor, dijo ante los diputados de la Comisión del Pacto de Toledo que "cabría contemplar" que, mientras se aumentan progresivamente los años para el cálculo de la pensión, "cupiese la posibilidad de seleccionar durante esa transición las mejores etapas de cotización y las menores para establecer equidad entre los cotizantes en su pensión resultante".
Esta idea, seleccionar por ejemplo los 15 mejores años y los peores 5 años de la vida laboral, parece que satisface tanto al actual Gobierno como a la mayoría de los grupos parlamentarios. Por ello, se buscará el consenso entre esta fórmula o la de que se tome como referencia los últimos 20 años cotizados.
Una de las razones que ha hecho cambiar la opción de ampliar a toda la vida laboral es el cambio que se está produciendo en el mercado laboral. Los trabajadores con más edad están siendo expulsados antes de cumplir los 65 años. Los expedientes de regulación de empleo (ERE) o programas de bajas incentivadas se dirigen a personas con más de 50 años para realizar los ajustes de plantilla. Con ello, se penalizaría doblemente a estos trabajadores, al tener que adelantar su edad de jubilación y ampliar el periodo de cómputo.
Como recordaba recientemente el portavoz del PP en la comisión, Tomás Burgos, lo que se decida debe ser "equilibrado", ya que se trata de no perjudicar a quienes se incorporan al mercado de trabajo y empiezan a cotizar ni a quienes están a punto de jubilarse.
Otras novedades que incorporará se refiere a la pensión de viudedad. Cada vez se escucha con más fuerza que dicha prestación no sea vitalicia y que llegue sólo a las personas con recursos escasos.
Exlíderes de PP, PSOE y CCOO animan a alargar la vida laboral
Rato sostiene que las pensiones serán deficitarias en 15 añosLa idea no es nueva, pero resulta llamativo que la diversa trayectoria de sus partidarios no les haya impedido coincidir en diagnosticar que existe una necesidad imperiosa de que los trabajadores españoles alarguen su vida laboral. Así lo defendieron ayer un grupo de expertos impulsado por la patronal de las aseguradoras, Unespa, y formado por exdirigentes del PP (Rodrigo Rato y Juan Chozas), del PSOE (Juan Manuel Eguiagaray), y CCOO (José María Fidalgo), además de académicos (Xavier Sala i Martín y Víctor Pérez Díaz) y la propia presidenta de la patronal aseguradora (Pilar González de Frutos).
Rato, exvicepresidente económico, exdirector gerente del FMI y próximo presidente de Caja Madrid, advirtió de que el sistema de pensiones entrará en déficit estructural en 15 años, lo que hace necesarias «reformas con cierta urgencia». Pérez adelantó la fecha al 2022 y añadió que en la década de los 30 estará en «grave crisis».
El grupo no defiende retrasar la edad legal de jubilación (65 años) sino la efectiva (63,5 años) mediante incentivos para mantener a los trabajadores de más de 50 años y penalizaciones a fórmulas como las jubilaciones anticipadas. «Hay que desincentivar de manera decisiva las jubilaciones masivas y el uso de fondos públicos en las prejubilaciones», sostuvo Rato.
Los expertos creen que el Pacto de Toledo sobre el futuro de las pensiones fue un buen instrumento, pero está sobrepasado . «No puede ser una instancia para vetos mutuos; debe ser una instancia para abordar asuntos aún más amplios, porque cada vez queda menos tiempo», apuntó Eguiagaray.
El grupo también propone que no exista la obligación de jubilarse a los 65 años que tienen hoy en día algunos colectivos, como los funcionarios. Pide un marco legal que incentive más la creación de empleo. Propone que la sociedad «revise» los niveles de las pensiones y que se tenga en cuenta el conjunto de la vida laboral. Y plantea una mayor colaboración público y privada (también en la sanidad y la dependencia), para lo que es necesario que los productos de ahorro sean más «transparentes» y de mayor calidad.
En otro foro, el director del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, reclamó «reformas estructurales ambiciosas y profundas en el mercado de trabajo, el sistema financiero y la liberalización de mercados y productos» para poder salir de crisis. La institución siempre ha abogado por la reforma de las pensiones.
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