La seguridad como propuesta política no es rentable, no al menos para una sociedad confrontada a necesidades que no encuentran respuesta precisa en los presupuestos públicos, menos aún para un país como Euskal Herria, que ha pagado una cuenta disparatada en forma de hurto de libertades políticas y derechos civiles.

Rodolfo Ares maquilla la decisión de suprimir escoltas aludiendo a «una reevaluación de riesgos». El concepto parece sacado de la jerga de un corredor de seguros de automóvil. Pero, no, hoy habla como un contable el mismo consejero de Interior que se ha dedicado a pagar a agentes de la Ertzaintza para que arranquen carteles, retiren pancartas y hasta disparen a globos con fotografías de presos vascos, desatendiendo funciones realmente importantes para el bienestar ciudadano.

Los números mandan. ETA lleva un año largo sin causar muertes de manera premeditada. El plazo cuenta incluso para los responsables policiales -¿sería más conveniente llamarles gestores?-, aunque algunos partidos persistan en hacer quiebros para no afrontar la readecuación en la forma de hacer política a la que les obligará la nueva realidad que asoma.

Desde mucho antes de que empezara el despliegue frenético de escoltas -usados como «elemento de poder y distinción», según tertulianos que dan coba a las quejas corporativas del SUP- y, por descontado, también a partir de él, muchos ciudadanos han vivido con el miedo pegado a la espalda.

Perseguidos, unos, por el temor legítimo a sufrir un ataque violento a la entrada de una institución, perseguidos, otros, por el temor legítimo a sufrir un arresto violento por el mero ejercicio de la actividad política.

Vivir con la vista puesta en la espalda, tratando de descartar una sombra sospechosa, es un ejercicio doloroso. Y caro, incluso para Ares. Máxime cuando se vislumbra una alternativa más ventajosa y segura, la de escrutar oportunidades para intentar hablar mirándose a los ojos.