Si las palabras del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no se las lleva el viento, 2010 comenzará mal para los trabajadores, porque ha anunciado dos reformas de calado: del mercado laboral y de las pensiones. Reformar es sinónimo de recortar, aunque esa acepción no esté admitida por la Real Academia de la Lengua, así ha ocurrido cada vez que se han puesto de acuerdo Gobierno, sindicatos y patronal en el pasado más reciente y, precisamente, en ambos temas de vital importancia.
Esta situación variaría si se llevase a la práctica la demanda de LAB para garantizar un sistema vasco de Seguridad Social. La iniciativa se trasladará a la sociedad vasca para garantizar en un futuro que el sistema público de pensiones se mantenga. De momento, la vicepresidenta segunda española, Elena Salgado, y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, han afirmado la necesidad de ampliar los años necesarios para tener derecho a una pensión. En la reforma más reciente, hace cuatro años, se pasó de necesitar tener 15 años cotizados a 17,5 años. En la actualidad se estudia la ampliación del plazo a 20 años. También se quiere llevar el cálculo de la pensión a toda la vida laboral y aumentar la edad de jubilación a los 68 años.
Todavía no hay nada resuelto en el Gobierno, pero se están produciendo movimientos de la mano de asociaciones que gestionan los fondos de pensiones para lograr más ventajas fiscales para que sea menos costoso invertir en los mismos. Sin duda, avanzamos hacia la privatización de las pensiones porque, aunque el sistema público debería estar garantizado, se está permitiendo que las entidades de previsión social voluntaria y los fondos de pensiones aumenten con celeridad sus recursos, gracias a los temores que se ponen encima de la mesa sobre el futuro del sistema público de pensiones. En este caso, el Gobierno español no ataja esas reticencias sino que, por el contrario, las aumenta.
¿Qué está ocurriendo en el mercado financiero especulativo? El punto más alto de la crisis económica supuso, según los datos de la OCDE, que los fondos de pensiones perdieron por encima del 20% a nivel mundial y, aunque en este momento se está recuperando ese mercado, el proceso va lento. Así, hace unos días la Asociación de Inversiones Colectivas y Fondos de Pensión (Inverco) solicitó que los rendimientos generados por las aportaciones a un plan tributen como el resto de capitales al 18%, y no como rendimiento de trabajo, como ocurre en la actualidad, lo que, dependiendo de la cantidad que resulte, supone pagar por encima del 22%. Estas reclamaciones se realizan para atraer más fondos. El sector financiero apoya esa medida, porque los fondos de pensiones son otro mecanismo para dotar de recursos al mercado financiero y obtener una alta rentabilidad con la especulación. De hecho, hasta el Gobierno español se planteó unos meses antes de que se detectasen los primeros síntomas de la crisis invertir en bolsa una parte importante de los recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que en este momento sobrepasan los 61.500 millones., según expresó el Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Además, el ministro español Celestino Corbacho ha situado el superávit de la Seguridad Social en 7.000 millones al finalizar 2009, en un momento en el que ha aumentado el desempleo y han desaparecido más de 127.000 empresas.
Lo que se demuestra es que el sistema público siempre será rentable, si quienes administran los gobiernos así lo deciden. Aunque también deberá producirse una serie de actuaciones que favorezcan que aumente la tasa de actividad del mercado laboral y, por otro lado, la natalidad, para evitar problemas futuros. El Gobierno español reconoció que hasta el año 2025 las cuentas de la Seguridad Social ofrecen solvencia para garantizar las pensiones.
303.950 pensionistas vascos viven en situación de pobreza, según indica LAB
LAB ha editado un documento en el que se describe la situación que atraviesan las personas pensionistas de Euskal Herria, 655.746 personas, un 21,64% de la población. Si el acceso a una pensión cada vez es más restringido, a nivel económico lo es más. LAB reclama un sistema propio y público, pero entiende que «el Estado español ha convertido el sistema de caja única de la Seguridad Social en cuestión de Estado y los gobiernos de Iruñea y Lakua no han colocado en primer plano de sus reivindicaciones estas políticas sociales, porque comparten la estrategia que se ha impuesto desde el Pacto de Toledo»
Según los datos de LAB, 303.950 pensionistas viven en situaciones de pobreza, de ellas 94.781 personas están «en pobreza grave» y el resto en «pobreza relativa». «Casi la mitad de los pensionistas tienen problemas económicos para poder vivir», según LAB.
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