El aserradero ilegal descubierto en Santa Rosa del Abuná, donde se asientan las nuevas comunas interculturales (Clic en la foto para ampliar imagen).
El 12 de julio pasado, el Gobierno intervino un aserradero ilegal que se hallaba funcionando precisamente en la zona donde debía producirse el asentamiento programado en el municipio de Santa Rosa del Abuná, cantón Nacebe.
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La empresa que operaba en el lugar, “Tropical Andes SRL”, pertenece a unos hermanos Crooker Muñoz que operaban con personal brasileño tratando maderas que aparentemente provienen de la concesión Cimagro.
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El establecimiento de dicho aserradero constituye un asentamiento ilegal en tierra fiscal por ser posterior a la promulgación de la Ley 1715 del Inra, por lo cual se dispuso la paralización de trabajos y el desalojo.
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“Tropical Andes” realizaba actividades ilícitas en aquel aserradero, con el agravante de cortar árboles de goma y castaña que están protegidos por la ley. Informes técnicos preliminares indican que el daño ambiental de esa actividad afectó a casi cinco hectáreas de superficie sometida a desmonte.
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Las especies forestales que fueron encontradas en forma de madera aserrada y troncas alcanza a 35.000 pies tablares (pt`s) de almendrillo amarillo, 20.000 pt`s de almendrillo negro, además de 69 troncas de almendrillo amarillo, 10 troncas de almendrillo negro, 79 de marure, 19 paquíos, 31 trosas de tajibo y 33 troncas de cedro.
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Con aquellas maderas incautadas, las nuevas comunidades interculturales en las cuatro provincias de Pando podrán construir sus viviendas y los excedentes serán llevados a otras comunidades que lo requieran.
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El aserradero ilegal contaba con un tinglado de 200 por 20 metros y un depósito de combustible. Se encontró allí tres camiones Volvo de alto tonelaje, una pala cargadora y un tractor, ambos marca Caterpilar, dos máquinas cortadoras, un generador eléctrico, un equipo soldador de arco, cuatro amoladoras y una motosierra.
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El Gobierno dispuso que esas maquinarias se queden en Santa Rosa para apoyar en los trabajos del asentamiento, pero la fiscal Cristina Carla Rivera tomó la indolente decisión de trasladar esos equipos pesados a la ciudad de Cobija.
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Se teme que aquellos bienes que han sido incautados en tierrasfiscales sean devueltos a sus delincuenciales propietarios.
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