El caso del violento e ilegal desalojo que en agosto de 2009 desplazó a más de noventa familias de San Antonio Ebulá será la vara para medir la procuración de justicia en Campeche y el compromiso con los derechos humanos, sostiene Indignación ante la decisión de la Procuraduría de continuar la investigación y revocar el no ejercicio de la acción penal determinado por el Ministerio Público.
El caso, uno de los más graves en materia de violación a los derechos humanos que se conocieron en la península de Yucatán, fue seguido por diversas organizaciones nacionales e Internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, e incluso mencionado en el informe de la Relatora de Naciones Unidas para la Vivienda.
El ataque se perpetró el 13 de agosto de 2009. El gobierno de Campeche omitió prevenir el desalojo a pesar de ataques anteriores contra el poblado que permanecieron impunes; omitió proteger la integridad física y la propiedad de las familias y omitió brindarles asistencia humanitaria a las familias desplazadas, a pesar de que vivieron en la terraza del “palacio” de gobierno de Campeche más de un mes.
Un año y tres meses después del crimen, el Ministerio Público determinó que no había delito qué perseguir, ante lo cual las y los pobladores presentaron un recurso de revisión. Indignación acompañó la presentación de dicho recurso el pasado 10 de noviembre.
La Procuraduría determinó revocar la decisión del Ministerio Público desde el 19 de noviembre pasado, sin embargo se informó a las y los agraviados apenas la semana pasada.
La dilación es una de las formas de obstaculizar y denegar justicia y, casi año y medio después, no se ha integrado adecuadamente la averiguación previa, a pesar de existir numerosas probanzas que exhiben el delito cometido, pues el ilegal desalojo y la destrucción de las viviendas fue un hecho público y notorio que fue documentado, entre otros, por diversos medios de prensa.
La persona señalada como responsable de ordenar el desalojo, y quien se ostenta como propietario de la tierra en la que se encontraba el pueblo de San Antonio Ebulá, el señor Eduardo Escalante, es un poderoso empresario de Campeche con fuertes vínculos en la política del estado y del país.
Su hija fue esposa del extinto Juan Camilo Mouriño y actualmente su hijo está a cargo de una especie de supersecretaría con amplios poderes en el gobierno de Campeche. Otra de sus hijas es diputada en el Congreso local.
La Comisión de Derechos Humanos de Campeche ya cerró el expediente determinando que no hay materia y la CNDH, en aberrante complicidad, avaló dicha decisión.
A las familias desplazadas y cuyo patrimonio fue destruido no se les ha indemnizado ni se les repararon los daños ni se ha hecho justicia en este grave caso. Sería deplorable que el gobierno de Campeche encubriera y garantizara impunidad al responsable de cometer un crimen tan grave por su poder económico y político.
4 de enero de 2011
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