La tumba intranquila de Oaxaca
Brad Will, el fotógrafo de prensa estadounidense asesinado durante el clímax de la rebelión en Oaxaca hace dos años, sigue muerto – aunque su espíritu sigue muy vivo.
La muerte de Brad Will sigue persiguiendo a su familia y amigos a ambos lados de la frontera. Por cierto, recientes afirmaciones del gobierno mexicano de que amigos de Brad y otros activistas serían los responsables de su asesinato han provocado una tormenta de amargura, frustración y franca incredulidad.
En un artículo publicado en 25 semanarios alternativos en EE.UU., el año pasado, seguí el rastro de los pasos de Brad Will el día de su muerte.
Toda la mañana del 27 de octubre de 2006, mientras la rebelión por imponer la remoción del brutal gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, escalaba hacia el sangriento desenlace, Will caminó de una barricada a otra entrevistando y filmando a partidarios de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, o APPO.
En Santa Lucía de los Caminos, un suburbio de clase trabajadora de la capital del Estado, los pistoleros de Ruiz acababan de abrir fuego contra militantes de la APPO agazapados tras una barricada en la amplia Avenida Ferrocarril. Cuando los pistoleros desaparecieron por una estrecha calle lateral, Brad siguió a los partidarios de APPO que perseguían a los atacantes, filmando mientras los pistoleros se lanzaban al interior de un complejo bien fortificado en la calle Juárez. Hubo disparos desde las ventanas del piso superior, pero a medida que pasaba la tarde, la confrontación disminuyó de intensidad.
Entonces aparecieron cinco policías locales vestidos de civil a entre 35 y 50 metros de distancia, al comienzo de la calle, y apuntaron sus armas contra los partidarios de la APPO que se aglomeraban alrededor del complejo. Cuando los policías de civil comenzaron a disparar, Brad se volvió hacia ellos, y siguió filmando. Una bala de calibre .38 le dio directamente en el pecho. El impacto hizo que soltara su cámara de vídeo y se volviera hacia la izquierda, y una segunda bala le dio en su lado derecho, destruyendo órganos vitales. Mortalmente herido, Bad Will cayó sobre la acera mientras las balas seguían estallando alrededor.
Los nombres de los asesinos de Bad Will son: Abel Santiago Zarate alias "El Chino", Manuel Aguilar alias "El Comandante", Juan Carlos Soriano alias "El Chapulin", Juan Sumano, y Pedro Carmona, detective de Santa Lucía con una temible reputación, quien parecía dirigir la operación. Una foto de los cinco asesinos disparando sus armas fue publicada el día siguiente en la primera plana de El Universal, uno de los diarios más importantes de México, y desde entonces ha aparecido en todo el mundo.
Arriesgando sus vidas bajo el aluvión de balas disparadas desde la calle Juárez, cuatro jóvenes corrieron hacia el cámara que todavía respiraba y lo llevaron apresuradamente a la vuelta de la esquina, fuera de peligro, donde se quedó muriendo en la acera. El Volkswagen blanco de Gualberto Navarro estaba estacionado a unos pocos metros. Acostaron a Brad en el asiento trasero. El fotógrafo Gustavo Vilchis y Leonardo Ortiz acompañaron al moribundo periodista estadounidense al hospital – Vilchis le aplicaba continuamente respiración boca a boca para mantenerlo en vida. El cuarto rescatador, Miguel Cruz, no partió con ellos.
La tarea de llevar a Brad Will al hospital de la Cruz Roja en la ciudad de Oaxaca se convirtió rápidamente en una trágica comedia de errores. El VW se quedó sin gasolina después de algo más de un kilómetro. Leonardo y Gualberto trataron de parar un taxi pero ninguno se detuvo. Comenzó a llover. Finalmente, el conductor de una camioneta pick-up se compadeció y cargaron a Brad Will en la parte trasera, pero falleció en camino antes de llegar al hospital de la Cruz Roja.
