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Más neoliberalismo es más corrupción
Los casos de corrupción de todo tipo salen a la luz en todo el Estado español, mostrando que “Marbella” está en todas partes. [TAMBÉ EN CATALÀ]
En lucha / En lluita | 3-11-2009 a las 10:24 | 457 lecturas
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Los casos de corrupción de todo tipo salen a la luz en todo el Estado español, mostrando que “Marbella” está en todas partes. El Palma Arena, en Palma de Mallorca, Andratx, el caso Correa, el caso Gürtel, el caso Millet, Boadilla del Monte, espías del PP en Madrid, El Ejido, Estepona y el último en Gramanet, Barcelona, con ramificaciones en Badalona y Llavaneras. Bartomeu Muñoz, alcalde de Gramanet del PSC  y altos cargos del Gobierno de Jordi Pujol –ex presidente de la Generalitat– como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, han sido encarcelados, entre otros. Esta última trama se basaba en recalificaciones de terrenos que incrementaban su valor y se vendían a un precio mucho más elevado. En Gramanet lo que tenía que ser un terreno para viviendas de protección oficial se recalificó como viviendas “libres”. Actualmente existen en el Estado español 50 ayuntamientos que están siendo investigados y 800 personas imputadas.

Los hechos son muy graves y aunque no deberían sorprendernos, el contexto de crisis los hace, si cabe, aún más graves. Con una tasa de paro que supera el 17% y superando ya los 4 millones de parados y paradas, se desvela cada vez más el paso de dinero público a manos privadas.
Todos los políticos de todos los partidos se han apresurado a recalcar una y otra vez que estas prácticas corruptas por parte de miembros de sus partidos, son excepciones. La clase política cierra filas en torno al discurso de que son “hechos puntuales” y que la gente debe seguir confiando en las instituciones y la justicia. Y sobre todo deben continuar confiando en quienes les  gobiernan. Pero lo cierto es que cada vez más se demuestra la inoperancia de un sistema dirigido por unos pocos y en beneficio de unos pocos. Y cada vez queda más claro que esto no son hechos aislados, sino todo lo contrario.

Pero si estas prácticas son intrínsecas a un sistema político y económico hecho para unos pocos, también es cierto que con el auge del neoliberalismo la corrupción política y empresarial ha ido en aumento. La economía del Estado español basada en el ladrillo y en la especulación es un campo sembrado para todos aquellos que ostentan el poder y hacen y deshacen a sus anchas contratos con ayuntamientos, ventas y compras de terrenos, concesión de obras, recalificaciones, etc. Mientras el Gobierno de Zapatero da más dinero a los bancos y financia las pérdidas de las empresas privadas, los ricos pagan cada vez menos impuestos y evaden todo el capital que pueden a los paraísos fiscales. Mientras la clase dirigente nos dice que nos tenemos que apretar el cinturón y que no hay dinero para los y las paradas, educación o sanidad, el dinero público pasa a manos privadas. Con todo ese dinero se podría mejorar (y mucho) las prestaciones para parados y paradas o los servicios sociales básicos.

En este sentido, los ayuntamientos son una gran parte de este problema. Cierran sus presupuestos a base de recalificar terrenos y dar “pelotazos” urbanísticos, apoyándose en la Ley del Suelo que aprobó el Gobierno del PSOE en 2007 y que pretendía solucionar el problema de la vivienda. Pero ha sido esta Ley la que ha aplanado de nuevo el camino para estas prácticas al no fijar un precio máximo del metro cuadrado o restringir la venta de suelo público, como pedía el movimiento por la vivienda digna en su día. Pero cuando la clase política no solo está relacionada con los empresarios, sino que son las mismas personas las que entran y salen de las administraciones y las empresas, estas prácticas no son la excepción sino la regla. Uno de los asesores de la Ley del Suelo, Gerardo Roger, colabora con las empresas urbanizadoras en su actividad privada. Ricard Fernández, uno de los padres de la Llei d’Habitatge (Ley de Vivienda) de la Generalitat de Catalunya, había sido Director general de la Inmobiliaria Greco y fichó por la promotora Habitat.

