LEY DE PARTIDOS
La vuelta a las leyes franquistas
Cuando Bush anuncia su ofensiva antiterrorista después del 11S nadie dudaba que el alcance de la amenaza iba dirigido no solo contra Afganistán e Irak sino contra todos los trabajadores y los pueblos. La doctrina de la "guerra preventiva" no tenía otro objetivo que imponer su hegemonía en el mundo. Una ofensiva justificada en la lucha contra el terror desatada con auténtica ferocidad en un momento de crisis. Para ello contó con el aval no solo de los lobbies energéticos y armamentísticos yanquis,también con el apoyo de los imperialismos de segunda fila, entre ellos el español. Aznar corrió a fotografiarse y a aprovecharla ofensiva antiterrorista para desatar su particular ofensiva contra los pueblos: había llegado el momento de dar una vuelta de tuerca más para doblegar a la izquierda nacionalista y hacerla desaparecer de la escena política.
Así promovió Aznar el acuerdo con el PSOE sobre la Ley de Partidos. Una Ley que fue aprobada el 27 de Junio del 2002 y supuso una modificación cualitativa de la anterior ley que habíaregulado durante los últimos 25 años las asociaciones políticas. Una ley que contó con el aval no solo del PSOE sino también de CC, CIU, Partido Andalucista y el voto "por error" de Gaspar Llamazares.
Hoy el PSOE, el mismo Partido que creó y financió los GAL, utiliza la Audiencia Nacional, continuadora del franquista Tribunal de Orden Público, para llevar a cabo su ofensiva antidemocrática. La aplicación deLa Ley de Partidos, jaleada por el monarca,se ha convertido en el garrote preferido del Tribunal Supremo y del delfín de la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón.
La Ley de Partidos, retroceso en los derechos democráticos
La ley de partidos permite al Estado vulnerar derechos fundamentales. Esta ley puede ser aplicada a todo partido político que trate de alcanzar objetivos similares a los perseguidos por ETA aunque lo haga por medios pacíficos. Una ley que ha sido tildada de inconstitucional y contraria al derecho internacional por numerosos juristas y organismos internacionales y que introduce un procedimiento desvinculado de cualquier causa penal. Una ley que ofrece al aparato judicial manos libres en su interpretación, al punto que a pesar de que la ley establece que la ilegalización o disolución de una formación "ha de hacerse en función de la actividad y de la conducta o comportamientos que desarrolle", impide la inscripción en el registro de partidos políticos a formaciones políticas con el pretexto de que estas muestran indicios de sucesión o continuidad con las formaciones ilegalizadas, privando a miles de ciudadanos de ejercer derechos elementales de expresión, organización o voto, derechos recogidos en la constitución.
Así se ha puesto en marcha toda una cadena de atentados a los derechos democráticos: además de la ilegalización de Batasuna y el encarcelamiento de cientos de dirigentes y activistas de esta organización,han ilegalizado alPartido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV), a Acción Nacionalista Vasca (ANV) , han disueltoSozialistaAberzaleak (SA). Durante los seis años de vida de la Ley de Partidos Políticos, el TS también ha anulado centenares de candidaturas electorales, o ha impedido la inscripción de agrupaciones políticas, de formaciones como Herritarren Zerrenda (HZ), Aukera Guztiak (AG), Abertzale Sozialistak (AS) y Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB).
Lo que en principio se resolvió para apartar de la escena política a un partido se ha convertido en el mejor instrumento para silenciar cualquier opción política que cuestione al régimen. Unas listas “contaminadas” a su vez “contaminaban” otras, en una sucesión imparable de ilegalizaciones, no por la realización de actividades contrarias a los principios democráticos, sino por la simple ocupación de un espacio ideológico. Poco llegó a importar que el partido en cuestión renunciara a la violencia en sus estatutos, como ocurría con el octogenario ANV, o que hubiera apostado explícitamente por vías políticas para impulsar sus principios, como el PCTV. Bastaba con que hubiera contactos con otras formaciones clandestinas y la negativa a “condenar” la violencia en los mismos términos que PSOE y PP, para que se desencadene sobre él el veto electoral.
