Mujica avanza en su proyecto de amnistiar a los genocidas.
No hay sorpresas. La política amnistiadora de Mujica es la que desarrolló el Frente Amplio durante veinte años en la oposición. El FA-EP boicoteó el plebiscito contra la Ley de Caducidad, apoyó la “Comisión de la Paz” de Batlle y de una manera sistemática se opuso a todas las iniciativas de impulsar el juicio y castigo.
Antes de su muerte, otro histórico del progresismo uruguayo, Líber Seregni “precisó con mucho énfasis que no se trata de buscar culpables” (Clarín, 29/3/2000).
Tabaré Vázquez intentó aplicar el artículo 4 de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Punto Final), para terminar a corto plazo con el tema de los desaparecidos, informar a los familiares y dar vuelta la página”.
En marzo del 2000, Tabaré y el presidente Jorge Batlle llegaron a un acuerdo para impulsar una ley que declarara muertos a los desaparecidos. En realidad, la izquierda era la verdadera impulsora del proyecto: “El tema lo planteó (Liber) Seregni (presidente del FA-EP)”, quien “tras una larga etapa de silencio público (reclamó) una solución política al tema de los desaparecidos”.
Sobre esta cuestión no hubo divergencias en el Frente Amplio. Todos los integrantes del FA-EP participaron activamente en la tarea: en especial los ex guerrilleros tupamaros. Los senadores Fernández Huidobro y José Mujica venían manteniendo “conversaciones desde hace años” con los golpistas de la Legión de Tenientes de Artigas (La República (15/3/2003).
En una de esas ocaciones, “transmitieron a los militares que su gobierno de izquierda sería el primero “en oponerse a que los miembros de la Fuerzas Armadas sean extraditados al exterior’ por hechos ocurridos durante la guerra que Uruguay vivió en los años ’60 y ’70” (ídem).
Con tan firmes “principios” como antecedentes, el senador tupamaros Fernández Huidobro, fue entonces considerado posible ministro de Defensa, algo que declinó porque “no desea ocupar el cargo (...) debido a que tendría que dar órdenes a quienes enfrentara en la guerra” (ídem).
Ahora, apenas convertido en presidente, el “Pepe” Mujica propone liberar a los genocidas.
Para encubrir su propuesta, Mujica señaló: “no quiero viejos de 75, 80 años presos; no sólo militares, ningún preso de esa edad”.
No es cierto. La ley uruguaya ya contempla la posibilidad de otorgar libertad anticipada para mayores de 70 años y para quienes sufran enfermedades graves o terminales. Pero la norma respectiva, que habla de “humanización del sistema carcelario”, sancionada en 2005, excluyó precisamente a los culpables por delitos de lesa humanidad.
De modo que nuestro “humanista” se ha concentrado específicamente en un planteo de liberación de genocidas. Los que, además, como todos sabemos, llegaron a los 70 años impunes por la complicidad de los “demócratas” y de los frenteamplistas.
Los que ya en 1984, en los llamados Pactos del Club Naval acordaron con la dictadura la intangibilidad de la cúpula militar genocida. Sigue vigente, por eso mismo en Uruguay, la ley de amnistía y un puñado de milicos fue a parar muy tardíamente a la cárcel en función de algunos resquicios legales en la legislación de la impunidad. El “Pepe” se propone remediar la omisión.
La experiencia del gobierno ‘izquierdista’ uruguayo refleja la tendencia de la pequeña burguesía de centroizquierda y de la burocracia sindical a convertirse en los agentes ‘progres’ del imperialismo.
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