Hace un mes y medio, el 15 de octubre, concluía el plazo para el registro biométrico y la gran mayoría de la población boliviana se congratulaba por su capacidad de movilización para concurrir y concluir con su participación una tarea que parecía imposible en sólo dos meses y medio: Padrón Electoral Biométrico. También se sorprendía por el incremento del padrón electoral, de 3,8 millones de enero a 5 millones.
La Corte Nacional Electoral (CNE) recibió muchos elogios y había recuperado credibilidad y confianza. Esta hazaña desterraría –se pensaba para siempre- las dudas sobre la confiabilidad del padrón electoral y los temores de fraude.
Ahora, transcurrido algo más de un mes de aquella hazaña, pareciera que vuelven las sombras de duda sobre la veracidad del registro, pues en estos días el organismo electoral ha comunicado que más de 400.000 personas están observadas -la mayoría de La Paz, Santa Cruz y, porcentualmente, Pando- porque, se dijo, no tienen partida de nacimiento o sus datos no cuadran con los datos del Registro Civil.
Lo que más llama la atención, ahora que la CNE ha publicado los nombres, es que de esas 400 mil personas, la gran mayoría son mujeres. En efecto, por ejemplo al revisar al azar cualquiera de los cientos de páginas publicadas para el Departamento de La Paz, uno se sorprende con que al menos el 80% de observados son mujeres, aunque ese porcentaje baja al revisar listas como las de Tarija.
Parece que, como se dijo, una de las razones para ello es la no coincidencia del apellido de soltera en el certificado de nacimiento con el de casada en el carnet de identidad. Frente a esta situación, consideramos que más bien son estas personas, las mujeres, las que debieran observar a las instituciones públicas por los mecanismos de registro, control y depuración que utilizan, y no al revés. Pues ellas no son culpables de los inconvenientes técnicos, administrativos y/o políticos en estas instituciones estatales, que han afectado al padrón.
Es llamativo también que se haya publicado muchísimos homónimos con sólo el nombre y el primer apellido pero con diferentes números documento de identidad. Por ejemplo en sala provincias de La Paz, Francisca Mamani aparece 79 veces con diferentes números de documento de identidad, y Juana Mamani más de 120 veces (Págs. 188 y 189 de la Separata de la CNE). Obviamente no es que doña Francisca Mamani y doña Juana Mamani se hayan registrado tantas veces. Sería una locura pensar eso; aunque no se descarta que, como caso aislado, algunas personas se hayan inscrito más de una vez. Si se hubiese publicado al menos el segundo apellido o el apellido del marido, no llevaría a tanta duda y confusión.
También se ha indicado que la mayoría de las personas observadas están en el área urbana, pero por ejemplo, en la lista del Departamento de La Paz, muestra cantidades similares entre población de La Paz y la de las provincias. Esta situación preocupa ya que por la dificultad en la comunicación y circulación de información en muchas zonas rurales de todo el país –donde no hay teléfono, no llegan los periódicos o no es fácilmente accesible- es muy difícil para ellas enterarse que están observadas ya que queda menos de una semana para ello. Aunque lograran enterarse, es difícil que ahora se ocupen de resolver esta situación ya que empiezan las siembras en la zona occidental del país -finalmente, empezó a llover- y ya hay dificultades en varias zonas tropicales por la intensidad de las lluvias; que además implica un sacrificio adicional en tiempo y recursos económicos puesto que necesariamente deben trasladarse hasta las capitales de departamento donde están las oficinas de identificación, Registro Civil y Corte Departamental Electoral.
Sea como fuere, es innegable que como en muchos otros temas o aspectos, una vez más, serán las mujeres las más perjudicadas, y entre ellas, las mujeres del área rural por estos entuertos del sistema de información y manejo de datos y registros. En estas condiciones es casi seguro que el 6 de diciembre muchísimas de ellas habrán caminado o navegado por horas para llegar a los recintos electorales, se verán sorprendidas porque no estarán habilitadas para ejercer su derecho al sufragio y retornarán a sus comunidades con la frustración de no haber podido emitir su voto.
Si se quiere seguir profundizando y ampliando la democracia y la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones, la CNE debe repensar las decisiones asumidas hasta ahora y evitar incurrir en la exclusión y marginación de las mujeres y de todo el universo de las 400.000 personas y permitirles, sin más trámite, el ejercicio de su derecho al sufragio en las elecciones de diciembre.
Lo que sí se puede plantear es que aprovechando su participación en estas elecciones se les informé qué observaciones tienen estas personas de manera que para las elecciones de abril se logre completar o corregir la información acerca de su situación para no quedar indefinidamente en condición de observadas en el padrón biométrico y, además, contar con documentación correcta o completa en el Registro Civil.
(*) Lorenzo Solíz es Director General de CIPCA
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