Esta ley permite emplearse a fondo en la represión de cualquier manifestación de "violencia", así recoge que: "Dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia" es causa suficiente para ilegalizar una formación política. Como decía aquel: "primero vinieron a por los comunistas....."
Cualquier disidencia política es sujeta a sanción bajo la ley de partidos. Doctrina que al calor de las sucesivas sentencias convierte en colaborador con banda armada a cualquier joven o trabajador que acuda a un mitin, conferencia, manifestación de apoyo al derecho de autodeterminación, (recogido en la carta de derechos de Naciones Unidas), etc. Baste como ejemplo la argumentación de la Abogacía del Estado, reiterativa en las demás ilegalizaciones, que en su pretensión de anular la candidatura de Iniciativa Internacionalista, sorprendía al sostener que una actividad militante "legal" en el año 94, fuera causa de ilegalidad en el 2009. Cosas de la retroactividad de la ley, que hace retroceder los derechos democráticos al tenebroso pasado de la dictadura de Franco, que con aquella famosa "ley de responsabilidades políticas" le permitió ilegalizar y perseguir a los partidos y sindicatos de la República.
Mientras tanto en Euskadi los arrestos, las detenciones arbitrarias, la prohibición de las manifestaciones están a la orden del día. Una represión que se extiende a todo gesto de solidaridad con el pueblo vasco y que alcanza al movimiento sindical y a las luchas obreras y estudiantiles. Ahí está el caso de Cándido y Mórala, la acusación de sedición a los trabajadores aeroportuarios del Prat, las brutales cargas policiales en la Universidad de Barcelona el pasado curso, o las redadas xenófobas y racistas contra los trabajadores inmigrantes.
Ni la propia Corriente Roja quedaba fuera de los embates del régimen. El fiscal del Estado en su escrito para la ilegalización de la candidatura de Iniciativa Internacionalista, que Corriente Roja impulsaba, no escatimó en arañar el archivo policial en busca de "contaminaciones" o pruebas que demostraran la connivencia de esta organización con el "entorno". Así cualquier participación de esta organización, históricamente solidaria y comprometida con los derechos del pueblo vasco y defensora del derecho de autodeterminación de los pueblos, estaba recogida en el escrito del fiscal hasta el mínimo detalle.
El “delito” es que Corriente Roja no condena la violencia en los términos que el fiscal, el PSOE o el PP quisieran. Les da igual aunque la posición de esta organización es clara e inequívoca y está reflejada en numerosas publicaciones: "Desde Corriente Roja hemos manifestado siempre con claridad y reiteramos de nuevo nuestro total desacuerdo con los atentados. Uno de los peores efectos de los atentados es que contribuyen al aislamiento de la lucha del pueblo vasco a lo largo del Estado, dificultando enormemente el trabajo solidario de los que colocamos en un lugar prioritario la defensa del derecho de autodeterminación". Para el régimen Corriente Roja está en el punto de mira.
Lasvoces jurídicas de rechazo a la Ley de Partidos
Esta leyha sido duramente criticada por sectores de la izquierda, por el anterior Gobierno vasco, partidos políticos y asociaciones y especialmentepor juristas de renombre, por el Colegio de Abogados de Barcelonay hasta por el relator de la onU, sin olvidar la propia resolución del Tribunal Constitucional a cuenta de la ilegalización de IISP.
Amparándose en el acuerdo de unidad nacional PP-PSOE, lasleyes se emiten y aplican sin la menor prolijidad.Por ejemplo el Colegio de abogados de Barcelona,en relación con el sumario 18/98señaló:
“se trata, a nuestro entender, de uno de los ejemplos más graves de los efectos extensivos de la aplicación del concepto de terrorismo sobre la disidencia política. Una figura penal que a manera de cajón "de sastre"(…)
Efectivamente, en primer lugar se trata de una estrategia que parte de la extensión del concepto terrorismo sobre la disidencia política.
El mismo Colegio de abogados señala como se vulnera la división de poderes en la que dicen sustentarse los regímenes democráticos. Y de nuevo refiriéndose a la sentencia del sumario 18/98 afirman:
“la Sentencia evidencia una vez más la inexistencia de una clara división de poderes: la acción judicial está sobrecargada de valores políticos más que de los valores jurisdiccionales que deben regirla”
.
