Monkey Point. Foto: SDC
El canal tendría su punto de partida en la pequeña comunidad kriol de Monkey Point, situada a 47 km. al sur de Bluefields, capital de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). En estos momentos los esfuerzos se están centrando en conseguir los 350 millones de dólares necesarios para levantar un puerto de aguas profundas en sus paradisíacas playas. El proyecto contaría además con una carretera que completaría el tramo ya existente hasta Managua. Anteriores iniciativas añadían la construcción de un ferrocarril y un oleoducto que atravesarían todo el territorio nacional.
El megaproyecto, en su localización atlántica, cruzaría la Reserva Natural Cerro Silva, situada en el Territorio Rama y Kriol, hogar de grupos étnicos indígenas y afrodescendientes. La intención de recuperar el proyecto de canal seco fue hecha pública por el presidente Daniel Ortega cuando, tras ganar las presidenciales en noviembre de 2006, lo calificó de “patrimonio de la humanidad”.
Pocos meses después, Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional, anunciaba que los estudios del puerto de Monkey Point, cuya comunidad no había recibido ninguna comunicación al respecto, ya estaban terminados.
Política de despojo
egún los afectados, los diferentes gobiernos nicaragüenses han implementando en su territorio una política perfectamente calculada. En primer lugar, han fomentado el avance de la frontera agrícola en la Reserva Natural Cerro Silva. La deforestación, que afecta ya a la tercera parte de su extensión, tendría como finalidad que el prescriptivo Estudio de Impacto Ambiental sea favorable al proyecto.
Por otro lado, Monkey Point y otras comunidades no sólo no reciben ninguna ayuda estatal, sino que otros proyectos que, a través de ayuda internacional, estaban previstos en su comunidad, han sido obstaculizados por el Gobierno. Alen Clair, vicepresidente comunal de Monkey Point, explicó a DIAGONAL que esta política “busca que la gente abandone la comunidad para no tener ningún problema a la hora de desalojar a la gente”. Además, añadió, “los políticos están prometiendo que cuando llegue el canal seco va a haber desarrollo y empleo para toda la gente y que ahora como no tienen empleo ni ingresos, entonces no tienen una buena vida, sino una vida de última clase”.
El Gobierno, además, ha comenzado una ofensiva legislativa. Por una parte, ha encargado a una empresa estadounidense la elaboración de una Ley de Puertos, necesaria para la construcción del puerto en Monkey Point. Por otra, tiene en proyecto aprobar una Ley de Costas que prevé la nacionalización de toda la costa. Monkey Point pasaría a ser propiedad estatal.
La exigencia por parte del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTRK) de que les sea entregado su título y de ser consultados a la hora de realizar cualquier proyecto en su territorio, tal y como establece la ley, contrasta con las declaraciones que María Lourdes Aguilar, presidenta del Consejo Regional de la RAAS, hacía a DIAGONAL : “Otros países se han desarrollado porque hay infraestructuras, hay caminos de penetración, hay carreteras por donde los productos o los turistas aumentan una movilización económica que no puede paralizarse por un grupo de personas que no tienen interés en que la Costa Atlántica se desarrolle”.
El 29 de abril pasado, en una presentación del proyecto hecha al GTRK, los promotores de éste ofrecieron entregar documentación y la posibilidad de participar en las reuniones a celebrar con los inversionistas que, llegados de países como Venezuela, Irán, Corea del Norte, Alemania o España, han mostrado interés por financiar el puerto. Sin embargo, negaron estar en condiciones de promover el proceso de titulación de sus tierras. Les informaron igualmente de que en un mes una comisión visitaría la zona para realizar estudios sobre el terreno.
El GTRK, a través de su abogada y especialista en derecho indígena, María Luisa Acosta, manifestó a DIAGONAL sus dudas acerca del concepto de consulta manejado por los funcionarios. Para Pearl Watson, Secretaria del GTRK y presidenta de Monkey Point, “después de sentarnos y hablar y ver el Estudio de Impacto Ambiental, dependiendo de eso, nosotros podemos negociar. Porque si es algo beneficioso para todo el país podemos sacrificar algo, pero si va a causar demasiado daño, entonces tenemos que oponernos”.
Una ley bloqueada
La Ley 445 de Demarcación y Titulación de Territorios Indígenas, de 2003, supone la profundización del proceso de autonomía comenzado en 1987 con la creación de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. En ella se reconocen los derechos de los indígenas a regirse por sus propias formas de gobierno y a disponer de sus territorios (incluidos los recursos naturales). La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, creada por la propia Ley 445, se ha visto entorpecida por la corrupción, las pugnas internas y el centralismo estatal, poco interesado en otorgar estos títulos a las comunidades.
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