La onU, a través del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, considera que el Gobierno regional "incumple" con el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones en proyectos que puedan perjudicar al medio ambiente, así como a la hora de facilitar el acceso a la información de dichos proyectos.
La Plataforma Ciudadana Refinería No (PCRN), a través de uno de sus portavoces, Reyes González, ha manifestado hoy, 29 de julio en rueda de prensa, su satisfacción por esta resolución en la que se reconoce la "falta de responsabilidad política e institucional hacia los ciudadanos" que se tiene en relación al proyecto de una refinería de petróleo en Tierra de Barros.
Esta cuestión se remonta a un escrito enviado a dicho comité de la Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo (PCCA) en marzo de 2009, en el que denunciaban el "incumplimiento", por parte del Gobierno español, de varios puntos que recoge este convenio.
La onU, tras investigar la denuncia y solicitar varios informes al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, celebró una reunión de trabajo, en la sede de la onU en Ginebra, a la que también acudió la PCRN. En este encuentro también estuvieron presentes miembros del Gobierno español que fueron, según González, "ridiculizados" a la hora de "no" responder o responder "muy poquito" a las preguntas que le realizaban desde el Comité.
En el mes de julio de 2010 la onU ha hecho pública la resolución que "demuestra y apoya" en las quejas de esta plataforma ante la "falta de respeto" de las instituciones locales, regionales y nacionales hacia "unos ciudadanos que lo único que querían era argumentar y que se le demostrase que una refinería era posible en Extremadura".
CONCLUSIONES DE LA onU
El citado convenio, de Aarhus, también denominado ‘Convención sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales, se centra en la interacción entre el público y las autoridades públicas'.
Con la resolución emitida desde la onU, se afirma que se "han violado los derechos de los ciudadanos" en relación a derechos como el de la información o la manifestación, que además se recogen en la Constitución española.
Asimismo, reconoce que los poderes públicos proporcionaron información sobre dicho proyecto, pero solamente en dos ordenadores, y donde tenía que personarse el interesado físicamente sin permitir la realización de una copia digital de la información, ni remitirlos a un sitio web o base de datos donde estuviese esa información disponible.
Es decir, en muchos casos el público interesado tenía que desplazarse desde 30 a 200 kilómetros para poder ver una información de "miles de páginas" en tan sólo dos ordenadores, y sin poder hacer una copia digital de la misma. A ello hay que añadir que los ciudadanos contaban con un mes de plazo para examinar esa información en el lugar. "Las autoridades españolas no han facilitado la participación pública y eficaz", tal y como se recoge en el Convenio, en el artículo 6, apartado 6, y el artículo 4, apartado 1 (b).
En este respecto ha denunciado que "cuando a nosotros se nos dio solamente un mes para poder hacer las alegaciones, a estas personas se les están dando ya muchos años para hacer las rectificaciones".
Sobre esta cuestión, el portavoz de PCRN ha puesto una serie de ejemplos por los cuales se les ha dificultado la libertad de manifestación a través de la Delegación del Gobierno en Extremadura. "Una larga lista de incumplimientos", ha asegurado.
"Estamos contentos por ver como una institución a nivel internacional le tiene que tirar de las orejas al gobierno regional, nacional por este incumplimiento", ha manifestado González.
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