Una vez introducido y normalizado el concepto de lucha contra el terrorismoel Estado acaba normalizando las medidas excepcionales:
“significa la normalización de una cultura jurídica de emergencia o excepcionalidad, en la cual se establecen responsabilidades penales difusas y colectivas, absolutamente incompatibles con un sistema democrático “.
(Análisis del Colegio de abogados de Barcelona a propósito del macro-sumario 18/98).
Son estos mismos juristas los que llegan a la conclusión demoledora de que esta práctica
(…) no constituye ningún episodio aislado sino que se enmarca en una estrategia, más global y de larga duración, de criminalización del ejercicio del derecho de opinión, reunión, manifestación, entre de otras, de un sector importante de la sociedad vasca"
En diciembre del 2006 más de 150abogados, yvarios Jueces catalanes reclamaban mediante un manifiesto público laderogación de la Ley de Partidos. El manifiesto, que partía de una iniciativa de dos asociaciones catalanas --la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos (ACDDH) y la Asociación Catalana de Juristas Demócratas (ACJD) pretendía dar un nuevo «impulso» desde las instituciones jurídicas a partir de una toma de posición en favor de la derogación de la Ley de Partidos, del acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas y de la aplicación del «sentido común» en las resoluciones judiciales, reclamando:
“la adopción de iniciativas como la derogación de la legislación y normativa excepcional en materia de terrorismo y la recuperación de la legislación ordinaria penal y administrativa en materia de derecho a la asociación y participación”.
Entre lo que encabezaban ese manifiesto estaban juristas como Rafa Calderón,presidente de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona; Merche García, catedrática de Derecho Penal de la UniversitatAutònoma de Barcelona y miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal; Ester Capella, presidenta de la ACJD; August Gil, presidente de los Abogados Europeos Demócratas o el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
La que fuera Magistrada del Tribunal Supremo y, ni más ni menos, que ex Secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, se declaraba en abril del 2005 partidaria de la “derogación de la Ley de Partidos”. Y en clara oposicióna lo que luego sería la norma de actuación del Gobierno y el poder judicial, afirmaba:
“En el futuro habría que intentar que nadie quedara excluido en unas elecciones y en el debate político.
Más recientemente, en febrero de este año, el relator especial de la onU, Martin Scheinin, señaló que la ley de Partidos “permite considerar como terroristas conductas que no lo son”. Y afirmó además que “impedir la participación de un partido en las elecciones debería de ser algo excepcional".
Martin Scheinin, que es Relator Especial de la onU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, hizo un informe de 26 páginas en el que destacaba que
“la Ley de Partidos puede ser aplicada a todo partido político que trate de alcanzar unos objetivos similares a los perseguidos por ETA aunque lo haga por medios pacíficos”.
Otras de las recomendaciones de la onU en vista del informe de Sheinin se refiere a la Audiencia Nacional. Pide al Gobierno español que "considere la posibilidad de trasladar la competencia para los delitos de terrorismo a los tribunales ordinarios, en lugar de reservarla a un solo tribunal central especializado, la Audiencia Nacional".
Denuncia asimismo que el actual sistema jurídico no permite revisar la sentencia de una persona que haya sido absuelta en la Audiencia Nacional y condenada posteriormente en el Tribunal Supremo.
"Igualmente, recomienda al Estado que reduzca el recurso a la prisión provisional en los casos asociados a la "noción de terrorismo", pide la "completa erradicación de la detención incomunicada, que se apliquen "sistemáticamente" medidas de prevención de la tortura y malos tratos, y que siempre que "haya motivos para creer que se han infligido malos tratos, se proceda a una investigación pronta, independiente, imparcial y completa y se lleve ante la justicia a los autores de esas infracciones".
Así pues, en boca de los propios juristas, la Ley de Partidos, así comolas políticas represivas empleadas por el régimen, vulnera en forma flagrante derechos democráticos básicosal ser una Ley dirigida a perseguir la disidencia política, a normalizar leyes propias de un Estado de excepción, manifestando ademásla absoluta complicidad, la “unidad nacional”, entre la judicatura y el Gobierno de turno.
