Como se recoge en wikipedia, la enciclopedia libre de internet: «El PSOE se fundó con el propósito de representar los intereses de la clase trabajadora nacida de la revolución industrial con el objetivo declarado de la toma del poder, y la consecución del socialismo, propio del marxismo que inspiraba el programa del Partido. En 1979 abandonó las tesis marxistas, de la mano de su entonces secretario general Felipe González, no sin antes superar grandes tensiones y dos Congresos. Actualmente el PSOE se encuadra ideológicamente dentro de los partidos socialdemócratas europeos».
Para realizar tamaño viaje, muchas han debido ser las etapas y pasos dados, siendo conveniente comprender dicho viaje, para poder comprender cuales son sus consecuencias en la actualidad.
El grupo de obreros fundadores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) redactó, durante sus primeras reuniones en el lejano año de 1879, un programa en el que reivindicaban la emancipación del proletariado, la transformación de la propiedad privada individual en propiedad colectiva y la toma del poder político por la clase trabajadora. Es más, durante la celebración de su I Congreso (Barcelona, 1888) señalaron que su ideal era la abolición de las clases sociales y su conversión en una única clase de trabajadores dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes.
Desde su creación, el socialismo español había adoptado un programa de rechazo de toda colaboración o alianza con los partidos burgueses, incluidos los republicanos, a los que de hecho consideró a sus principales enemigos ya que, siendo parte de la «burguesía», pretendía seducir y «extraviar» a los obreros, arrebatando al socialismo la militancia. Para los socialistas, el objetivo no era cambiar una forma de gobierno por otra, sino llevar a cabo la revolución social. Pero su estrategia no pasaba por la lucha radical. Había que esperar al hundimiento del capitalismo, por sus propias luchas internas. Los socialistas europeos descartaban su participación en los gobiernos burgueses, la mayoría pensaba que su misión era ir fortaleciendo el movimiento hasta que el futuro derrumbamiento del capitalismo permitiera el establecimiento del socialismo. Algunos –como por ejemplo Rosa Luxemburg-, abogaron por el recurso de la huelga general como arma revolucionaria.
Tras el fracaso de la huelga de 1917 contra el gobierno monárquico presidido por Dato, en cuya organización participaron junto con republicanos, reformistas, algunos liberales y regionalistas, el PSOE optó por el reformismo gradualista y de participación en el sistema. Pablo Iglesias afirmó que la huelga había sido una aventura, que en adelante era mejor abstenerse de la actividad revolucionaria, y que era necesario profundizar en la vía parlamentaria y continuar la alianza con los demás partidos de izquierda (republicanos, reformistas…) con el objetivo de abolir la monarquía e implantar una república y una estructura política democrática. La política de no realizar actividad revolucionaria alguna será una de la características constantes del PSOE incluso durante la dictadura franquista para, según justificaban, evitar la represión.
Este retraimiento y moderación (o traición a sus principios fundacionales) que caracterizó al PSOE, que persistió durante la época del golpe de Estado de Primo de Rivera, fueron cruciales para que este militar considerara al PSOE y a la UGT como potenciales aliados. Los socialistas, tras algunas vacilaciones iniciales, adoptaron una actitud de colaboración con la dictadura de Primo de Rivera. Eran conscientes de que si optaban por la oposición, la política represiva del Estado tendría consecuencias para la organización, tal como les ocurrió a otras fuerzas políticas. Lo prioritario, según Pablo Iglesias, era por encima de todo mantener el funcionamiento del partido y del sindicato socialista. Por encima del ideario político, decidieron colaborar con Primo de Ribera para no ser perseguidos. Traicionando la doctrina de los partidos socialistas europeos de no colaborar con las fuerzas y gobiernos burgueses, fueron más allá, y haciendo caso omiso de sus planteamientos ideológicos, optaron por colaborar con un régimen dictatorial cuya base era la explotación de la clase obrera, que impulsaba la propiedad privada burguesa y que reprimía al resto de fuerzas políticas de izquierda y nacionalistas. Y dicho sea de paso, esta colaboración fue hecha exclusivamente para no ser objeto de la represión de la dictadura de Primo de Rivera. Este miedo a la represión también se convertirá en otra característica del PSOE años más tarde.
