La privatización del servicio público educativo y la defensa de las condiciones laborales del profesorado ha llevado a más del 60% de los docentes y del 80% de los alumnos a secundar las jornadas de huelga y asistir a grandes manifestaciones los días 7 y 21 de mayo, convocadas por CC OO, FETE-UGT, STEM-STES, CSIT UP y Sindicato de Estudiantes. Además, contaron con el apoyo del resto de organizaciones de la comunidad educativa madrileña  : la FAPA Giner de los Ríos, Movimientos Ciudadanos y de Renovación Pedagógica, partidos políticos  : IU, PSOE e Izquierda Independiente agrupados en plataformas, etc.

Hasta hoy, la Consejería de Educación ha dado la callada por respuesta, por lo que continuaremos con movilizaciones en junio y con un calendario de huelgas y manifestaciones a partir de septiembre de 2008. Unas protestas que seguirán teniendo como principal reivindicación la defensa de la educación pública, junto a las mejoras de las condiciones laborales de los docentes. Una privatización que se refleja en la falta de definición, planificación y ejecución de la red de centros de titularidad y gestión pública a partir de las cohortes de edad y proyecciones.

Incluida, por supuesto, en el concepto neoliberal y mercantil de la Consejería de Educación. Un proceso que continúa con la venta de más de 50 parcelas públicas de uso educativo “regaladas con concierto incluido” a patronales integristas desde 2000. E, incluso, la venta de un colegio público, el CEIP Miguel Ángel Blanco en El Álamo. El lubricante consiste en anteponer la libertad de elección al derecho a la educación, permitiendo a los concertados seleccionar a sus alumnos. Sus consecuencias  : el 75,5% de los inmigrantes y el 80% de los alumnos con necesidades especiales acuden a la pública  ; con la pérdida de 19.750 alumnos autóctonos, según CC OO  ; y, por último, se suprimen, fusionan y cierran centros públicos. Así, sólo el 17% de los nuevos alumnos se dirigen a la escuela pública, frente al 83%, que lo hace a la privada.

La privatización

Mejorar las condiciones de trabajo docente, devaluadas con respecto a la situación del resto de las comunidades autónomas, es la segunda pata de estas movilizaciones. Entre las demandas se encuentran la homologación retributiva, la reducción horaria a mayores de 55 años, el pago de tutorías, la conciliación de la vida familiar y laboral... Y todo ello sin un plan preferente contra el fracaso escolar. Y la tercera pata es la exigencia de la paralización del nuevo decreto de Educación Infantil (0-3) de Madrid, por rebajar el grado de titulación necesaria para impartir clases  ; por reducir los espacios y metros cuadrados por alumno (a 1,5 m2)  ; los patios a 70 m2, e incluso se permite que éste no exista  ; por aumentar el número de niños por edad y adulto de 12 a 16 de un año  ; de 16 a 20 de dos años.