San Cristóbal de las Casas, Chis. 13 de noviembre. Las autoridades chiapanecas se dicen convencidas de que en ciertas zonas de la entidad se fraguaría un “movimiento armado” para el año próximo. Esto lo ilustra el elocuente documento Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza, elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y dirigido específicamente a “documentar” la existencia de una presunta red “subversiva” cuyo eje sería el párroco católico Jesús Landín García.
El amplio documento, fechado el 27 de julio de este año, y del cual La Jornada posee una copia, es el origen de las numerosas “versiones” y “filtraciones” a medios locales y nacionales que han justificado recientes acciones policiacas y militares, aprehensiones, allanamientos y revisiones en caminos de comunidades de Carranza y municipios circundantes (Comitán, Nicolás Ruiz, San Cristóbal de las Casas).
Con el método “cortar y pegar”, el documento reúne presuntos pasajes de homilías del clérigo Landín (anteriormente párroco de San Andrés Larráinzar) con fotos de teléfono celular de una reunión pastoral en Nicolás Ruiz, la captura de una banda criminal denominada Los Pelones en posesión de un arsenal en Frontera Comalapa, y una visita de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) durante la conmemoración pública de los 20 años de éste.
Se suman “consideraciones” sobre el obispo emérito Samuel Ruiz García, quien habría hecho de Landín “su sucesor”, no queda claro en qué, pero se deduce que como líder de “los movimientos antisistémicos, financiados por diferentes organizaciones no gubernamentales que fungen como protectores de los principales líderes”. El sacerdote “mantiene amplia aceptación en las zonas marginadas de ascendencia indígena, por su carácter radical y su línea discursiva de repudio al orden establecido y las instituciones del gobierno”.
La intención directa del documento de la PGJE es descalificar al dirigente de la OCEZ-Carranza José Manuel Hernández Martínez, Chema, quien “se autonombra (sic) luchador social desde hace 30 años”. Con base en las “pruebas” del documento, Hernández Martínez y otros dirigentes de OCEZ-Carranza fueron posteriormente encarcelados. El primero, de manera infundada, fue trasladado a un penal federal en Nayarit.
El documento menciona acciones agrarias de la OCEZ, sobre todo la ocupación de fincas propiedad de los grandes caciques de la zona, como la familia Orantes, y lo mezcla con la captura de Los Pelones, sin probar la vinculación de estos con la OCEZ. Desliza referencias al “tráfico de drogas e indocumentados”, ya que el centro de Chiapas, dice la PGJE, “es percibido como una región donde prevalecen condiciones favorables para el tráfico ilícito de cualquier mercancía”.
Más adelante describe los “grupos desafectos al Estado” en frases que no tienen desperdicio: “La presencia de actores beligerantes surgidos de la lucha campesina y la disputa de tierras atrae la atención de líderes sociales y religiosos vinculados a la subversión, quienes ante la inconformidad de los pobladores, buscan encontrar mayor simpatía a las conductas doctrinarias, situación que contribuye a generar nuevas condiciones de movilidad desafecta”.
Y añade: “la conformación de un frente antisistémico regional para abanderar demandas de carácter estratégico tales como la inconformidad por las tarifas de energía eléctrica, justicia social indígena y mayor desarrollo de las comunidades rurales marginadas” como “principal objetivo de las agrupaciones desafectas”.
Presupone que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FSLN), estaría preparando “la convocatoria del movimiento de desobediencia civil generalizada en 2010”, donde “destaca la participación de la iglesia católica que predica el Neoliberalismo (sic), así como la Teología Indígena”.
En esta presunta “red” participaría el CDHFBC, pues difunde denuncias “por presuntos actos de hostigamiento, y se convierte (junto con el FSLN), en el principal medio para atraer la atención de la comunidad internacional”.
Acomodando a modo hechos aislados, incluso falsos, el documento pretende criminalizar también a Diego Cadenas Gordillo, director del CDHFBC, vinculándolo con el presunto entramado de “subversión antisistémica”.
El esquema de la “red” del padre Landín considera a un tal Patrocinio González como “enlace del EZLN” e interpreta la presencia en reuniones eclesiásticas de diáconos supuestamente zapatistas e integrantes de la otra campaña de Cruztón, Socoltenango y San Cristóbal de las Casas como parte de la trama “subversiva”.
Todo esto ha generado una tensión inédita entre el gobierno de Chiapas y la diócesis de San Cristóbal de las Casas, al grado de que, según habrían expresado funcionarios estatales, “se investiga” al propio obispo Felipe Arizmendi.
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