De hecho, la única manera de evitar la corrupción creciente es que las personas que viven en los barrios –los y las trabajadoras que se ven afectadas por la especulación, las decisiones tomadas a sus espaldas y la connivencia entre políticos y empresarios– ejerzan un control real desde la base. De esta forma muchas de las cosas que han pasado no habrían tenido lugar. Los movimientos sociales de Gramanet, unidos en “Gent de Gramanet” (Gente de Gramanet) hacía tiempo que denunciaban este tipo de prácticas. También en el barrio donde se encuentra el Palau de la Música de Barcelona, vecinos y vecinas habían denunciado mucho antes de que salieran a la luz las irregularidades en el Palau del caso Millet. Así como el hotel que se estaba construyendo al lado. Un proyecto que el Ayuntamiento de Barcelona ha parado pero no anulado.

En ese sentido, la lucha en el terreno municipal será clave en estos tiempos que vienen de crisis económica si queremos tener un control real sobre las instituciones que hoy por hoy deciden por nosotras y nosotros. Las ciudades y municipios serán sin duda escenarios claves en la lucha de clases. La lucha en el terreno municipal nos permitirá abordar problemas como la corrupción, el tráfico de influencias o la especulación desde la base, con un control mucho más próximo.

Pero sin parar al neoliberalismo será imposible parar este tipo de actividades. Y será desde la lucha municipal  como podremos, por ejemplo, municipalizar el suelo y crear parques de viviendas de alquiler social, con una participación real de las personas que viven en los barrios. Solo una izquierda combativa, unida y amplia –enraizada en las luchas de los barrios y de los movimientos sociales y obreros– podrá conseguir ese objetivo.

A pesar de todo esto, debemos tener claro que la corrupción en todas sus formas ha sido siempre una acompañante fiel de una sociedad dividida en clases y es un compañero de viaje natural del sistema capitalista. Como izquierda anticapitalista debemos aspirar no solo a poder controlar de cerca el sistema en el que vivimos, sino también a acabar con él y construir un mundo donde la corrupción no tenga sentido.


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Més neoliberalisme és més corrupció

Els casos de corrupció de tot tipus surten a la llum per tot l'Estat espanyol, mostrant que “Marbella” està a tot arreu. El Palma Arena, a Palma de Mallorca, Andratx, el cas Correa, el cas Gürtel, el cas Millet, Boadilla del Monte, espies del PP a Madrid, El Ejido, Estepona i l'últim a Gramanet, Barcelona, amb ramificacions a Badalona i Llavaneras. Bartomeu Muñoz, alcalde de Gramanet del PSC i alts càrrecs del Govern de Jordi Pujol –expresident de la Generalitat– com Macià Alavedra i Lluís Prenafeta, han estat empresonats, entre altres. Aquesta última trama es basava en requalificacions de terrenys que incrementaven el seu valor i es venien a un preu molt més elevat. A Gramanet el que tenia que ser un terreny per a habitatges de protecció oficial es va requalificà com habitatges “lliures”. Actualment existeixen a l'Estat espanyol 50 ajuntaments que estan sent investigats i 800 persones imputades.

Els fets són molt greus i encara que no haurien de sorprendre'ns, el context de crisi els fa, si cap, encara més greus. Amb una taxa d’atur que supera el 17% i superant ja els 4 milions d’aturats i aturades, es mostra clarament el pas de diners públics a mans privades.

Tots els polítics de tots els partits s'han afanyat a recalcar una vegada i una altra que aquestes pràctiques corruptes per part de membres dels seus partits, són excepcions. La classe política tanca files entorn al discurs que són “fets puntuals” i que les persones han de seguir confiant en les institucions i la justícia. I sobretot han de continuar confiant en els que els governen. Però la veritat és que cada vegada més es demostra la inoperancia d'un sistema dirigit per uns pocs i en benefici d'uns quants. I cada vegada queda més clar que això no són fets aïllats, sinó tot el contrari.

