El hermano Estado de Campeche es ejemplo de las injusticias y de la impunidad que se vive en nuestro país. El 13 de agosto pasado, los pobladores de San Antonio Ebulá (pueblo fundado hace más de 40 años) fueron desterrados por parapolicías (vándalos) pagados por el empresario Eduardo Escalante quien se arroga la propiedad de las tierras, siendo resguardados los vándalos por cerca de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche. Los ebuleños fueron golpeados y expulsados de su tierra; sus viviendas y pertenencias fueron destruidas y saqueadas; sus animales fueron sacrificados por los saqueadores, e incluso los árboles fueron talados, privando a las familias de sus medios de subsistencia.
Como respuesta los ebuleños realizaron un plantón en los bajos del Palacio de Gobierno de Campeche, por más de 41 días. Gracias a la solida resistencia y al apoyo que ha recibió nacional e internacionalmente, el Pueblo de Ebulá a logrado recuperar 31 hectáreas de sus tierras. El gobierno campechano se comprometió a que el nuevo poblado ebuleño tendría todos los servicios básicos. Además de que recibirían apoyo para su restablecimiento. Hasta hoy no sean cumplido tales compromisos, el gobierno pretende dejar de lado una vez más a los pobladores de este digno pueblo. Por eso la lucha aún continua hasta que todas las tierras estén en manos de sus dueños, los daños sean reparados, y se presten los servicios básicos a San Antonino Ebulá. .
Otro caso de injusticia es el que se vive en el municipio de Candelaria, donde más de 3,500 pobladores de 35 comunidades han conformado el Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica para resistir los abusos de la empresa paraestatal. Su lucha lleva más de 3 años, en los cuales han realizado diversas acciones de rechazo y denuncia en contra de los abusos económicos efectuados por la CFE. Por lo que el gobierno campechano con los oídos cerrados en su totalidad a las demandas populares, detuvo desde el 10 de junio a 5 integrantes de este justo movimiento. Hasta la fecha han sido liberados Guadalupe Lizcano y Elmer Castellanos gracias a la movilización social y a la solidaridad nacional e internacional mediante el pago de fianzas con un monto de $4,000, permaneciendo bajo proceso jurídico. Mientras tanto, siguen encarcelados Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja.
Las acusaciones en su contra son totalmente falsas, pues lo único que han hecho es luchar por una mejor condición de vida para los campechanos. La solidaridad no se ha hecho esperar, pues en muchas partes de la república se realizan eventos y acciones para pedir su libertad.
Ante estas injusticias y frente a la impunidad que gozan quienes las cometen, es necesario organizar la solidaridad y al apoyo a nuestros hermanos campechanos. Para exigir juntos que sean liberados los presos políticos, se imponga el castigo que merecen los autores intelectuales y materiales de dichas injusticias, y se establezca la justicia en Campeche regresando al pueblo lo que es suyo.
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