No son suficientes las detenciones de personas de bajo perfil que solo obedecieron ordenes del Máximo Responsable.
Durante la última década Colombia ha vivido una etapa sin precedentes en materia de escándalos de corrupción, que involucran a las más altas esferas de la institucionalidad nacional. Sin embargo, el alcance de las investigaciones adelantadas parece limitado, pues hasta ahora no logra establecer quiénes son los Máximos Responsables, es decir, los determinadores de la serie de crímenes cometidos contra la sociedad civil colombiana durante este período. Máximos responsables, es una categoría del derecho penal internacional que busca judicializar a la cabeza de los delincuentes y aplicar sobre ella las mas severas condenas penales así como una ejemplarizante sanción ética y social. Al margen de los niveles depoder que puede tener el responsable.
En el caso colombiano se discute por estos días la responsabilidad de la agencia de Inteligencia de la Presidencia, conocida como Departamento administrativo de Seguridad DAS, en las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, uno de los pocos organismos que aun conservan algún nivel de legitimidad social.
Resulta insólito que la propia Fiscalía General, afirme que desde el Das se ha creado una empresa criminal, con el propósito de atentar contra ciudadanos inermes. Hay que reconocer que este organismo subsidiario de la Presidencia de Colombia, ha sido relacionado históricamente con abusos de poder, asesinato y desaparición forzada de ciudadanos. En la década que nos ocupa, el Das fue puesto al servicio de grupos paramilitares, según revelan investigaciones oficiales. En el año 2002, bajo la dirección del Señor Jorge Noguera, este organismo de inteligencia suministró listas de periodistas, académicos, sindicalistas y defensores de derechos humanos, que posteriormente fueron asesinados por esos grupos criminales. De igual manera, el DAS favoreció con millonarios contratos a testaferros de esos grupos armados ilegales
A partir de las denuncias sobre espionaje a la Corte Suprema de Justicia, se revelaron detalles acerca de los sistemas de interceptación utilizados por el DAS. En ocasiones escuchan desde dos salas ubicadas en los pisos 11 y dosde la sede principal del Das en Bogotá. Estas salas son financiadas con recursos aportados por los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, como parte de la ayuda a la justicia colombiana. Existen también oficinas externas ubicadas en distintos lugares de la ciudad. Los detectives encubiertos que allí trabajan, dan cuenta de sus escuchas únicamente a los jefes de Inteligencia o Contrainteligencia. La Fiscalía afirma que hasta 2009 existían 5 de estas salas en Bogotá y que a partir de este año fueron reducidas a 2.
Como consecuencia de las investigaciones se ha logrado vincular al proceso penal a distintas instancias de la cadena delictiva. Dos Ex directores del organismo permanecen bajo custodia y se encuentran negociando rebajas de penas gracias a delaciones que mencionan a mandos medios y funcionarios de la propia Presidencia de la Republica. Es imposible desconocer que los excesos cometidos por el Das, no son casos aislados sino que por el contario corresponden a una práctica sistemática propia de los estados policiacos, donde la oposición política y la investigación judicial independiente, son concebidas como sospechosas ypor tanto deben ser perseguidas y minimizadas a como de lugar.
Además de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las víctimas deinterceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales, son personas de la oposición que han mantenido una postura crítica frente al gobierno de la última década. Otro grupo de perseguidos está conformado por personas que son parte activa en la investigación judicial que se adelanta para establecer vínculos criminales de los partidos de la coalición oficialista, durante los últimos dos periodos presidenciales.
La sociedad colombiana merece el esclarecimiento de los hechos y la judicialización inmediata de las cabezas de estos exabruptos institucionales. No son suficientes las detenciones de personas de bajo perfil que solo obedecieron ordenes del Máximo Responsable.
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