Participaron en infinidad de organismos e instituciones oficiales del régimen dictatorial, como el Consejo de Trabajo o los denominados «comités paritarios» o comités mixtos de obreros y patronos, que tenían como objetivo, encauzar las relaciones de trabajo por «la vía pacífica y de la negociación». En estos comités, UGT era la fuerza obrera dominante, lo que permitió a la sindical socialista (de escasa fuerza e implantación en el territorio estatal) una auténtica participación en los asuntos que afectaban al proletariado urbano. Esta actitud de colaboración y participación en el régimen dictatorial de Primo de Rivera les supuso a los socialistas españoles convertirse en la fuerza mejor organizada tras la caída de la dictadura y el advenimiento de la Segunda República, así como estar en condiciones de asumir un papel preponderante en la instauración del nuevo régimen republicano.
Durante los últimos tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, el PSOE fue marcando distancias hacia la misma y en 1930 terminó por aceptar un entendimiento con los republicanos, defendido por Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, con el que se mostró en desacuerdo Julián Besteiro, portavoz del sector marxista del partido. El 20 de octubre se reunía el Comité Ejecutivo y Largo Caballero conseguía que se aprobara la colaboración con los republicanos así como la participación en el futuro gobierno de la República. En aquellos momentos, el viejo principio de no participación en gobiernos «burgueses», temporalmente abandonado por los socialistas franceses, británicos y belgas durante la Primera Guerra Mundial, era respetado de nuevo por la mayor parte de los partidos socialistas europeos; salvo los socialistas españoles.
Tras la instauración de la Segunda República, Largo Caballero, el principal dirigente socialista de aquellos momentos, tenía claro que el objetivo del PSOE era alcanzar el poder en solitario para iniciar su revolución social, por medios legales si era posible, o por otros medios si el enemigo de clase rompía con la legalidad. Tras las elecciones a Cortes de 1933 y la victoria de la derecha, los socialistas manifestaron que la única solución era la disolución de las Cortes y se dispusieron a recurrir a las armas. En noviembre, el Comité Ejecutivo decidió «realizar una acción ofensiva» en el momento en que se produjera una «provocación» por parte de la derecha. Tras las crisis en los gobiernos de la Republica y la entrada en el mismo de tres ministros del partido de derechas CEDA, en octubre de 1934 los socialistas se lanzaron a la insurrección armada, en colaboración con otras fuerzas obreras. Sólo cuajó en Asturias, en pequeñas zonas de Euskal Herria (en Eibar fueron ejecutados por los trabajadores Marcelino Oreja, abuelo del eurodiputado del PP, Mayor Oreja, Carlos Larrañaga, jefe tradicionalista, y Dagoberto Rezusta, diputado por el Partido radical) y en Catalunya en donde se proclamó el Estado catalán. Dada la organización de UGT y PSOE y de la colaboración parcial de éstos con la CNT en determinadas zonas, este movimiento no tendría reivindicaciones nacionales, a excepción de en Catalunya. Tras el fracaso de la misma, el PSOE, que en momento alguno había hecho público sus objetivos revolucionarios, dio marcha atrás, ocultó sus anteriores intenciones revolucionarias y sostuvo que su objeto había sido puramente defensivo, para evitar que la CEDA cumpliera sus propósitos de establecer una dictadura.
