La causa mayor del descenso tan marcado de estos partidos se debe a una causa que no está teniendo visibilidad mediática: la transformación de la gran mayoría de ellos en partidos socioliberales; es decir, en partidos que han asumido como suyos los postulados liberales, desarrollando políticas públicas que han incluido la dilución de derechos sociales y laborales, la austeridad del gasto público (incluido el social), la privatización de los servicios públicos, la desregulación de los mercados laborales, la reducción de los impuestos y la disminución de la progresividad fiscal. Sus políticas públicas han sido la versión light de las políticas liberales promovidas por el establishment europeo, incluyendo el Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Tribunal Supremo Europeo e, incluso, la mayoría del Parlamento Europeo.

Una consecuencia de estas políticas liberales ha sido un gran crecimiento de las desigualdades en Europa, con un exuberante aumento de los beneficios empresariales y de las rentas superiores, a costa de un notable descenso de las rentas del trabajo y del bienestar de las clases populares (ver mi artículo “Qué pasa en la Unión Europea”, Público, 21-05-09). Esta polarización social explica que hayan sido estas últimas (las clases trabajadoras y las clases medias de renta media y baja) las más afectadas negativamente por aquellas políticas liberales, lo cual explica su rechazo hacia la manera en la que se ha estado construyendo esta Europa.

Recordemos que la mayor oposición a la Constitución europea en Francia, Holanda e Irlanda ocurrió entre las clases trabajadoras en estos países. El 79% de la clase trabajadora en Francia, el 68% en Holanda y el 64% en Irlanda votaron en contra de la Constitución, y el 69% en Alemania, el 72% en Dinamarca, el 74% en Suecia y el 62% en Bélgica indicaron que habrían votado en contra si hubiera habido un referéndum sobre la Constitución europea en su país.

En todos estos países, el mayor apoyo a la Constitución vino predominantemente del tercio de la población de renta superior del país. Estas clases –que fueron las que más participaron en las últimas elecciones parlamentarias– se beneficiaron de cómo se está construyendo la Unión Europea. Sus rentas han aumentado durante este largo periodo liberal. Y en la crisis actual han sido las menos perjudicadas. En realidad, en todas las elecciones europeas ha habido un comportamiento electoral diferencial por clase social, que ha beneficiado a los partidos conservadores y liberales (cuyas bases electorales han participado en mayores porcentajes que las clases populares) y que ha perjudicado especialmente a los partidos socialdemócratas (cuyas bases se han abstenido masivamente, hecho que ha ido incrementándose hasta alcanzar su máxima expresión el pasado domingo). Este comportamiento electoral diferencial por clase social, que caracterizó las elecciones europeas, ha sido incluso más intenso en los países donde la socialdemocracia descendió más (como Gran Bretaña y Alemania).

Por otra parte, no es cierto que Europa se haya movido a la derecha. En realidad, el porcentaje de población en los países de la UE que considera que 1) las desigualdades sociales son demasiado grandes (72%); 2) hacen falta medidas redistributivas que reduzcan tales desigualdades (68%); 3) debiera aumentarse la progresividad fiscal (64%); y 4) debieran expandirse los derechos sociales y laborales (76%) ha alcanzado los niveles más altos de los últimos 30 años. Y, en cambio, ninguna de las medidas propuestas por el establishment político-económico-financiero y mediático de la UE (incluyendo los partidos socialdemócratas) ha tenido como objetivo explícito atender a este deseo popular. No es, pues, el proyecto socialdemócrata el que está en crisis, sino los partidos socioliberales que se han ido distanciando de los valores socialdemócratas.

Dos últimas observaciones. La primera es que los partidos de derechas intentan aumentar su apoyo electoral promoviendo un mensaje nacionalista anti-inmigrante que moviliza a sectores de la clase trabajadora que se sienten amenazados en sus puestos de trabajo y en los servicios públicos (como las escuelas) por la inmigración. La defensa que han hecho la socialdemocracia y otros partidos de izquierda de la integración de Turquía en la UE representa una amenaza para la clase trabajadora no cualificada, que explica el apoyo de sectores de tales clases a las derechas anti-inmigrantes.

La segunda observación es que en España el Partido Socialista gobernante ha descendido menos que los otros partidos socialdemócratas europeos, pero está perdiendo apoyos, lo que se debe a sus políticas económicas de corte liberal, que limitan el desarrollo del componente social de su programa, lo cual está desmovilizando a sus bases electorales, que contrastan con la movilización de las derechas alrededor del proyecto nacional católico, heredero del régimen anterior.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.