Estaba cantado. En algún momento acabaría por ocurrir y, desgraciadamente, aquí está: la primera intervención en el sistema financiero acaba de producirse con “dominguidad” y alevosía.
Este pasado domingo, el Consejo de Ministros se reunió para aprobar la intervención de la Caja de Castilla La Mancha (CCM) por parte del Banco de España, aprobándose simultáneamente un decreto ley estableciendo un aval de hasta 9 mil millones de euros para que la autoridad supervisora pudiera hacer frente a la crisis de liquidez de la compañía ante la continuada salida de fondos y la previsible fuga de depósitos tras conocerse la intervención. De esa cantidad, el Banco de España estima que será necesario inyectar, nada más comenzar, entre 2 y 3 mil millones de euros.
Y es que la exposición al riesgo de la entidad financiera en cuestión, como consecuencia de la elevada concentración de su actividad en el sector inmobiliario, hacían prever desde hacía meses este final anunciado.
Con él se inaugura, a mi entender, el verdadero comienzo de la crisis financiera en España.
En efecto, como he defendido en otra parte, la profunda crisis que afecta a la economía española no era, hasta ahora, una crisis financiera y bancaria similar a la que estaba teniendo lugar en otros países.
Grosso modo , podríamos decir que, en España, estábamos ante una crisis de la economía real como consecuencia, es cierto, de razones financieras (básicamente, por la drástica desaparición de la liquidez a nivel internacional que tan necesaria era para que los bancos nacionales siguieran financiando de forma masiva tanto a promotores y constructores como a compradores de inmuebles).
El discurso oficial, sin embargo, siempre ha ido en la línea de atribuir a factores internacionales la aparición de la crisis española para desviar la atención de la cuestión de fondo, esto es, que el patrón de crecimiento de la economía española, basado esencialmente en la construcción y asentado sobre un endeudamiento sin precedentes de las familias y empresas, en algún momento quebraría con virulencia.
Sin embargo, si el factor que acabó desencadenando esta crisis fue de naturaleza internacional no por ello puede afirmarse que la crisis de la economía española es similar a la de otros países. De hecho, un patrón de crecimiento mucho menos dependiente del endeudamiento masivo y una menor importancia relativa del sector inmobiliario hubieran permitido resistir en mejores condiciones los embates de la tormenta financiera internacional.
Así que, de entrada, nuestra crisis ni ha sido una crisis financiera, porque no ha presentado hasta ahora ninguna expresión financiera más allá de la contracción radical de la actividad financiera en su vertiente de operaciones de activo tras la desaparición de la liquidez internacional, ni ha sido una ramificación más de la crisis financiera internacional que ha afectado a otros países. La crisis de la economía española es la crisis de su patrón de crecimiento, de la ineludible conversión de aquello que se publicitaba como un círculo virtuoso que nos acercaba a pasos agigantados a las principales potencias económicas del mundo en un círculo vicioso del que difícilmente se va a poder salir si no es a remolque de la mejoría de otras economías más potentes de nuestro entorno.
Sin embargo, lo que hasta ahora hacía que la crisis de la economía española se hubiese mantenido en el marco de una crisis de la economía real -esto es, una contracción del crecimiento económico y un incremento exponencial del desempleo- con orígenes, como acabo de señalar, en causas financieras ha traspasado ya ese límite. Si hasta ahora las instituciones bancarias y financieras habían tratado por todos los medios de ocultar su situación financiera real -aunque no habían dudado, la mayor parte de ellas, en acudir a las subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros-, la intervención de la CCM supone la primera expresión de que los problemas de la economía real ya han llegado al sector financiero.