El anticomunismo del PSOE
Ante las elecciones de 1936, Indalecio Prieto volvió a plantear el restablecimiento de la relación con los republicanos de izquierdas. Largo Caballero, por el contrario, se mostró contrario y dentro del sector del PSOE que le apoyaba algunos plantearon la «bolchevización» del partido y el acercamiento a los comunistas, quienes tras el VII Congreso de la Internacional celebrado en Moscú, en agosto de 1935, propusieron la creación de un amplio frente anticapitalista. Por el contrario, Indalecio Prieto consiguió que el la ejecutiva del PSOE se manifestara a su favor y Largo Caballero dimitió como miembro de la misma. El partido quedó bajo el poder de Prieto. El PSOE participó en dicho frente político antifascista. Dentro del sector caballerista, muchos militantes se mostraron favorables a la propuesta del PCE de fusionar ambas organizaciones y fruto de ello fue la creación de las Juventudes Socialistas Unificadas en Catalunya, base del nacimiento del PSUC. Las tensiones entre prietistas y caballeristas fueron tales, que el PSOE quedó fuera del primer gobierno del Frente Popular, aunque los primeros eran favorables a su entrada en el mismo.
Al finalizar la guerra civil el PSOE es ilegalizado por el régimen franquista junto con el resto de partidos políticos del Estado español.
Tras la guerra civil, en octubre de 1944, el PSOE, junto a partidos republicanos, la UGT y la CNT formó en Madrid la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), con el objetivo de la «creación de un gobierno democrático», en tanto no se consultara la voluntad popular por el procedimiento de sufragio universal. Este gobierno se encargaría, entre otras cosas, de la «exigencia de responsabilidades», de «destitución de quien haya adquirido cargos al amparo del régimen ilegítimo» o la «reparación de los daños causados a entidades o particulares por el régimen falangista». Tres décadas después, durante la negociación con los sectores reformistas del régimen franquista, para dar paso a la llamada «transición» española, el PSOE optó por la amnesia total y la colaboración con el régimen. Hace poco, el gobierno que preside Rodríguez Zapatero ha conseguido aprobar la conocida como Ley de Memoria Histórica, pero, aún así, el PSOE se niega a exigir responsabilidades, a la reparación de los daños invalidando las sentencias condenatorias de los tribunales militares y especiales franquistas y, lo más grave, a colaborar en el rescate y recuperación de todas las personas asesinadas por el régimen falangista que se encuentran enterradas en fosas comunes. Es decir, el PSOE sigue con su dinámica de no cumplir lo que promete y de colaboración con las fuerzas reaccionarias, así como con el sistema capitalista, colonial y explotador.
Paralelamente a la formación de la citada ANFD, el PSOE continuó con su política anti-comunista. En los congresos celebrados en el Estado francés de 1944 y 1945 se pronunció en contra de cualquier forma de colaboración con el PCE y a favor de deshacer cualquier asociación entre la imagen de la República española y la Unión Soviética. Incluso Indalecio Prieto consideró que, para conseguir el apoyo de las potencias occidentales era necesario alcanzar un acuerdo con los manárquicos juanistas. Consiguió, en la asamblea general de julio de 1947 que el PSOE en Francia, cambiará la política socialista y, fruto de ello, que el secretario general del PSOE, Rodolfo Llopis, dimitiera de su cargo como presidente del gobierno republicano y se diera una nueva crisis en las instituciones republicanas. Algunos historiadores han calificado las actuaciones de Prieto en dicha asamblea como un «verdadero golpe de mano antiestatutario de los prietistas». El caso es que, además de la crisis en las instituciones españolas, la política de Prieto también consiguió que el gobierno de la Generalitat fuese disuelto y que los representantes comunistas que había en el gobierno vasco en el exilio fuesen expulsados del mismo. Prieto volvió a tomar las riendas del PSOE imprimiéndole una dirección anti-comunista y a favor de establecer relaciones con las fuerzas monárquicas. En 1948, socialistas y monárquicos firmaban un acuerdo conocido como Declaración de San Juan de Luz. Un documento lleno de ambigüedades y de tono muy conservador, entre cuyos objetivos figuraba «eliminar de la dirección política del país cualquier núcleo o influencia totalitarios, sean cuales sean sus matices». Al parecer, se olvidaron que ellos mismos habían colaborado con la dictadura de Primo de Rivera.
Durante la década de los años 60 la dirección del PSOE en el exilio continuó optando por una política de relaciones con las demás fuerzas políticas exiliadas, excluyendo a los comunistas, así como por la inactividad de su organización en territorio español. Para preservarla de la represión.
