Yo no condeno a Aznar por haber arrastrado al país a una guerra genocida. Lo que quiero es que sea juzgado por su complicidad en la criminal invasión de Iraq (y de hecho ya hay en marcha una campaña en este sentido) y que, tras un juicio justo, se dicte la correspondiente sentencia.
Yo no condeno a Felipe González, y mucho menos al PSOE en su conjunto, por la infamia de los GAL. Lo que quiero es que González y sus cómplices rindan cuentas ante la justicia.
Ni siquiera condeno a Rubalcaba, a pesar de que él me ha condenado a mí, sin juicio previo y sin pruebas, al decir que sigo consignas de ETA. Lo que quiero es que el ministro de Interior sea juzgado por calumnias e injurias, y a tal efecto vamos a presentar la correspondiente demanda.
Y por la misma razón que no condeno a Aznar ni a González ni a Rubalcaba, tampoco condeno a ETA: porque yo no soy juez, y mucho menos Dios. Si un miembro o un comando de ETA cometen un crimen, que sean juzgados de acuerdo con la ley.
Pero hay otras dos razones para que quienes no somos ni jueces ni Dios nos neguemos a condenar públicamente a ETA: primera, porque el Gobierno no puede obligar a nadie a condenar nada, como reconoce el propio Tribunal Constitucional, y oponerse a las exigencias abusivas del poder es, más que un derecho, un deber democrático. Y, segunda, porque con sus insistentes condenas públicas, los poderes establecidos quieren reducir un conflicto sumamente complejo a su expresión más esquemática y maniquea, y, sobre todo, pretenden hacernos creer que “el problema de España es ETA”, como repetía continuamente Aznar cuando era presidente del Gobierno. Y podemos y debemos negarnos a secundar este discurso tergiversador. Porque el problema de España no es ETA. El verdadero problema de los pueblos del Estado español, y de los demás pueblos del mundo, es el capitalismo salvaje. El verdadero problema de los pueblos del Estado español, y de los demás pueblos del mundo, es que hay una minoría depredadora que se enriquece de forma desmedida con el trabajo y el sufrimiento de millones de trabajadores y trabajadoras. Y ese es el problema que II-SP, en la modestísima medida de sus posibilidades, intenta afrontar.
Y esa es la verdadera razón de que se nos criminalice. Interior sabe perfectamente que no seguimos consignas de ETA ni de nadie. Pero también sabe que representamos un auténtico proyecto de izquierdas, es decir, un proyecto realmente anticapitalista. No somos la izquierda sumisa y conciliadora a la que están acostumbrados nuestros gobernantes, y eso es lo que les preocupa.
Y una última razón para no “condenar” nada ni a nadie: además de sus acepciones jurídica y religiosa, el término tiene también un sentido metafórico; condenar una puerta o una ventana significa cerrarlas definitivamente con sellos o cerrojos inviolables, inutilizarlas para el tránsito y la comunicación. Condenar significa también negar toda posibilidad de diálogo, o lo que es lo mismo, sofocar toda esperanza de una paz justa y duradera.
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