Los Monegros No Se Venden manifiestan su preocupación por la firma de la opción de compra de los terrenos en Ontiñena (Aragón) por parte de ILD, para la realización de la nueva gran ciudad del juego Gran Scala.

Nuestra primera preocupación reside en la amenaza que la declaración de interés general y la expropiación conllevan sobre el derecho a la propiedad, unido, hoy más que nunca a la dignidad y a la defensa de la Tierra. La declaración de interés general de un complejo privado de casinos, actividad considerada ilegal por la legislación vigente, da cuenta de la arbitrariedad y denotación del concepto de interés general. Si los casinos son declarados de interés general, el antecedente creado nos sitúa ante una perversión política y social. Supone la instrumentalización de la administración pública, la de todos los ciudadanos, por parte de unos promotores de dudoso currículum. El derecho a la propiedad y la dignidad y la integridad de quienes no quieren vender, se desvanecen ante el poder político de la expropiación, por un nuevo interés general consistente en construir decenas de casinos. Un interés general pervertido en el que cualquier idea loca puede buscar su realización, hoy decimos casinos, y mañana ni nos lo queremos imaginar.

Nuestra segunda preocupación corresponde al cumplimiento del protocolo, firmado entre la D.G.A. y los promotores de Gran Scala. Tanto en la modificación legislativa, rompiendo el consenso de la actual ley del juego, como en las obligaciones del gobierno en la recalificación de las 2500 hectáreas, que pretende ocupar el complejo, y en la dotación de recursos energéticos, comunicaciones, conducciones de agua, sistemas de depuración, etc. Es pretender crear una nueva ciudad desde la nada para atraer 25 millones de turistas al año. Crear una segunda nueva ciudad donde residan los trabajadores, unos 65.000 que tendrán que emigrar de sus pueblos, para trabajar y vivir en las Vegas de Europa. Algo invaluable y sin importancia para nuestros representantes. Sobran los estudios porque este modelo caduco basa su negocio en la especulación y no atiende al verdadero interés general de desarrollo sostenible y bienestar de la población civil. También es preocupante, observar como el gobierno ha sido incapaz de aclarar las repetidas acusaciones sobre la solvencia económica de los promotores y de sus implicaciones en diversos escándalos financieros. A estas alturas nos produce mucha preocupación tanta irresponsabilidad.

Nuestra tercera y última gran preocupación, durante más de un año hemos manifestado nuestras dudas y nuestras razones contrarías al proyecto. Nosotros somos afectados, ya que nadie nos puede negar la incidencia del proyecto en nuestro entorno y en nuestras vidas. Hemos solicitado la evaluación y el estudio de los impactos sociales, económicos y medioambientales. Hemos planteado nuestra oposición con argumentos, con estudios, con opiniones y con respeto, confiando en un gobierno que debería haber actuado democráticamente, en representación de sus ciudadanos libres, y defendiéndolos independientemente de su postura sobre Gran Scala. El vacío que nos queda es de abandono, de desprecio, de falta de dignidad política y humana, de huída de toda consideración racional, del debate y la razón, todo vendido por el sonido del dinero, por un interés puramente mercantilista y capitalista.