Dos de los tiradores, agentes de la policía de Santa Lucía, fueron brevemente detenidos, les examinaron sus pistolas de .38, y luego los liberaron. 13 días después, la procuradora del Estado de Oaxaca, Lizbeth Caña, operadora política de Ruiz que ahora sirve al gobernador como enlace con la legislatura estatal, culpó por el asesinato de Brad a los cuatro jóvenes que arriesgaron sus propias vidas para tratar de salvar al periodista basado en Nueva York. Caña mintió al decir que sus rescatadores le habían dado el tiro de gracia en camino a la Cruz Roja – evidencia fotográfica muestra claramente que Brad había recibido dos tiros antes de ser llevado a la ciudad. El motivo para el asesinato, según Lizbeth Caña, fue “internacionalizar” el conflicto en Oaxaca.
La "Fabricación de culpables" es un elemento básico en la industria de la justicia mexicana.
Aunque las extrañas afirmaciones de Caña nunca llegaron más allá de la prensa local, acusaciones de haber secundado e instigado a la ejecución de Brad Will fueron resucitadas por el subprocurador federal Víctor Camilo Corzo en una conferencia de prensa el 19 de octubre en Oaxaca cuando Corzo implicó que los presuntos salvadores del fotógrafos habían participado en un encubrimiento para ocultar la identidad del que describió como el “verdadero asesino:” Juan Manuel Martínez Moreno, partidario de la APPO y director de actividades deportivas en la ciudad de Santa Lucía de los Caminos. El subprocurador federal afirma que Martínez Moreno estaba parado junto al periodista y disparó a Will desde una distancia de menos de dos metros.
En el tipo de ejercicio en hipocresía por el que se destaca la justicia mexicana, el subprocurador federal se hizo acompañar por Octavio Orellana Wiarco a quien el gobierno de Felipe Calderón ha designado para investigar crímenes contra periodistas. 20 periodistas mexicanos han sido asesinados en los últimos siete años. – Orellana Wiarco no ha solucionado ni un solo caso.
Según Corzo, dos testigos anónimos (después se reveló que se trataba de un ex cámara de Televisa y del sobrino del alcalde de Santa Lucía de los Caminos que supuestamente ordenó a los policías que actuaran) identificaron a Martínez Moreno como la persona que gritó a Will que dejara de firmar – la advertencia fue grabada en la cinta recuperada de la cámara de Brad. Aunque al parecer ninguno de los testigos vio a Martínez Moreno disparar dos balas de calibre “.9 mm” a Brad, ha sido acusado de su asesinato – el cambio del calibre de las balas de .38 mm como cita el informe oficial de autopsia a .9 mm parece diseñado para sacar de una situación difícil a los policías de Santa Lucía.
A Juan Manuel Martínez Moreno lo detuvieron de inmediato y ahora está encarcelado en el temido penal regional Santa María Ixcotel de Oaxaca.
Las afirmaciones del gobierno mexicano son contradichas vehementemente por expertos forenses de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una agencia gubernamental, y por Médicos por los Derechos Humanos, una onG a la cual los padres de Brad solicitaron que investigara el asesinato. Por cierto, ambas organizaciones han concluido que Brad Will fue muerto por una bala de calibre .38 disparada desde 35 a 50 metros. La ausencia de quemaduras de pólvora en la ropa de Brad es un indicio obvio de que no le dispararon de cerca como afirma el subprocurador federal.
Las acusaciones del subprocurador son “infundadas e inexactas” según el doctor Epifanio Salazar, experto forense del CNDH – el doctor Salazar dirigió anteriormente los servicios forenses del departamento federal de justicia. Las observaciones de Salazar fueron hechas después del arresto de Martínez Moreno y de otro partidario de la APPO, Octavio Pérez Pérez, quien ha sido acusado de participar en el “encubrimiento.” Otros ocho autos judiciales están pendientes, en los que se cree incluyen a Gualberto Navarro, Gustavo Vilchis, Leonardo Ortiz, y Miguel Cruz.
El asesinato de Brad Will el 27 de octubre de 2006 sirvió de luz verde para que el presidente mexicano de entonces enviara miles de policías federales (PFP) entrenados por los militares a Oaxaca para reprimir brutalmente la rebelión. Cientos de partidarios de la APPO fueron encarcelados y torturados durante la represión. La decisión de Fox de enviar a los PFP fue elogiada por el embajador de EE.UU., Tony Garza, quien acusó en la noche del asesinato de Brad a la APPO de incitar a la violencia.
