Tres Juzgados de lo Social de Madrid declaran que Telefónica de España incurrió en cesión ilegal de trabajadores en los Centros de Comunicaciones Radiomarítimas de Málaga y Valencia y condena a Telefónica a integrar en su propia plantilla a varios trabajadores de la contrata Preservi, a quien Telefónica encargó la gestión de las telecomunicaciones de seguridad marítima que el Ministerio de Fomento había adjudicado mediante concesión a Telefónica en su día.
Los Juzgados de lo Social números 5, 15 y 36 de Madrid han dictado varias sentencias condenando a Telefónica de España a integrar en su plantilla a varios trabajadores de la contrata Preservi que prestaban sus servicios en los Centros de Comunicaciones Radiomarítimas de Málaga y Valencia, al considerar que Telefónica incurrió en la figura ilícita de cesión ilegal de trabajadores y que fueron despedidos en el mes de marzo último, al finalizar la concesión que el Ministerio de Fomento tenía otorgado a Telefónica.
Hasta el mes de marzo de 2009, Telefónica fue adjudicataria de la concesión administrativa otorgada por el Ministerio de Fomento, relativa a la prestación del servicio de socorro para la seguridad de la vida humana en el mar, parte de la cual, Telefónica subcontrató de forma irregular a la contrata Preservi, expersamente constituida para este fin y cuyo único objeto ha sido precisamente el de ceder personal operativo técnico a Telefónica.
En el mes de abril de 2009, se hizo cargo de la concesión una nueva adjudicataria que ha ganado el concurso frente a Telefónica, por lo que los trabajador es fueron despedidos , al igual que otros trabajadores de los centros de radiocomunicación marítimos de Valencia, Bilbao y Málaga.
Ahora los citados Juzgados de lo Social, han calificado los despidos como nulos y además han considerado que el auténtico empresario era Telefónica, quien ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo también, por haber incurrido en la figura de cesión ilegal de trabajadores, también conocida tradicionalmente como prestamismo laboral que se caracteriza por la utilización por parte de la Empresa principal (en este caso Telefónica) de una empresa aparente y que juega el papel de mero testaferro laboral al carecer de las caracteristicas requeridas para ser considerada realmente como una empresa autónoma.
Las sentencias destacan que en los presentes casos concurren todas las circustancias que carcterizan la figura de cesión ilegal de trabajadores, prohibida por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, ya que todos los elementos de trabajo eran propiedad de Telefónica, los trabajadores prestaban sus servicios mezclados con los propios de Telefónica, su capital y recursos propios eran prácticamente inexistentes comparados con la media del sector, los permisos y vacaciones del personal eran autorizados directamente por Telefónica, que era el único cliente de la contrata desde su constitución por un proveedor de la propia Compañía Telefónica y en gen er al ésta era quien obstentaba las facultades de organización y dirección del trabajo, siendo Preservi un mero intermediario en la cesión de personal a favor de Telefónica.
La dirección del caso por parte de los trabajadores ha estado a cargo del letrado Ramón Dávila , de la firma RDávila y Asociados, con sede en Cádiz, Marbella y Madrid.
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