Baste, por último, comprobar los mismos argumentos del Tribunal Constitucional contra la ilegalización de la candidatura de IISP que a instancia del Gobierno determinó el Tribunal Supremo:
“…aquel voto [se refiera a la Izquierda Abertzale] es tan legítimo como pueda serlo cualquiera en un régimen democrático en el que todas las ideas tienen perfecto acomodo. No entenderlo así supondría cercenar gravemente el pluralismo político, valor fundamental del Estado constitucional democrático”
Por una gran campaña unitaria que exija la derogación de la Ley de Partidos
No han faltado en estos años la respuesta que organizaciones, activistas e importantes sectores de la clase obrera, sobre todo en Euskal Herria, han dado a esta ley y en general a la ofensiva represiva del régimen y su gobierno.
Pero sin duda que en esa lucha, marcó un hito las pasadas Elecciones Europeas y en particular la candidatura de Iniciativa Internacionalista. Una candidatura que puso en jaque al régimen y le puso en un serio apuro, al punto que ha tenido que ser la UE a través del Tribunal de Estrasburgo la que haya tenido que ir en su auxilio avalando la ignominiosa Ley de partidos. Lo que ha dado nuevo aliento al fraudulento gobierno frente españolistaimpuesto en Euskadi a reanudar su espiral represiva.
Animados por esa resolución el gobierno, por boca de Rubalcaba, ha sido claro refiriéndose a la Izquierda Abertzale: “Nunca estarán en las instituciones -incidió- y tienen que convencer a ETA de que deje las armas”. El mismo que decía "o con la democracia o con las bombas", al tiempo que con el tono chulesco que le caracteriza, afirmaba que "nunca se legalizará a HB, ni aún en el caso de que manifieste públicamente su rechazo a la violencia". Una aseveración opuesta a lo afirmado durante la última tregua de ETA, cuando señalaba que bastaría alguna modificación en los estatutos de esta organización y que se presentara bajo otras siglas, para hacer viable su participación electoral.
El Gobierno y todo el acuerdo de “unidad nacional”muestran los propósitos evidentes de esa Ley, impedir a toda costa la expresión de un sector del pueblo vasco y de todos los que osen apoyarles en su lucha por el derecho de autodeterminación.
Por esa razón la lucha contra la Ley de partidos se convierte hoy en la piedra angular de la lucha contra el régimen monárquico y en la mejor demostración de solidaridad con el pueblo vasco y con la perseguida izquierda abertzale.
Desde Corriente Rojavenimos planteando desde las mismas Elecciones europeas y con más énfasis al finalizar estas “la necesidad de desarrollar una Campaña específica contra la Ley de Partidos porque esa Ley, aberrante y fascista, es la que mejor pone de manifiesto el carácter antidemocrático del entramado institucional y su continuidad con la Dictadura”.
Por eso se trata desde ya de tomar como una tarea central impulsar un movimiento unitario de rechazo a la Ley de Partidos. Un movimiento unitario que ha de partir y dar continuidad al proceso de unidad de acción que en este sentido supuso la candidatura de Iniciativa Internacionalista.
Se trata de impulsar un movimiento amplio y unitario, sostenido en el tiempo y dirigido en primer lugara las organizaciones políticas, socialesy sindicales de la izquierda. Una campaña que ha de contar con laspersonalidades, intelectuales y que impulsaron y apoyaron activamente la candidatura de Iniciativa Internacionalista, y que ha de apoyarse también en los juristas que ya se pronunciaron claramente contra esta ley.
Lo sucedido en las recientes Elecciones Europeas brinda este año una oportunidad de oro para hacer del 6 de Diciembre un punto de encuentro unitario estatal en la lucha contra el régimen. Se trata de convertir el día 6 en una jornada de manifestaciones, concentraciones o actos –dependiendo de las fuerzas-, en todo el Estado español, contra la Constitución del 78 y por la derogación de la Ley de Partidos.
Artículo publicado en la revista Marxismo Vivo
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