La autorización del gobierno mexicano para sembrar maíz transgénico en el país es un crimen de proporciones históricas. Un puñado de funcionarios que están en su puesto por unos pocos años cargaron contra 10 mil años de trabajo colectivo de millones de campesinos e indígenas que crearon y cuidaron el maíz –uno de los cuatro granos bases de la alimentación mundial–, solamente para favorecer a unas pocas trasnacionales. La desproporción entre quienes tomaron esta decisión, lo que está en juego y quienes sufrirán sus consecuencias es abismal.
No hay argumento para romper la moratoria que rige desde hace 10 años contra la siembra de maíz transgénico en México, por ser su centro de origen. Todas las causas por las que se decidió la moratoria siguen presentes o se han agravado. A falta de argumentos, las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente esgrimieron que sólo se tratará de siembras experimentales y que observarán medidas de bioseguridad. Esto no evitará la contaminación, pero además, para los funcionarios –y las trasnacionales favorecidas– esta etapa es solamente un trámite burocrático, que deben cumplir para seguir después con la siembra comercial a gran escala, ya sin farsa de bioseguridad. Aun cuando tomaran ahora algunas medidas para manejar la contaminación de maíces no transgénicos (medidas que han sido cuestionadas por insuficientes por científicos y técnicos mucho más capacitados que los de las secretarías, incluso por algunos de sus maestros), éstas nunca serán repetidas y mucho menos supervisadas en campo en la siembra comercial. Los productores no las realizarán, por engorrosas y caras, y porque saben que el gobierno no tiene ni la capacidad ni la voluntad de fiscalizarlos. Prueba de ello es que nunca tomó medidas para impedir las siembras ilegales –¿por qué lo haría contra las que el mismo autorizó? Hablar de experimentación es una burla.
Todo el proceso ha estado plagado de irregularidades, incluso dentro del marco que exige la limitada ley de bioseguridad. No existe régimen de protección especial del maíz, como lo mandata dicha ley; en la consulta pública sobre las solicitudes de experimentación, el gobierno ignoró la vasta mayoría de opiniones técnicas, científicas y de muchísimas organizaciones sociales y ciudadanos, porque eran críticas a la liberación. Tampoco tomó en cuenta la gran cantidad de opiniones, protestas, cartas firmadas por amplios sectores de la sociedad mexicana e internacional, las denuncias, manifestaciones e interminable cantidad de razones presentadas continuamente desde hace una década, argumentando sólidamente y desde una gran variedad de perspectivas –científicas, económicas, políticas, sociales, culturales, históricas, geográficas– contra la liberación de maíz transgénico en México.
La verdad es que no existe ninguna razón para plantar maíz transgénico en México: significa enormes riesgos y no tiene ninguna ventaja. Está demostrado por estadísticas oficiales de Estados Unidos y varios estudios académicos que los transgénicos producen menos que las variedades convencionales, que usan más químicos, que han creado una docena de supermalezas resistentes a los agrotóxicos, que ha generado resistencia en los insectos plaga que dicen combatir y por si fuera poco, son más caros que cualquier otra semilla. En el último año varios científicos y dos asociaciones médicas (de Estados Unidos e Irlanda), exhortaron a la comunidad médica y al público a evitar el consumo de transgénicos, debido a que decenas de estudios que analizaron, evidencian serios problemas para la salud.
Esto es verdad en todo el mundo, pero en México lo que está en riesgo es mucho más. Al ser centro de origen y diversidad del maíz, la inevitable contaminación transgénica que ocurrirá a corto o largo plazos afectará seriamente el reservorio genético del maíz para todo el globo. Más grave aún, el maíz es elemento central de las economías y culturas campesinas e indígenas, sus creadores ancestrales, lo que convierte este hecho en un ataque a sus derechos y en un acto violento de racismo neocolonialista.
Para el gobierno fue más importante que el director de Monsanto le exigiera autorizar las siembras (legalizando así la contaminación transgénica del maíz nativo) que 10 mil años de trabajo y herencia colectiva.
No por casualidad, el anuncio de las primeras autorizaciones, a favor de Monsanto, se difundió el 16 de octubre, día mundial de la soberanía alimentaria. Fue una muestra más del cinismo y lo poco que le importa la soberanía a un gobierno empeñado en entregar todos los sectores claves del país a las trasnacionales.
Como señal de los tiempos, ese mismo día, La Vía Campesina lanzó una campaña mundial contra Monsanto, la mayor empresa semillera y de transgénicos del mundo, por ser un enemigo principal de la soberanía alimentaria, de la agricultura campesina sustentable y del alimento para toda la gente. En muchos países hubo acciones contra ésta y otras trasnacionales que pretenden controlar la red alimentaria mundial. Las autorizaciones de maíz transgénico son una imposición arbitraria de unos pocos contra las mayorías y contra la historia y pueblos de esta tierra. Se engaña el gobierno y las trasnacionales si creen que este nuevo acto de Conquista no encontrará resistencia.
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Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC.
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