La Asamblea Anticapitalista convoca a una nueva reunión para preparar y coordinar las movilizaciones contra crisis que parten del foro mundial 2009 y que tendrán lugar el 28 de Marzo. Es necesaria la máxima difusión para lograr una gran movilización unitaria.
La asamblea tendrá lugar el jueves 26 de Febrero 2009 en el "Centro Social La Fé"
calle La Fé nº 10 (Lavapiés) 19:00 horas
La Asamblea Anticapitalista viene trabajando desde noviembre con organizaciones políticas, sindicales y ciudadanas de Madrid con el fín de coordinar una respuesta conjunta ante la crisis.
MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA ANTICAPITALISTA: "QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS"
"La crisis de la economía capitalista, cuyo desencadenante, en agosto del año pasado, fueron las denominadas hipotecas basura, se ha agravado a lo largo de los últimos meses y está golpeando a la mayoría social con una contundencia cada vez mayor. Este sistema económico, basado en la obtención creciente de beneficios de unos pocos a costa de la destrucción del entorno y no en la satisfacción de las necesidades de toda la población, ha conducido, una vez más, a un dramático cuello de botella del que se pretende salir destruyendo derechos de la inmensa mayoría para afianzar las ganancias de la elite que ha provocado la crisis.
Pero no nos encontramos ante una crisis más, debida a la voracidad de algunos banqueros sin escrúpulos (como si el conjunto del capital financiero se guiara por recios principios morales), sino ante el inicio de una verdadera depresión, en la que confluyen varias crisis estructurales. De las cuales no es la de menor importancia la crisis ambiental, es decir, la degradación progresiva de nuestras condiciones de vida, debida a un modelo productivo consumista de creciente e intensiva explotación del entorno, que pone en serio riesgo la propia pervivencia del planeta.
Nuestro Estado no podía escapar a esta situación: el meollo de la acumulación de capital en el Estado español se ha centrado en un sector tan depredador del medio como la construcción y la especulación inmobiliaria, favorecida por una trama política e institucional corrupta. En lugar de destinar los recursos públicos, en especial el suelo, a garantizar el derecho a la vivienda, éstos se han entregado a los grupos financieros e inmobiliarios privados para su enriquecimiento a costa de que más de ocho millones de personas no tengan acceso a una vivienda digna, en un país en el que hay más de tres millones de viviendas vacías. La mecánica de las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda ha servido para financiar a banqueros, promotores y constructores, y el sostenimiento de beneficios en el sector ha requerido de un urbanismo insostenible, especulativo y corrupto. Ahora que el negocio del ladrillo entra en crisis, el gobierno dice aspirar a resolverla intensificando la política que condujo al desastre.
En Madrid asistimos a una campaña de sistemático acoso a los servicios públicos, en especial la educación, la sanidad y el agua, que están siendo privatizados y se quieren convertir en un nuevo y lucrativo negocio para quienes se han enriquecido a lo largo de estos años, a costa de impedir el derecho a la vivienda y de endeudar al extremo a las instituciones públicas (el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid reconocen una deuda conjunta de más de 16.000 millones de euros).
Los datos son incontestables: por un lado, los beneficios de grandes empresarios y entidades financieras siguen siendo escandalosos; por el otro, 800.000 nuevos parados en un año (se espera que el año que viene se alcance la cifra de 4 millones de parados) y 638.000 familias con todos sus miembros en paro, aumento del 12% en el precio de los productos básicos en un año, incremento del número de expedientes de regulación en grandes empresas que afectan ya a más de 50.000 trabajadores, desahucios, quiebras de familias, etc.
La respuesta de nuestros gobernantes a este estado de cosas es la de siempre, cargar los costes sobre las espaldas de la mayoría social más desprotegida. Para los grandes empresarios, dinero público, aseguramiento de sus inversiones y garantías de que no se va a controlar la gestión de sus negocios, ni se les va a exigir responsabilidad. Para el conjunto de la clase trabajadora se reserva el paro, la carestía, la inseguridad en el trabajo y la amenaza de nuevos recortes en sus derechos sociales y colectivos. Las cantidades astronómicas de dinero público que en nuestro país y en otros engrosan los planes anticrisis tienen como destinatarios a los causantes de la crisis, banqueros y grandes grupos empresariales, y el sostenimiento del sistema económico injusto e irracional en cuya naturaleza tiene la crisis su verdadero origen.