Desde el comienzo, la investigación federal del asesinato ha sido coloreada por la “política,” acusa el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, que usualmente no se destaca por ser muy vocal cuando se trata del asesinato de activistas por el gobierno. (Se dice que Soberanes es miembro muy apreciado en la confabulación católica conservadora, Opus Dei.) ¿Por qué, después de dos años de pereza el gobierno aclara repentinamente el caso 15 días antes del aniversario del asesinato? preguntó el defensor del pueblo. Su respuesta: La Comisión Nacional de Derechos Humanos había insistido en que el asesinato de Brad fuera resuelto antes del segundo aniversario de su asesinato.
Además, Soberanes sostiene que el Departamento de Estado de EE.UU. ha estado presionando al gobierno de Calderón para que resuelva el caso antes de liberar 1.400 millones de dólares en fondos contra la droga asignados bajo la así llamada “Iniciativa Mérida.”
El verano pasado, durante audiencias en el Congreso sobre la iniciativa contra la droga, un grupo de amigos de Bad Will cabildeó considerablemente ante la Cámara de Representantes y al Senado de EE.UU. para que no liberaran ningún fondo para rearmar a las fuerzas represoras de seguridad hasta que se aclarara el asesinato del periodista fotográfico. Un resultado de su obstinación: el senador Patrick Leahy (demócrata de Vermont) incluyó una frase en la autorización de la Iniciativa Mérida solicitando que se acelerara la investigación.
Este viernes (24 de octubre) después del arresto de Martínez Moreno, el zar de la droga de la Casa Blanca, John Water, anunció que el dinero de Mérida iba finalmente en camino a México. Mientras tanto, Harry Bubbins, jardinero comunitario, y Rob Jereski, dos de los asociados más cercanos de Brad Will en el Lower East Side de Nueva York, estuvieron en huelga de hambre delante de las oficinas en Park Avenue de la senadora Hillary Clinton exigiendo que Clinton intervenga en el encubrimiento y el montaje.
La facilidad con la que el gobierno mexicano ha extendido la impunidad a los cinco asesinos policiales de Santa Lucía de los Caminos es notable y sólo puede haber sido ordenada desde arriba. El modus operandi usual del sistema de la justicia mexicana es “sacrificar” a los asesinos del gobierno y proteger a lo que aquí llaman “autores intelectuales” de semejantes crímenes violentos. Pero acusar a la policía del asesinato de Brad Will hubiera apuntado a la colaboración del gobernador Ruiz y de su partido, el otrora gobernante (durante 71 años) PRI, y habría introducido una cuña entre el PRI y el derechista PAN de Felipe Calderón en un momento en el que el presidente elegido bajo circunstancias dudosas, necesitaba desesperadamente el apoyo del PRI para hacer pasar su paquete legislativo por el congreso mexicano.
Muy arriba en esa lista de deseos legislativa estaba la así llamada “Reforma Energética,” es decir la privatización de la compañía petrolera nacionalizada PEMEX. La apertura de PEMEX a la inversión privada por transnacionales basadas en EE.UU. como Exxon y Halliburton ha sido desde hace tiempo una prioridad para Washington cuyos intereses en México ha jurado defender el embajador Garza.
El jueves pasado (23 de octubre) después de meses de enconados pleitos en el Senado mexicano, el PAN y sus aliados del PRI terminaron por aprobar la “reforma” de privatización de Calderón – aunque la medida no incluye todo lo que querían los gigantes del petróleo, les permite poner su pie en la puerta de PEMEX. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, a quien millones de mexicanos creen que Calderón robó la elección en 2006, unos pocos meses antes de que ametrallaran a Brad, se opuso vigorosamente a la medida. El golpe del PRI y del PAN fue votado en un edificio de oficinas del Congreso bajo fuerte protección del PFP en lugar de hacerlo en el Senado, que estaba rodeado por miles de manifestantes.
Trágicamente, Brad Will muerto se ha convertido en un peón en ese cínico juego del poder del gobierno de Calderón y del definitivamente corrupto PRI.
Brad Will no fue la única víctima del caos homicida de Ulises Ruiz, aunque su muerte es una de las pocas que han llegado a ser investigadas. 26 víctimas perecieron bajo las balas de las armas de Ruiz entre agosto y octubre de 2006. Ahora, cuando los Días de los Muertos vuelven a México, los “muertos” de Ulises siguen clamando justicia desde sus tumbas intranquilas.
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