Este 14 de abril celebramos el 78 aniversario de la proclamación de la II República española sumidos en una gravísima crisis económica, social, política y moral que afecta a la globalidad del sistema capitalista. Su duración, alcance y verdaderas proporciones nos son aún desconocidas. Sin embargo la situación del mundo es lo suficientemente elocuente para continuar constatando el fracaso de un sistema sostenido sobre el trabajo enajenado de una inmensa mayoría y la insaciable apropiación individual de la riqueza por la minoría que posee el Capital: el fracaso de un sistema cada vez más inseparable de la corrupción, de la violencia y de las guerras, que sojuzga y empobrece pueblos y continentes, que mantiene a miles de millones de hombres y mujeres chapoteando en la miseria, la enfermedad, el analfabetismo y la hambruna, excluidos de los derechos humanos más elementales, que desprecia el medio ambiente y que sitúa al propio planeta cada día más al borde de la insostenibilidad como residencia del género humano.
En el Estado español el régimen político que cobija ese sistema es precisamente el heredado del franquismo, cuya clave de bóveda no es otra que la monarquía borbónica. En efecto, la llamada transición, hegemonizada por las mismas oligarquías que se beneficiaron del franquismo y vigilada por el Ejército, fue diseñada con el apoyo de las potencias imperialistas y sus “servicios de inteligencia” para desactivar a la clase obrera y a sus organizaciones políticas y sindicales, donde acertaron a situar sus propios “caballos de Troya”. Finalmente la transición, tan cacareadamente ensalzada como “ejemplar” por sus beneficiarios, fue ante todo un cambio en las formas políticas de dominación de las mismas fuerzas sociales y económicas que auspiciaron el levantamiento en armas contra el legítimo gobierno republicano. Hasta la Iglesia Católica, implicada como tal hasta la médula en la bendición de los golpistas, no sólo conserva sus privilegios en un Estado supuestamente laico, sino que cada vez interviene más en la política cotidiana al lado de la reacción con la misma soberbia que antaño.
La Constitución de 1978, aplicada además en todos sus contenidos reaccionarios e inaplicada, en cambio, en sus atisbos más sociales, vino así a consagrar las nuevas formas de dominación coronada por una monarquía impuesta por los residuos de la ya entonces inservible dictadura fascista.
El régimen cuasi bipartidista a que de hecho dio lugar, tiene como objetivo impedir la eclosión de una alternativa democrática y popular y ha convertido el Estado de la nueva restauración en una farsa trufada de las viejas corrupciones, en la que PSOE y PP se alternan irremediablemente en el mando para ejercer, en lo esencial, el mismo poder: el de los banqueros, los grandes empresarios y sus socios extranjeros de los círculos imperialistas internacionales. Tienen razón los jóvenes cuando corean en sus movilizaciones “le llaman democracia y no lo es”.
En ese sentido, la Ley de Memoria Histórica aprobada por el PSOE y sus apoyos parlamentarios no es ya un vergonzante y timorato remedo de justicia tardía e insuficiente para las víctimas de la represión franquista, sino que al no declarar la radical nulidad de los criminales consejos de guerra y demás procesos urdidos por los sublevamos contra el poder legítimo, perpetúa su siniestra eficacia más allá de la muerte o los padecimientos de las víctimas y legitima la justicia de los verdugos, al no reponer en sus derechos vulnerados a quienes fueron violentamente despojados de ellos, tratando de imponer un inadmisible modelo de impunidad que constituye de hecho una realidad jurídica próxima a las llamadas leyes de punto final. Era difícil esperar otra cosa de los gobiernos de un régimen monárquico impuesto desde la Dictadura. Por tanto continúa siendo necesaria una verdadera Ley de Memoria Histórica, que relegue el periodo franquista a un sombrío paréntesis ajeno a cualquier legitimidad, que declare nulos todos sus procedimientos penales contra los defensores de la democracia y que conceptúe la represión, la tortura y los asesinatos en masa del franquismo como crímenes contra la Humanidad.