Durante los años de resistencia al franquismo, en el interior del Estado, el PSOE no jugó ningún papel, esta lucha se encontraba fundamentalmente, excepto en Euskal Herria, en manos del PCE (sin olvidar la traición de este partido a la lucha de los maquis desde los años 40 hasta final de los años 50 ni de su traición posterior a los intereses de los y las trabajadoras que habían luchado encarnizadamente contra el franquismo y por una ruptura con el Estado franquista). El PSOE hizo su entrada triunfal en la lucha contra el franquismo depués de su congreso de Toulouse (1972), que realizó con la ayuda (política y económica) de los socialistas alemanes para frenar la influencia del PCE.
Esta actitud se reflejó una vez más cuando en julio de 1974 el PCE impulsó la Junta Democrática Española, que aspiraba a agrupar a toda la oposición a la dictadura con un programa de mínimos. El PSOE se negó a formar parte de la misma, más que por cuestiones políticas por sus recelos respecto al liderazgo del PCE y al crecimiento de grupos socialistas al margen de su organización. En este ambiente, ese mismo año, fue elegido primer secretario del Partido Felipe González. Y un año después se formaba la Plataforma de Convergencia Democrática, impulsada por el PSOE y de la que formaba parte también la UGT, Izquierda Democrática (partido demócrata-cristiano), Unión Socialdemócrata Española, grupos regionalistas –como el PNV- o calificados de ideología marxista-leninista como la ORT y el MCE. Pero mientras la Junta parecía más inclinada a la movilización popular, la citada Plataforma parecía estar más predispuesta a una eventual negociación con los reformistas del régimen.
¿Trato de favor?
El socialismo español de finales de la dictadura franquista siguió con su política de no colaboración con determinadas fuerzas comunistas (PCE) o con los movimientos independentistas revolucionarios (todas aquellas organizaciones que defendieran la acción directa contra el Estado), incluso en el ámbito sindical, únicamente por intereses partidistas. Así, frente a la propuesta de unidad sindical propugnada por CCOO, para hace frente a la política laboral y sindical del gobierno franquista, optando UGT por la división sindical. El sindicato socialista, a diferencia de Comisiones Obreras, apenas tenía estructura organizativa y, mucho menos, experiencia sindical en las empresas. De haberse dado la unidad sindical, consideraron que hubieran ocupado un espacio subordinado a CCOO. Defendieron, por tanto, su modelo tradicional de organización sindical con estructura centralizada y rasgos ideológicos bien definidos; llevando, en la práctica, a CCOO a entrar en dicha vía organizativa, cuando hasta entonces se había definido como un movimiento socio-político (no como un sindicato con estructura perfilada), cuya base de actuación era la empresa y la asamblea el elemento de participación de los trabajadores. Pero una vez más, los intereses partidistas primaron sobre la participación social entre estas organizaciones. Además, mientras que el primer gobierno post-dictatorial continuaba persiguiendo a integrantes de CCOO y asesinando a manifestantes independentistas en las calles en forma de disparos accidentales, autorizó a UGT la celebración de su XXX Congreso en abril de 1976.
Algo similar ocurrió con el PSOE y el resto de partidos no asimilados. Mientras que el primero, aún en situación de ilegalidad, obtuvo autorización para realizar su XXVII Congreso en diciembre de 1976, por ejemplo, los militantes del PCE siguieron teniendo problemas para realizar su trabajo político. En dicho congreso, Felipe González dejó ver claramente su voluntad de que el PSOE participara en el proceso que estaba desarrollando el gobierno del régimen franquista.
