Por 50 votos a favor y cero en contra, el proyecto de Ley de Víctimas impulsado por el PSN pasó ayer el primer filtro de la «toma de consideración» en el Parlamento navarro. El Pleno dio un visto bueno inicial unánime a un proyecto que sigue la estela de los aprobados por otras instituciones, pero eleva la cuantía y la extensión de las ayudas. Incluye además otra novedad significativa: la amenaza de retirada de subvenciones a centros educativos que no acepten determinados materiales «contra el terrorismo» que elaboraría el Gobierno navarro.

Pese a esta última cuestión, que el propio líder del PSN, Roberto Jiménez, admitió como polémica, Nafarroa Bai se sumó al consenso inicial. Patxi Zabaleta planteó que el proyecto de ley «podría ser beneficioso para la convivencia si hay actitudes abiertas». En concreto, en el debate que se abre ahora en comisión NaBai tratará de que en el proyecto se incluya a otras víctimas de la guerra sucia -citó a los GAL y al BVE-, de la violencia parapolicial -aludió a Mikel Iribarren- y del franquismo -se refirió a Txiki y Otaegi, fusilados en 1975, y también a José Rodríguez Medel, el responsable de la Guardia Civil en Iruñea que fue el primer muerto en 1936-.

Jiménez se mostró muy satisfecho con esta unanimidad inicial. Y respondió a Zabaleta que no existe ningún criterio prefijado sobre quién será considerado como «víctima», aunque en declaraciones precedentes tanto UPN como el PSN habían restringido este concepto a las víctimas de ETA.

«No hablamos de ninguna sigla en concreto, así que ahí cabe perfectamente todo», apuntó ayer Jiménez. Sin embargo, acto seguido matizó que la represión franquista no será incluida porque «eso tiene otro marco, que es la Ley de Memoria Histórica». Consideró además que los «desmanes policiales» no son equiparables a «ETA, el GAL, Al Qaeda o la Yihad Islámica». «Ir por ahí sería peligroso y podríamos encontrar dificultades», opinó.

En realidad, el PSN no tiene por qué mover una línea su proyecto, ya que tiene garantizado el apoyo total de UPN. Según el texto, además, la regulación del sistema correspondería a una Comisión de Ayuda a Víctimas formada por miembros del Gobierno navarro, lo que daría el control último del tema a UPN en caso de que el proyecto de ley no especifique claramente que quienes han padecido guerra sucia o violencia policial también deben ser considerados como «víctimas de terrorismo».

Tras la afirmación de Jiménez de que está dispuesto a estudiar si se incluye a otras víctimas, UPN optó por callar, a la espera de lo que depare el paso del proyecto por la comisión. Antes, Carlos García Adanero había manifestado que «compartimos toda la exposición» del PSN y añadió que este proyecto resulta necesario para evitar también «episodios de humillación de las víctimas como los de este verano en Berriozar y Villava».

Nafarroa Bai no aludió a la espinosa cuestión de la injerencia en los centros educativos. Sí lo hizo, paradójicamente, Roberto Jiménez, en estos términos: «Sé que es una incorporación novedosa, soy consciente de que puede generar controversia, y por eso quiero bajar el perfil del tema. Desde algunos sitios se ha trasladado que se pretende adoctrinar en torno a postulados ideológicos, pero no es así. Se trata de valores democráticos, asentados en la sociedad navarra y que son buenos».

«Contenidos ambiciosos»

El resto de formaciones, desde UPN a CDN o IUN, coincidieron en que con este proyecto se repara «una deuda histórica con las víctimas del terrorismo». Hasta ahora, esta cuestión estaba regulada vía decreto, sin una ley exclusiva al efecto. Jiménez argumentó que se debía tapar ese vacío: «Como comunidad especialmente azotada por el terrorismo. Nos debíamos esta ley». Subrayó además que los contenidos «son ambiciosos, porque esto no es para quedarnos cortos, sino para que perdure en el tiempo». Entre otras cosas, estas víctimas tendrán prio- ridad para acceder a Vivienda de Protección Oficial, una cuestión establecida ya en otras leyes como la que aprobó el Parlamento de Gasteiz.

Desde CDN, José Andrés Burguete se mostró especialmente contento por la intención de incidir en el ámbito educativo. Y argumentó además que en Nafarroa «hace falta un rearme moral».

Ion Erro, de IUN, intervino en un sentido similar al de Nafarroa Bai. Subrayó también que ahora se repara «una deuda histórica» hacia «las víctimas de toda la violencia».