La Sala del 61 del Tribunal Supremo, encargada de liquidar dos formaciones políticas con acreditado respaldo popular ha decidido «conceder» a los representantes de los grupos de ANV en 125 ayuntamientos la posibilidad de personarse y ser escuchados antes de ser disueltos. ¡Graciosa concesión!
Y al editorialista de «El Mundo» le parecía fatal tanta condescendencia y definía la posibilidad de que al reo se le escuche antes de condenarlo como «una interpretación sui generis de una sentencia del Constitucional».
Insiste, además: «Este criterio es discutible porque, como ha sostenido el magistrado Manuel Marchena, esos grupos tenían la posibilidad de ser escuchados a posteriori del procedimiento de disolución, en caso de impugnar lo que decida el Supremo.
Estudiar las alegaciones de más de un centenar de grupos municipales de ANV (...) comporta alargar el proceso un periodo de tiempo indefinido, probablemente de bastantes meses». ¿A qué vienen tantas prisas? Resulta mosqueante, ¿verdad?
Lo que quiere explicar el presuroso escriba es que «como quiera que las elecciones municipales se celebraron en mayo de 2007, hace año y medio, y que la sentencia de ilegalización de ANV se dictó en septiembre pasado, es muy probable que la disolución tenga que esperar hasta después del verano de 2009, con lo cual el apéndice de ETA habría gozado de más de dos años de legalidad, con las ventajas que ello comporta en forma de prebendas y subvenciones». O sea que a la izquierda abertzale le otorgan «prebendas» y al resto salarios.
«El Mundo» lamenta también «la habilidad con la que los terroristas y sus cómplices buscan vericuetos para eludir la ley o aplazar su cumplimiento. Que ANV pueda seguir recibiendo financiación del Estado en los ayuntamientos y que las leyes permitan que pueda seguir operando con normalidad más de la mitad de la legislatura, demuestra que algo falla en nuestro sistema legal. Si a ello se añaden los titubeos del Gobierno para disolver los Ayuntamientos en los que gobiernan, el resultado es la impunidad de los delincuentes». Llamar delincuentes a cientos de concejales y decenas de miles de votantes es, como poco, una insensatez. Y si te descuidas, un delito. ¿No será que alguien tiembla ante la posibilidad de que se conozca en breve una sentencia del Tribunal de Estrasburgo?
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