De la misma manera que la CEOE el pasado 2 de diciembre no hizo una concentración empresarial contra los sindicatos ni contra el Gobierno, la manifestación sindical de mañana no va ni contra los empresarios ni contra la oposición.
Hay sectores de la izquierda y de la derecha que intentan azuzar a los agentes sociales para agudizar la situación de frenetismo que atraviesa la sociedad española y que cada vez recuerda más a las dos Españas.
Al menos así es como lo piensa el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien argumenta que "si hubiéramos querido hacer una manifestación empresarial la habríamos convocado en la calle Diego de León, enfrente de la CEOE, y no en la Puerta de Alcalá".
En la misma línea, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, señala que el objetivo es subrayar los planteamientos de los sindicatos, aunque lógicamente la manifestación lleva implícito el mensaje al Gobierno para que implante medidas para fomentar el empleo, sobre todo.
Situación de crispación y enfrentamiento
Si el 12-D, fecha que recuerda al 14-D, la histórica huelga general contra Felipe González, fuera realmente una concentración antiempresarial, como algunos se empeñan en decir, significaría que las relaciones entre los agentes sociales estarían viviendo una situación de crispación y enfrentamiento. Nada tan lejos de la realidad.
Existen discretas negociaciones entre patronal, Gobierno y sindicatos, que están muy avanzadas y permitirán firmar una reforma laboral en el primer trimestre de 2010, como ha anunciado Zapatero.
Por tanto, el 2-D y el 12-D hay que interpretarlos como un guiño a sus respectivas bases. Tanto el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, como los secretarios generales de CCOO y de UGT son conscientes de que no estamos ante el inicio de un invierno laboralmente caliente.
Fijación de posiciones
Igual que ha sucedido en todas las grandes negociaciones sociales, los prolegómenos son utilizados por sus protagonistas para posicionarse desde una posición de fortaleza frente a sus interlocutores. "Éstas son nuestras armas". Así lo reconocen en privado en uno y otro sitio.
La negociación que se inicia a partir de ahora tiene una enorme importancia. Primero se alcanzó un acuerdo entre patronal y sindicatos para desbloquear los convenios colectivos que afectaban a casi dos millones de trabajadores que habían sido pactados antes de 2009 con aumentos salariales por encima del 3 por ciento y ante los que los empresarios se habían enrocado argumentando que la crisis imponía una congelación salarial. Se trataba de un auténtico nudo goldiano que impedía retomar la concertación social.
Una vez desatascado el cuello de botella, se abordan dos negociaciones trascendentales. Primero el Acuerto Interconfederal sobre Negociación Colectiva (AINC) con una vigencia de tres años, con el objetivo de garantizar los incrementos salariales moderados a cambio de paz social. Se trata de retomar una fórmula impulsada por el ex ministro de Economía, Rodrigo Rato y que en 2009 fue interrumpida al plantarse la patronal en la congelación salarial por la crisis.
Este pacto social sobre rentas ha sido uno de los principales activos de la economía española durante los años de expansión económica. Un modelo de concertación social que es necesario recuperar.
Reforma laboral
El segundo gran pacto que se discute entre bambalinas es la reforma laboral posible. El auténtico motivo por el que se rompió la concertación social fue porque la patronal concibió la reforma laboral como la desjudicialización del despido y su descausalización.
Hasta el momento, cuando una empresa tiene que afrontar un despido colectivo (más de 30 personas) tiene que ser autorizada por la Administración. Se trata de un residuo de la legislación franquista, pero que hoy por hoy es el principal blindaje que tienen los trabajadores y por lo tanto es una "línea roja" en la negociación.
Por tanto, la reforma laboral propuesta por Miguel Ángel Fernández Ordóñez y defendida en el manifiesto de los cien economistas de Fedea, y que de alguna manera inspiró a Díaz Ferrán, consistió básicamente en no tocar las indemnizaciones ni las condiciones de despido a quienes ya tienen un empleo, pero para facilitar la recolocación de los cuatro millones de parados, la propuesta era sencillamente crear un nuevo contrato con la indemnización media que existe en Europa (en torno a 20 días por año) pero con despido aunque no haya causa justificada.
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