Sorprende en extremo que, cuando a pocos kilómetros de Managua se mantiene una dictadura como la de Micheletti en Honduras, la gran parte de los medios de comunicación masiva nicaragüense (propiedad de unas pocas familias millonarias) arremetan desde hace años contra el gobierno constitucional de Daniel Ortega. La ferocidad, periodicidad y manipulación de la realidad que se orquesta en prensa, emisoras de radio y canales de TV, recuerda a las campañas que padeció el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, previas y posteriores al Carmonazo, que en Nicaragua no han cesado aún desde que Ortega asumiera la presidencia del gobierno en 2006, o para ser más exactos, el 10 de enero de 2007.
Las continuas descalificaciones e insultos por parte del entramado mediático (en el que únicamente Radio Primerísima y Radio Ya compensan los ataques), se han acelerado en fondo y forma en estos días, cuando la Corte Suprema de Justicia ha dictaminado la validez de los argumentos del líder sandinista, para poder presentarse a las próximas elecciones. No olvidemos, que el presidente hondureño Zelaya fue derrocado violentamente por el ejército y sus adversarios políticos, que justificaron la asonada en base a una pretensión similar, hace tan sólo unas semanas (28 de Junio de 2009), por parte del mandatario constitucional.
El dato obliga a los analistas a deducir, sin temor a equívoco, que América Latina se encuentra ante una situación de golpes antidemocráticos blandos, menos sangrientos que los que asolaron el continente desde comienzos del siglo XX hasta mediados los años 80, dirigidos y orquestados, como es habitual, desde el empresariado más ultraliberal (para el que los medios de difusión masiva resultan imprescindibles), donde hoy cuentan con la comprensión de negociantes del ramo, como el archimillonario mexicano Carlos Slim (íntimo amigo del Señor X, o sea, Felipe González), su colega español Juan Luis Cebrián, intelectuales de extrema derecha como el peruano-hispano-británico Mario Vargas Llosa o primeros ministros expertos en prostitución de lujo, como el italiano Silvio Berlusconi.
Ello es consecuencia directa de la actual dulzura con que distingue la Casa Blanca al dictador hondureño, que se desprende fácilmente por el doble discurso que utiliza el presidente Barak Obama y su flamante Secretaria de Estado, Hillary Clinton, o la tibieza de la propia OEA para con este tipo de rebeliones militares, en las que tan sólo hay que lamentar la muerte de unos pocos ciudadanos (según El País, provocadores violentos), que clamaban en las calles de Honduras por el regreso de la democracia, pero lejos de las miles de detenciones y asesinatos en masa que sufrieron durante decenios la poblaciones del continente, cometidas con la venia de los diferentes gobiernos USA y sus ejércitos, cuya participación y asesoramiento militar (tortura incluida) aún se palpa en países como El Salvador, Chile, Paraguay, Colombia, Perú, Panamá, Guatemala y otros.
Parece que Micheletti agrada en Washington, en el FBI, en la CIA, en la sede de Prisa y hasta en el Vaticano (epicentros de diferente, pero notoria influencia social), con todos los matices que se quiera presuponer. Y lo más curioso es que, cuando se descubren los lazos entre golpismo y delincuencia común, sale a relucir el asilo político en EEUU para con todos ellos, como en los caso del ex alcalde de Maracaibo Manuel Rosales, en Venezuela, directamente implicado en una tentativa de magnicidio contra Chávez; o Luis Posada Carriles, responsable de la voladura de un avión de Cubana de Aviación que costó la vida a 176 personas, y que hoy se pasea tranquilamente por Florida; el de Patricia Poleo, periodista en una cadena de TV en Caracas, acusada del asesinato del fiscal Danilo Anderson.
Espero que en el caso de directivos de periódicos tan conocidos en Nicaragua como Nuevo Diario o La Prensa, Danilo Aguirre y Jaime Chamorro, respectivamente, que han sido o son procesados y condenados por injurias, o por estafa millonaria, no suceda algo parecido. Hoy, arropados por sus correligionarios de la llamada prensa independiente, claman por su inocencia, en tanto desarrollan su estrategia de acoso y derribo mediático del presidente Daniel Ortega, telefoneando a sus socios españoles, mexicanos, chilenos, argentinos o franceses, para que les echen una mano en la estrategia de acoso y derribo del enemigo socialista, si es posible sin derramamiento de sangre inocente. Las primeras planas de esas gacetas lucen titulares donde reza el dictador Ortega, con la misma alegría con la que sus homólogos españoles llamaban presidente a José María Aznar.
Olvidan, al parecer, que un verdadero sátrapa hubiera clausurado de un plumazo esos periódicos, radios y estaciones de televisión, desde donde aún continúan su sarta de insultos y desafíos, llegando al colmo de la paranoia mediática cuando, como esta semana, el objetivo ya no es el propio Ortega, sino los magistrados que integran la Corte de Justicia Suprema del país.
No es aventurado afirmar que ambos ejecutivos están alentando a la población, o al menos creando un peligroso caldo de cultivo, para hacer creíble e inevitable un golpe a la Micheletti, contando con la obligada bendición y aquiescencia de la Iglesia Católica nicaragüense (como en Honduras), que no con la del ejército, a distancia de sus colegas hondureños, aunque bastante lejos del ejemplo de los militares venezolanos, bolivianos, ecuatorianos o cubanos, cuya defensa de la voluntad popular es admirable, si la comparamos con otras fuerzas armadas, incluido el mismo continente europeo. Tranquilizan, en cierta medida, las palabras de un taxista de Managua a quien firma estas líneas: “Aquí, lo que se hizo con Zelaya no se puede hacer con Ortega. Seriamos miles los ciudadanos, las compañeras, los trabajadores que además tenemos una buena formación militar, y saldríamos a la calle en defensa de la democracia, para detener, como en Caracas, un posible golpe”.
¿Quiénes están interesados en que se repita la historia reciente? ¿Se hallan los medios de comunicación neoliberales, la propia OEA, la Casa Blanca o la Comunidad Europea, dispuestos a condenar un nuevo golpe de estado en Centroamérica, por incruento que fuera, esgrimiendo un inexistente respeto por las legalidad internacional, el cumplimiento de las normativas propias de sus organizaciones respectivas en lo que se refiere a defensa de la democracia, sabiendo que, en el caso de la OEA, jamás se osó expulsar de su seno a regímenes genocidas como los que masacraron Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Guatemala, El Salvador, etc. y que en pleno siglo XXI tan sólo sirven para organizar y apadrinar conversaciones entre las partes enfrentadas? ¿Es posible que alguien crea o confíe, en que se puede llegar a un acuerdo entre partidarios de una dictadura y demócratas convencidos, sin que sufran los segundos una espectacular derrota?
Tal vez sí. España lo demostró en 1977, y así nos luce el pelo.
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