Nosotros/as afirmamos que es posible hacer otra política que tenga como centro el interés de todas las personas, la mejora y promoción de los servicios públicos, la reconversión ecológica y socialmente justa del modelo económico, que prime lo colectivo sobre el interés privado, los cuidados sobre la obsesión por la producción, el empleo estable y con derechos. Pero para ello se hace imprescindible un cambio de raíz del sistema que ha generado ésta y las anteriores crisis, un cambio sobre varios ejes:
1.- De manera inmediata hay que frenar la reaccionaria política de destrucción de derechos auspiciada desde diferentes instancias del poder. Reivindicamos un sistema fiscal progresivo y redistribuidor de la riqueza, el fin de las privatizaciones y la recuperación de servicios públicos ya privatizados, la mejora del subsidio de desempleo y el establecimiento de una renta básica, el incremento del salario mínimo hasta suponer un sueldo digno, la condonación del pago de hipotecas a parados y familias en dificultades económicas, el aumento sustancial de las pensiones, prohibición de desahucios en primera vivienda, etc., y todas aquellas medidas de apoyo a los sectores de la población que con mayor virulencia sufren la crisis.
2.- Afirmamos que es un principio irrenunciable de una sociedad justa que sean todas las personas que crean la riqueza social las que deciden democráticamente cómo se gestiona esa riqueza en beneficio de todas. Afirmamos que la planificación democrática de la economía es irrenunciable, esto es, decidir y gestionar colectivamente las necesidades y prioridades humanas que deben ser satisfechas y garantizadas, en un sistema que respete el sostenimiento del entorno natural.
3.- En esta planificación democrática han de participar todas las personas, independientemente de su origen y su género. Reivindicamos el control social de la producción por los trabajadores y trabajadoras. Hay que acabar con la sobreexplotación de la mano de obra inmigrante y con la vergüenza de un sistema en el que la libertad de circulación se predica de las mercancías pero no de los seres humanos.
4.- Para que lo anterior sea posible hay que poner en manos de toda la población la gestión de los recursos que hacen que la economía funcione, lo que supone la nacionalización del sistema financiero español y la fuerte regulación de todas las actividades financieras internacionales, así como la socialización de los principales medios de producción.
5.- En nuestro país se hace ineludible acabar con la vivienda como bien de inversión y que retome su función social como alojamiento. Debe garantizarse el derecho a la vivienda digna a un coste asequible, lo que necesariamente solo ocurrirá sacando la vivienda del mercado mediante una decidida política pública de alquiler. Y ello a su vez precisa de la nacionalización del suelo y de la gestión pública, colectiva y democrática del urbanismo sobre la base de las necesidades humanas y de preservación del medio.
6.- Hay que acabar con el odioso sesgo patriarcal de nuestro sistema económico que hace que las crisis siempre se salden con una mayor explotación de las mujeres y su reclusión en funciones asistenciales forzada por la privatización de servicios públicos.
7.- Es preciso también que el Estado adopte de inmediato medidas para paliar los efectos de la crisis y garantizar los derechos laborales de los sectores más desprotegidos, particularmente trabajadores precarios, mujeres, jóvenes e inmigrantes. Reclamamos el cumplimiento real de los derechos humanos que los Estados suprimen aprovechando periodos de crisis.
Acometer las profundas reformas que la situación exige requiere una acción decidida y unida de todas las fuerzas sociales y políticas de progreso para imponer un giro popular y democrático en la política económica, que permita una mejora en la situación de las clases populares y trabajadoras y defienda derechos sociales de la mayoría frente a la voracidad insaciable de la minoría oligárquica.
La política desarrollada por el Estado a lo largo de estos meses está provocando un importante malestar social que, sin embargo, no está aún suficientemente articulado.
Nosotros creemos que es posible y necesario que organizaciones sociales y políticas junto a todas las personas que ya sufren los efectos de la crisis aúnen sus esfuerzos y sus voluntades en un proceso de movilización sobre la base de las reivindicaciones aquí recogidas y cuantas vayan surgiendo en la dinámica de la lucha social. Un proceso que nos comprometemos a iniciar y al que llamamos a todos los trabajadores y ciudadanos.
Afirmamos que es imprescindible que esa movilización desemboque (se suprime “en el año que empieza”) en una huelga general, como primer gran aviso al poder de que la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras de este país, no vamos a tolerar que continúe impunemente el saqueo."
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