La ministra Garmendia presidió el mayor grupo de presión nacional
España se ve cada vez más sola en Bruselas a la hora de defender los cultivos de alimentos transgénicos. En los últimos meses, países como Grecia, Austria o la República Checa han prohibido la plantación de este tipo de productos dentro de sus fronteras. A ellos se les unieron recientemente Francia y Alemania, que vetaron a sus agricultores el uso de la semilla del maíz de Monsanto, la empresa líder del sector, denominada MON-810, aludiendo a supuestos riesgos sanitarios y medioambientales. Pese al aluvión de prohibiciones, la Administración española continúa defendiendo al sector en Bruselas y nuestro país copa el 80% de la producción de transgénicos de Europa.
Con un Ejecutivo que ha hecho del ecologismo uno de sus pilares, esta actitud podría sorprender, pero sus detractores esgrimen un motivo más que evidente: el lobby del sector ha logrado infiltrarse en el Gobierno. Prueba de ello es que la ministra de Innovación y Ciencia, Cristina Garmendia, ostentaba el cargo de presidenta de Asebio, considerado el mayor grupo de presión de los transgénicos en España, en el mismo momento de recibir la llamada de Zapatero. Su actual jefe de gabinete, Jorge Barrero, era el secretario general.Científicos afines
Además de tener presencia en el Consejo de Ministros, el lobby transgénico tiene también buenos conocidos dentro de la Comisión Nacional de Bioseguridad, el órgano al que el Gobierno encarga la aprobación y la idoneidad de los diferentes transgénicos para la salud y el medio ambiente. Dicho órgano cuenta con 39 miembros, la mayoría desginados por las diferentes administraciones, y sólo siete científicos independientes.
No deja de resultar curioso que cinco de esos siete expertos participen en foros protransgénicos, publicaciones financiadas por la Fundación Antama (fundada por empresas del sector), o sean invitados por Asebio a charlas y encuentros. El caso más llamativo es el de Pere Puigdomenech, cuyo libro ¿Qué Comemos? está a día de hoy a la venta en la web de Monsanto.Con este plantel no extraña que Andoni García, miembro de la ejecutiva de COAG, asegure que ni el Gobierno central ni el de Aragón, la comunidad donde más maíz transgénico se cultiva, hayan remitido a la Confederación comunicado alguno a la manifestación que la pasada semana reunió en Zaragoza a 8.000 personas para pedir el veto a los alimentos transgénicos.
Los agricultores se muestran cada vez más contrarios a la implantación de este tipo de productospor varios motivos. El primero, la pérdida de su autonomía, ya que después de una cosecha transgénica no pueden reutilizar las semillas que naturalmente generan sus plantaciones por estar sujetas a la patente de Monsanto. El segundo, que las plantaciones ecológicas se ven frecuentemente contaminadas por el polen de campos cercanos de transgénicos, convirtiendo sus productos asimismo en transgénicos y siendo susceptibles de ser denunciados por las compañías del sector por no pagar los royalties correspondientes. Además, acusan al Gobierno de ignorar la normativa europea que obliga a tener identificadas las plantaciones de transgénicos y su destino. Según COAG, ningún organismo estatal vigila su cumplimiento.
Por su parte, Monsanto defiende su sector asegurando que las decisiones de Francia y Alemania han sido “meramente políticas y comerciales”, sin base sanitaria, ya que sus productos están avalados científicamente por la UE. “Están vulnerando el derecho de sus agricultores a usar una tecnología que ha avanzado de sobremanera en los últimos años y que otros compañeros de todo el mundo sí pueden utilizar”, sentencian.
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