Agrupaciones de derechos humanos protestaron frente a los tribunales federales de Retiro contra el fallo que dispuso la libertad de Alfredo Astiz, el "Tigre" Acosta y otros procesados por delitos de lesa humanidad en la Escuela de Mécanica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
Las organizaciones aprovecharán que alguna de ellas, como "Justicia Ya!", actúan como querellantes en la "megacausa" EsSMA, para pedirle al juez federal Sergio Torres, instructor del sumario, que "adopte medidas" para impedir que se concreten las excarcelaciones de quienes resultaron beneficiados con la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Adriana Calvo, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos calificó como "pavoroso" que "los genocidas que asesinaron a miles de compañeros puedan salir en libertad".
Calvo dijo que se insistirá con los pedidos para que se interrogue por una veintena de casos, "entre ellos el de Dagmar Hagelin", por los que los procesados "aún no fueron indagados" y "podrían recibir el dictado de nuevas prisiones preventivas".
Enrique Fukman, un sobreviviente de la ESMA, manifestó haber recibido el fallo de la Sala II de la Cámara de Casación "con mucha bronca y dolor", porque "después de 30 años la justicia sigue cumpliendo el rol que le asignaron los genocidas, que es garantizar la impunidad".
Según FuKman, "en la época de la dictadura se cajoneaban los pedidos de habeas corpus y ahora se 'estiran' los procesos para que los tiempos de las detenciones superen los máximos legales y así justificar las excarcelaciones".
Para Vilma Ripoll, la resolución que dispone la libertad de los ex oficiales de la marina es el fruto de un tribunal "reaccionario" y destacó que el voto mayoritario del fallo tomó un antecedente de la Corte Suprema de la Nación de 1871, que dice que todos los hombres son buenos mientras no se pruebe lo contrario.
"No es lo mismo un genocida que un ladrón de gallinas", enfatizó Ripoll, quien además lamentó la inactividad del Congreso Nacional y del Consejo de la Magistratura con relación a las causas por violaciones a los derechos humanos.
Fuentes judiciales aclararon que para que las libertades se hagan efectiva, cada uno de los beneficiados con las medidas deberá presentar una "caución personal" de "tres fiadores que se comprometan patrimonialmente a responder en caso de que los procesados dejen de estar a derecho". Las fuentes agregaron que también la aceptación de un eventual recurso por parte del fiscal Raúl Plee "frenaría" las excarcelaciones, porque el artículo 4 de la ley 24.390 prevé que las oposiciones contra la resolución que otorga la libertad al detenido, suspende la ejecución de la medida.
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