Posteriormente, han sido muy conocidos los golpes de mano que Felipe González y el sector que le apoyaba dieron dentro del PSOE. Primero, consiguiendo eliminar la definición marxista del partido, a pesar de que la mayoría de los delegados lo rechazó en el XXVIII Congreso (mayo de 1979). Felipe González dimitió, se creó un vacío de poder, se convocó un congreso extraordinario y los delegados presentes aprobaron las propuestas de González para evitar que el sector de González provocara otra crisis. El punto de mira del PSOE pasó a ser la captación de votantes más moderados y un giro al centro. La entrada en la OTAN fue otra imposición más. Se pasó del «de entrada NO» al «Sí» rotundo propugnado por el gobierno socialista. Y sin olvidarnos, en el ámbito internacional más cercano, del portazo que se dio al apoyo a la causa saharaui durante los gobiernos de Felipe González. Tras los congresos de 1979 y 1981, el PSOE sufrió un proceso de readaptación ideológica más profundo, para convertirlo en un partido de «centro izquierda a la europea», dentro de la llamada socialista europea.
Adelantándose a los comunistas en unos cuantos años (tampoco muchos), los socialistas de los países capitalistas aceptaron las normas básicas de la llamada democracia liberal: elecciones libres, derechos fundamentales y libertades públicas, pluralismo político y soberanía del parlamento, según los planteamientos conocidos de la «democracia» española. Los partidos socialistas se concentraron en reformas socioeconómicas factibles dentro del sistema capitalista. Desde finales de la década de 1950, los partidos socialistas de Europa occidental empezaron a descartar el marxismo, aceptaron la economía mixta, relajaron sus vínculos con los sindicatos y abandonaron la idea de un sector nacionalizado en continua expansión. Intentaron de forma paulatina captar votantes entre la clase media y abandonaron los símbolos y la retórica del pasado. Abogaban por una transición pacífica desde la economía capitalista de mercado hacia el socialismo usando los canales políticos propios de las llamadas democracias liberales, es decir, el parlamentarismo. Además, repudiaban el uso de la violencia política, incluso aunque ésta sea de autodefensa. Lejos quedan aquellos partidos socialistas europeos que habían surgidos, en el último tercio del siglo XIX, como unos partidos obreros, con vocación de partidos de clase, que actuaban en nombre del proletariado como una realidad homogénea y diferenciada y que seguían los planteamientos marxistas.
Euskal Herria y el PSOE
En Euskal Herria también son muchos los ejemplos de este viraje ideológico del PSOE y de colaboración con el sistema capitalista explotador y colonialista. Por citar alguno de candente actualidad, a principios de la década de los años 30 del siglo pasado, el PSOE, durante los debates de definición y redacción del primer Estatuto de Autonomía Vasco, se mostró favorable a un proyecto de autonomía para las cuatro provincias vascas de Hegoalde. En aquella ocasión fue la postura de la derecha española la que echó por tierra esta posibilidad. Para el Aberri Eguna de 1978, nuevamente el PSE-PSOE firmaba, junto con otros convocantes., un documento que afirmaba: «La consecución de un Estado Nacional de Autonomía para Navarra, Araba, Gipuzkoa y Bizkaia es una solución urgente que reclamamos como premisa imprescindible para la normalización de la vida política de Euzkadi. La democracia no será plena para nuestro pueblo en tanto, constitucionalmente, no se reconozca su soberanía y el derecho de autogobierno que posibilite su autodeterminación».
Posteriormente, una vez más daría marcha atrás, alineándose con los sectores reaccionarios y represivos. En junio de 1978, se produciría la separación dentro del PSE y la consiguiente creación del PSN, para dar legitimidad a la división territorial de Hegoalde y poner más trabas a las reivindicaciones de creación de un Estado vasco. Lo que en 1932 y 1978 el PSOE defendía en Euskal Herria, lo negó años después en las negociaciones efectuadas en Loyola entre la izquierda abertzale, el PNV y el propio PSOE. Ni autodeterminación ni Estatuto de autonomía para las cuatro provincias vascas de Hegolade.
El Partido Socialista Obrero Español tiene muchos pasajes «olvidados» en su historia, a los que no quiere dar publicidad ni tampoco hablar de ellos. Muchas renuncias ideológicas con las que cargar y una flagrante colaboración con la dictadura de Primo de Rivera. Bueno será recordárselo cuando hablan de libertad y democracia.
Boltxe Kolektiboa
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