Varios de los conceptos, valoraciones y peticiones que aparecen en el
Manifiesto por una lengua común, en defensa del castellano, son muy semejantes a las disposiciones de un
decreto "por el que se regula el uso de las lenguas regionales españolas" del 31 de octubre de 1975, aprobado por el consejo de ministros. El decreto fue publicado por el Boletín Oficial del Estado el 15 de noviembre de 1975, pocos días antes de la muerte del general Franco. Está firmado por "Juan Carlos de Borbón, Príncipe de España", y por "el Ministro de la Presidencia del Gobierno, Antonio Carro Martínez".
En el manifiesto difundido por una veintena de intelectuales se dice que "la lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional", y también se habla de "la lengua castellana" como "la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles".
El decreto franquista de 1975 habla de la lengua castellana como "el castellano", al que define como "idioma oficial de la Nación, y vehículo de comunicación de todos los españoles".
En otro momento, el manifiesto se refiere a las restantes lenguas cooficiales: "Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido".
En la norma aprobada por el consejo de ministros en 1975, se dice sobre esta cuestión: "Las lenguas regionales son patrimonio cultural de la Nación española y todas ellas tienen la consideración de lenguas nacionales. Su conocimiento y uso será amparado y protegido".
Igualmente, el manifiesto afirma que "los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana".
Sobre el mismo asunto, el decreto del Gobierno de Franco señala: "Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana".
Según el manifiesto, la razón de su difusión es que "hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles".
El decreto del Gobierno de Franco, por su parte, explica, como justificación, que "el criterio inspirador de esta regulación es respetar y amparar el cultivo de las lenguas regionales, dejando a salvo la importancia trascendental del idioma castellano como lengua oficial".
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