Però si aquestes pràctiques són intrínseques en un sistema polític i econòmic fet per a uns pocs, també és cert que amb l'auge del neoliberalisme la corrupció política i empresarial ha anat en augment. L'economia de l'Estat espanyol basada en el totxo i en l'especulació és un camp sembrat per a tots aquells que ostenten el poder i fan i desfan a plaer contractes amb ajuntaments, vendes i compres de terrenys, concessió d'obres, requalificacions, etc. Mentre el Govern de Zapatero dóna més diners als bancs i finança les pèrdues de les empreses privades, els rics paguen cada vegada menys impostos i evadeixen tot el capital que poden als paradisos fiscals. Mentre la classe dirigent ens diu que ens hem d'estrènyer el cinturó i que no hi ha diners per als i les parades, per educació o per sanitat, els diners públics passen a mans privades. Amb tot aquests diners es podria millorar i molt les prestacions per a desocupats i desocupades o els serveis socials bàsics.

En aquest sentit els ajuntaments són una gran part d'aquest problema. Tanquen els seus pressupostos a força de requalificar terrenys i donar “pelotazos” urbanístics, recolzant-se en la Llei del Sòl que va aprovar el Govern del PSOE al 2007 i que havia de solucionar el problema de l'habitatge. Però ha estat aquesta Llei la qual ha aplanat de nou el camí per a aquestes pràctiques al no fixar un preu màxim del metre quadrat o restringir la venda de sòl públic, com demanava el moviment per l'habitatge digne en el seu moment. Però quan la classe política no solament està relacionada amb els empresaris, sinó que són les mateixes persones que entra i surten de les administracions i les empreses aquestes pràctiques no són l'excepció sinó la regla. Un dels assessors de la Llei del Sòl, Gerardo Roger, col•labora amb empreses urbanitzadores en la seva activitat privada. Ricard Fernández, un dels pares de la Llei de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, havia estat director general de la immobiliària Greco i va fitxar per la promotora Habitat.

De fet l'única manera d'evitar la corrupció creixent és que les persones que viuen en els barris –els i les treballadores que es veuen afectades per l'especulació, les decisions preses a les seves esquenes i la connivència entre polítics i empresaris– exerceixin un control real des de la base. D'aquesta forma moltes de les coses que han passat no ho haurien fet. Els moviments socials de Gramanet, units en “Gent de Gramanet” fa temps que denunciaven aquest tipus de pràctiques. També en el barri o­n es troba el Palau de la Música de Barcelona, veïns i veïnes havien denunciat molt abans que sortís a la llum les irregularitats del cas Millet. Així com l'hotel que s'estava construint al costat. Un projecte que l'Ajuntament de Barcelona ha parat però no anul•lat.

En aquest sentit la lluita en el terreny municipal serà clau en aquests temps que vénen de crisi econòmica si volem tenir un control real sobre les institucions que ara per ara decideixen per nosaltres. Les ciutats i municipis seran sens dubte escenaris claus en la lluita de classes. La lluita en el terreny municipal ens permetrà abordar problemes com la corrupció, el tràfic d'influències o l'especulació des de la base, amb un control molt més pròxim.

Però sense parar el neoliberalisme serà impossible parar aquest tipus d'activitats. I serà des de la lluita municipal que podrem, per exemple, municipalitzar el sòl i crear parcs d'habitatges de lloguer social, amb una participació real de les persones que viuen en els barris. Solament una esquerra combativa, unida i àmplia –arrelada en les lluites dels barris i dels moviments socials i obrers– podrà aconseguir aquest objectiu.

Malgrat tot això hem de tenir clar que la corrupció en totes les seves formes ha estat sempre una acompanyant fidel d'una societat dividida en classes i és un company de viatge natural del sistema capitalista. Com esquerra anticapitalista hem d'aspirar no solament ha poder controlar de prop el sistema en el qual vivim, sinó també acabar amb ell i construir un món o­n la corrupció no tingui sentit.

http://www.enlucha.org
 
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