Estamos asistiendo a una nueva campaña mediática sobre la llamada delincuencia juvenil, aprovechando de manera indecorosa los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días, en los que dos niñas han sido violadas por otros menores de edad. Sin ninguna duda lo primero es atender a estas niñas víctimas de la más salvaje de las agresiones. Las autoridades púbicas tienen o deberían tener la obligación de dar asistencia psicológica, sanitaria, social y legal tanto a las niñas afectadas como a sus familiares. Esto es una prioridad máxima, y que debe prolongarse en el tiempo todo lo que sea necesario, y de manera totalmente gratuita.

Sin embargo, el morboso circo mediático que se está montando sobre estos horribles sucesos en nada beneficia a las víctimas. Todo lo contrario, sólo sirve para prolongar la vivencia en el tiempo del suceso facilitando así la aparición de un fuerte estrés postraumático. Pero también sirve para generar entre la población sentimientos de indignación y miedo, creando artificialmente una interesada alarma social que no se corresponde con la realidad, seguramente con espúrios objetivos que nada tienen que ver con el bienestar de las víctimas.

Varias cosas llaman la atención en las noticias que aparecen en los medios de comunicación. Para empezar, las víctimas son presentadas como niñas (lo que son), mientras que a los presuntos agresores se les niega la niñez refiriéndose a ellos como menores (aunque tengan la misma edad que las víctimas). Además, aquello de la presunción de inocencia (tan cacareada por ejemplo en los casos de corrupción política) parece haber desaparecido, a favor de titulares tan amarillistas como "salvajes con cara de niño", aparecidos en la prensa incluso antes de finalizar las investigaciones policiales e iniciarse las periciales y judiciales. Dirigentes políticos como Rajoy se han permitido el lujo de insultar públicamente a los presuntos violadores durante mítines políticos, sin tener en cuenta que no ha habido juicio y que se trata de menores de edad.

Pero nada de esto es de extrañar, ya que estos lamentables sucesos le han venido como anillo al dedo a ciertos sectores políticos cavernícolas, y no han perdido el tiempo en volver a la carga con la reaccionaria idea de la mano dura, rebaja de la edad penal y endurecimiento de las penas. Parece ser que el PP tiene especial interés en encarcelar a los niños, contra más jóvenes mejor. Igual es que tienen amigos muy interesados en aumentar la clientela de los reformatorios privatizados (según Carmen Orland, jueza titular del Juzgado de Menores de Sevilla que está llevando el caso de Isla Cristina, "se están haciendo multinacionales de tratamientos de menores porque aunque tienen que ser entidades sin ánimo de lucro, de hecho, son negocios. Todo esto es un tinglado").

En este punto, recordamos que esto no es nuevo. En la campaña de las últimas elecciones generales, Rajoy ya prometió rebajar la edad penal a los 12 años. No sabemos si tiene algo que ver el hecho de que Manuel Pizarro, número dos de la candidatura del PP, participe de los beneficios que da la reclusión de menores, como socio fundador de la Fundación O´Belen. Esta aberración (tanto la rebaja de la edad penal como el hecho de intentar centrar el debate político en los niños, azuzando demagógicamente miedos primarios) ha sido duramente contestada, tanto por los movimientos sociales y las asociaciones de derechos humanos y de la infancia, como por expertos educativos, psicológicos e incluso desde el mundo del derecho. Gabriela Bravo, fiscal de menores de Valencia, afirmó que la propuesta de Rajoy "crea un alarmismo que no obedece a la realidad y que sólo sirve para aupar el ánimo vindicativo de la sociedad. Son casos tan excepcionales que no puedo entender por qué se plantea cambiar la legislación para rebajar la edad penal. Es una barbaridad. No existe tal problema de menores de 14 años que cometan este tipo de delitos". Para Félix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial, "es una propuesta absurda y populista, que pretende hacer parecer lo que no es. No hay un problema de orden público con los menores de 14 años. La mayor parte de los delitos cometidos por debajo de esa edad son bajadas de canciones de Internet".

La realidad es tozuda, y demuestra que al contrario de lo que inducen a creer la mayoría de medios de comunicación y las declaraciones de los portavoces de la derecha, los índices de delincuencia juvenil han decrecido en los últimos años. Y observando el tipo de delitos cometidos por los menores de edad en nuestro país, queda claro que la inmensa mayoría son delitos de carácter social, vinculados directamente a la miseria y la marginación social que sufren miles y miles de niños y niñas en el estado español. Según datos del propio Ministerio de Interior (año 2000), del total de niños condenados, sólo el 0.28% lo ha sido por asesinato y/o homicidio, y el 1.25% ha sido condenado por delitos contra la libertad sexual (lo que incluye condenas por violación, pero también por otros delitos relacionados con la libertad sexual). Por contra, el 75.33% de los menores condenados han cometido delitos contra el patrimonio (es decir, delitos de carácter social). Lo que se deduce de estos datos, es que la solución nunca podrá pasar por aumentar las medidad represivas de corte carcelario, que ya de por sí son extraordinariamente duras e injustas (con la Ley del Menor, no sólo se juzga el delito, sino también la condición vital del niño: ante un mismo delito, se encarcela o no al niño según la cuenta corriente de sus padres y demás condicionantes sociales, de los que obviamente el niño no es responsable).

Con este artículo no pretendemos restar importancia a los graves hechos que han ocurrido. Simplemente intentamos arrojar luz sobre la realidad de la llamada delincuencia juvenil y sobre la Ley del Menor. A su vez, no podemos sino también desmentir que los chavales presos vivan en una especie de "campamentos de verano", imagen interesadamente distorsionada por los medios de comunicación. Los reformatorios son cárceles, con la misma función punitiva (a pesar de las declaraciones de intenciones educativas) y además convertidas en un negocio privado. Incluso aquellos que niegan los malos tratos, reconocen que "los centros de internamiento, son sitios muy duros, donde se intenta reeducar a costa de mucha imposición y de mucho trabajo" (declaraciones de Carmen Orland).

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