Así las cosas, e independientemente de quien esté gobernando y de con quién se alíe, más allá de concesiones, de gestos para la galería, de medidas a veces más o menos progresistas que no cuestan dinero y no cuestionan la naturaleza de clase del Poder, el continuo recorte y deterioro de los derechos sociales y económicos, y la creciente explotación de la clase trabajadora constituyen, junto a su insoslayable correlato de represión, el eje político de fondo de este régimen monárquico heredado del franquismo. En él la errática concepción del Estado, desde el españolismo más fundamentalista y trasnochado hasta los coqueteos, cuando interesan, por mor de la “gobernabilidad”, con las oligarquías vasca y catalana, unida a una vergonzante dependencia internacional del imperialismo norteamericano, de la OTAN, y de la Europa neoliberal de los capitales, que ha hecho y está haciendo participar a España en aventuras militaristas en los más apartados rincones del Mundo, terminan de perfilar la imagen de un régimen, bien distinto al de aquella República que comenzaba a abrir las puertas ¡hace cerca de 80 años! a la plasmación de un Estado plurinacional, que pudiera terminar asentándose en la voluntad libremente expresada de sus pueblos, y de un Estado que renunciaba constitucionalmente “a la guerra como instrumento de política nacional” (Art. 6 de la Constitución de 1931).
Hoy son la clase trabajadora, la juventud, y en general las capas populares los que a costa del empleo, del salario, de las prestaciones sociales y de unos impuestos injustos, pagan los platos rotos de una crisis acelerada por la especulación voraz de quienes pretenden aumentar como sea sus enormes beneficios y, para colmo, el pueblo ha de seguir manteniendo con sus impuestos a la familia real, que continúa disfrutando de toda clase de lujos y privilegios.
Por todo ello, la República que en la historia de España siempre estuvo ligada en su trayectoria a propósitos de regeneración y a empeños de transformación socioeconómica y cultural en un sentido igualitario, en nuestros días aún debe entenderse más vinculada a tales cambios. La III República no puede contemplarse como un mero cambio jurídico institucional en virtud del cual sea electiva la Jefatura de Estado. La III República no vendrá de la mano de parcheos y reformas. Sólo será posible como consecuencia de un amplísimo proceso unitario de lucha de ideas y de movilizaciones populares que, impregnando el proyecto republicano de contenidos sociales concretos en provecho de la inmensa mayoría trabajadora, de propuestas de regeneración ética de la cosa pública, de socialización de la cultura, de igualdad efectiva de los géneros, de desarrollo sostenible y de laicismo de las instituciones, conquiste el derecho democrático a un proceso constituyente y desemboque en la derogación de la Constitución monárquica y en la proclamación de una nueva Constitución republicana.
La III República deberá encontrar la fórmula histórica adecuada para convertirse de manera democrática en el Estado en que todos los pueblos de España se sientan voluntariamente integrantes y partícipes, iguales en derechos y solidarios.
La III República deberá nacer como un estado no sólo pacífico, sino solidario con todos los países y pueblos del Mundo que luchan por la soberanía, el progreso social y la plenitud de los derechos humanos. La III República, reviviendo el pasado de nuestro propio pueblo, masivo protagonista de exilios y migraciones, deberá construirse como una tierra fraternal de asilo y acogida, encarando consciente y organizadamente la coyuntura histórica, derribando muros y relegando la tragedia de las pateras a un pasado vergonzoso e irrepetible. Ningún ser humano es ilegal. Los enemigos de los trabajadores no son otros trabajadores, sino aquellos que los oprimen y los explotan en cualquier lugar del Mundo.
Por esa República que sepa hacer buenos, actualizándolos en nuestros días, los viejos ideales de libertad, igualdad y fraternidad debemos incrementar la lucha hasta convertirla en realidad.
Las organizaciones firmantes de esta convocatoria llamamos a construir unitariamente una alternativa republicana y popular que mediante la movilización y la participación activa del pueblo siente las bases que permitan superar el atraso, la injusticia, la explotación y la barbarie.
¡VIVA LA REPÚBLICA!
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA, PARTIDO COMUNISTA DE ASTURIAS, COLECTIVOS DE JÓVENES COMUNISTAS, JUVENTUD COMUNISTA DE ASTURIAS, ECOLOXISTES N´ACCIÓN, FUNDACIÓN OBRERA DE INVESTIGACIÓN Y CULTURA, ASOCIACIÓN CULTURAL ISIDORO ACEVEDO, CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA, ASCIZ.
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