Bien es cierto que también podríamos hacer otra lectura en términos de efecto “boomerang”. Y, así, podríamos plantear que lo que está ocurriendo ahora no es ni más ni menos que la resultante de la desaforada actividad prestamista de las entidades financieras (lo que, a su vez, tenía como contrapartida un desorbitado endeudamiento en los mercados monetarios internacionales). Por lo tanto, lo que se viene ahora es que esas entidades comenzarán a sentir en su balance no sólo la presión de los vencimientos de la deuda que emitieron para financiar la burbuja inmobiliaria, sino también el efecto del incremento exponencial de la tasa de morosidad junto con la depreciación del valor de los activos inmobiliarios cuya construcción o adquisición financiaron. Esto es, están recogiendo las semillas de su propia codicia.
Solbes al rescate
Es ahora cuando al Estado le corresponde ejercer su papel siempre funcional a los intereses del capital y, especialmente, del capital financiero.
Si antes había intentado que la CCM fuera absorbida por Unicaja, en franca expresión del sesgo político-partidista que marca la alta gestión de dichas instituciones en nuestro país, el evidente deterioro de la situación patrimonial de la primera hizo recular a la segunda.
Ello venía confirmado por la negativa de Ernst & Young, la empresa auditora externa de CCM, a avalar las cuentas de la entidad del ejercicio 2008 y cuyo plazo para ser presentado por la misma vence el 31 de marzo. Una negativa, por otra parte, completamente lógica si se tiene en cuenta que otra firma auditora, Pricewaterhouse Cooper, había analizado previamente la situación financiera de la empresa y había encontrado un déficit patrimonial de 3 mil millones de euros.
Pues bien, con ese déficit patrimonial lo que resulta de todo punto intolerable es que nuestras autoridades anden mareando la perdiz con un discurso intencionadamente ambiguo y opaco. Es intolerable que, amparándose en el argumento de que aún no se ha inyectado dinero público sino que tan sólo se han avalado operaciones financieras sin coste para el erario común, puedan actuar de forma tan poco transparente.
No sé hasta cuándo vamos a seguir tolerando, por ejemplo, las tomaduras de pelo que suponen las comparecencias públicas del ministro de Economía y Hacienda.
¿Cómo se puede decir que la situación de CCM es producto de una “gestión inadecuada”? Pues, claro, si hubiera sido adecuada no hubiera hecho falta intervenirla. Aunque también tengo mis dudas de que sólo pueda calificarse como “inadecuada” la gestión de una entidad que ha concentrado el 21% de su negocio en el sector inmobiliario.
Pero, además, ¿cómo se puede continuar diciendo que “no estamos hablando de una mala gestión de uno u otro gestor” pero “sí podemos hablar de una gestión inadecuada en el sentido de que la caja no ha sido suficientemente cauta a la hora de invertir en el sector de la construcción”? Parece como si la caja fuera una entidad con capacidad de decisión por sí misma, un ente que decidía, al margen de sus directores, su política de inversión. ¿Cómo podemos permitir que el ministro de Economía no esté exigiendo desde el primer momento la responsabilidad de esa mala gestión al presidente de la CCM, a la sazón ex diputado socialista? ¿Cómo puede calificar la situación de la CCM como de problema de liquidez y afirmar que la caja no tiene ningún “agujero patrimonial” cuando, como hemos señalado, dos auditoras han cifrado el déficit patrimonial en 3 mil millones de euros y el real decreto aprobado el domingo se extienden avales por 9 mil millones? ¿Avales por un billón y medio de pesetas para un problema temporal de liquidez? ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas podrían salvar sus problemas de liquidez, éstos sí ciertos y provocados por el estrangulamiento al que las tiene sometidas el sistema bancario, con esa cantidad de dinero?
Como puede apreciarse, es más de lo mismo: con este tipo de declaraciones el ministro de Economía no hace más que extender una cortina de humo sobre una actuación pública que debería estar regida por la más absoluta transparencia, como sucede en otros ámbitos de la intervención del estado, y como deberíamos exigir los ciudadanos.
Y es que mientras esto último no ocurra seguiremos dando vía abierta a un discurso que antepone el rescate de los bancos al de la desempleados y que, para evitar que el dinero sufra, es capaz de sacrificar a personas.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España). Puedes leer otros textos suyos en su blog "La otra economía".
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