El pasado mes de febrero se cumplió un año de la muerte (tras sufrir una brutal paliza) del temporero Bernabá Laaredj, en Lepe (Huelva). Inmigrante de nacionalidad argelina, era (desde hacía años) residente legal en nuestro país y una persona que, con su trabajo, contribuyó a la prosperidad del sector agrícola de esa comarca.
Quienes no desean cargar con este crimen sobre sus conciencias, y en contra de las actitudes negacionistas de ciertos políticos y medios de comunicación, expresan lo siguiente:
Que quienes califican el suceso de hecho aislado parecen ignorar que no es la primera vez que en la misma plaza (donde ocurrió el lugar del crimen) ocurren incidentes racistas y/o xenófobos; o el episodio de violencia contra magrebíes de 2000, otro “hecho aislado” que se saldó con 15 inmigrantes heridos.
Que resulta poco verosímil que el incidente se tratase de “una reyerta entre jóvenes (bajos lo efectos del alcohol y las drogas)” como se apresuraron en declarar algunos políticos, cuando el fallecido tenía 40 años y no hay más imputados que la media docena de jóvenes que participaron en la agresión; todos ellos del pueblo.
Que actitudes como las del alcalde y su equipo de gobierno, o el Subdelegado del Gobierno de España en Huelva, negando insistentemente y sin base alguna el carácter racista de la agresión, se contradicen con lo manifestado inicialmente por testigos presenciales y por la Guardia Civil, quien “no descartaba ninguna hipótesis”.
Que no sorprende tal actitud entre quienes niegan el carácter mismo de la población, a la que denominan con empeño “la ciudad”, “una gran ciudad” e incluso “capital”; pretendiendo, quizá, con ello ocultar algún complejo de inferioridad.
Que el racismo y la xenofobia, por velados y disimulados que puedan estar, son fenómenos presentes en la sociedad de nuestros días – particularmente en una España cuyas mitología y señas de identidad están construidas por oposición a “los moros” – y que, en este sentido, Lepe no es una excepción.
Que el “hecho aislado” que acabó la vida del inmigrante coincidió con la apertura de una sede local del partido xenófobo y ultranacionalista Democracia Nacional, en el año del cuarto centenario de la expulsión de los moriscos de España; uno de los episodios de limpieza étnica y racismo más negros de Europa.
Que el discurso del alcalde y sus ediles, quienes constantemente apelan al origen (de Lepe versus de fuera) de las personas y sus sentimientos religiosos, es el trasfondo (oficial) del racismo y la xenofobia; siendo paradójico que algunos de esos ediles sean precisamente de fuera del pueblo, si no es el verdadero motivo de su fervor localista.
Que la política religiosa del ayuntamiento de Lepe, subvencionando con fondos públicos el culto mayoritario – en desafío a lo establecido en el Art. 16 de la Constitución sobre la no confesionalidad del Estado –, supone un agravio y una discriminación a las minorías, quienes igualmente soportan ese gasto público con sus impuestos.
Que las políticas de personal del ejecutivo local, quien afirma hipócritamente que “Lepe” (sic) se enorgullece de la interculturalidad y de las 59 nacionalidades de sus residentes, son claramente discriminatorias, como muestra la proporción de esas nacionalidades entre sus empleados.
Que el callejero del pueblo, al ignorar (por razones étnicas o religiosas) a personajes históricos de Andalucía de la mayor relevancia, contribuye a la mistificación de la historia, perpetuando mitos nacionalistas y perjuicios racistas.
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