La ley que condenó a Jaume D'Urgell

El art. 543 del código penal dice: "Las ofensas o ultrajes a España, a sus Comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas (...) se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses".

Jaime Richart | Para Kaos en la Red | 8-9-2009 a las 18:17 | 3161 lecturas | 8 comentarios

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  Dice hoy Ignacio Escolar en Público que “en justicia el juez no po­día hacer otra cosa; que el problema está en la ley, que es muy clara.” No estoy de acuerdo. El problema está en interpretar el juez como delito una travesura. D’Urgell no tenía antecedentes, y en tiempos en que la noción de patria es un buñuelo de viento, en que los ejércitos están plagados de extranjeros y los símbolos se llevan hasta en las camisetas, es una desmesura meter en la cárcel a una persona por semejante frivolidad....

  A menudo los jueces buenos y los valientes han de corregir las ideas contenidas en las leyes cuando son mostrencas. Quitar de su sitio una bandera no es un ultraje. Por eso nadie proceso a los funcionarios que la tarde noche del 23F retiraron en muchas dependencias el retrato del rey y pusieron en su lugar el de Franco. Que este juez no sea ni bueno ni valiente, no quiere decir que no hubiera debido atenerse al espí­ritu y no a la letra de la ley, máxime cuando las leyes penales –es doctrina de los jurisconsultos- deben interpretarse restrictivamente a favor del reo.

  Este es un ejemplo del mal de fondo de la justicia española here­dado de la España profunda, de los tiempos de la Inquisición y de los resabios nacionalcatolicistas de la dictadura. El juez típico, en España, no sabe aún qué es magnanimidad, la gran virtud del juz­gador. O carece de ella por un rigorismo religioso personal del que blasona (el caso de aquel juez que se negó a casar a dos lesbianas) o tiene una concepión política que disimula, o teme que se le eche encima esa parte de la sociedad que ordena y manda si no aplica la ley implacable cuando tiene ante sí a un delincuente del montón.

  Así “nuestros” jueces son una de estas dos cosas: o son orde­nan­cistas hasta el ridículo en hechos irrelevantes y reos insignifi­can­tes, como es el caso de Jaume D’Urgell, o, tratándose de inculpados de postín –léase políticos y gentes de buen vivir- que han cometido hechos graves o muy graves, se las arreglan para sacarse de la manga excusas legalistas y absolverlos o para imponerles penas asimismo ri­dículas.   

  Véase, si no, la cárcel de Jaume D’Urgell por este irrisorio hecho, y compárese con estos ejemplos elegidos a voleo: la vida rega­lada que lleva el Aznar que engañó al pueblo español metiéndole sin su permiso en la gue­rra de Irak,  o aquel Alvarez Cascos de la temeri­dad que condujo al desastre del Prestige, que no ha sufrido el más mínimo rasguño pese a ser entonces el máximo responsa­ble y cul­pable de aquel luctuoso hecho, o los “Albertos”, libres...

  Todo esto sin entrar en la cuestión de fondo: la bandera que debi­era o­ndear en  el juzgado en el que Jaume D'Urgell hizo el cambio es, justo,  la republicana.

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