El monopolio del suelo urbanizado por parte de los grandes constructores y de las inmobiliarias ha ocasionado un alto grado de especulación. La aparición de toda una serie de promotores, intermediarios, banqueros y especuladores hacen que el valor de la vivienda haya subido un 30% y el precio del suelo se haya encarecido un 90%, mientras que los salarios han subido una media del 6,3%, haciendo que la vivienda sea inaccesible para los jóvenes y no tan jóvenes.

Las y los trabajadores que consiguen un avalista y/o contrato indefinido se endeudan en unas hipotecas multimillonarias que los obligan a aceptar condiciones laborales precarias, eso en el caso de poseer un empleo.

Una de las consecuencias inmediatas de la crisis económica ha sido el desempleo. Esta situación de precariedad generalizada complica de una manera desorbitada la posibilidad de emancipación familiar y provoca todo lo contrario: dependencia familiar y la imposibilidad de desarrollarnos como personas adultas. En definitiva, si no hay estabilidad laboral, no habrá vivienda estable.

La juventud debe comprender que el sistema capitalista no va a resolver el problema. Es preciso entender que la solución al problema de la vivienda pasa por el Socialismo.

Un buen ejemplo lo encontramos en Marinaleda, un pueblo de Sevilla, cuyo Ayuntamiento liderado por Juan Manuel Sánchez Gordillo, dispone de un sistema de autoconstrucción de viviendas llevado a cabo desde hace 25 años.

El mencionado sistema consiste en expropiar el suelo y luego municipalizarlo, urbanizarlo y cederlo gratuitamente al autoconstructor, al igual que los materiales que se consiguen mediante convenios con la Junta de Andalucía y obras del PER (Plan de Empleo Rural). También se ceden gratuitamente varios albañiles para que dirijan las obras. Así mismo, el proyecto técnico de las viviendas que realizan los arquitectos es gratuito. En este proyecto pueden participar los autoconstructores para modificar aquellas cosas que mejoren sus viviendas.

Por último, el autoconstructor decide colectivamente el precio de lo que va a pagar al mes por una vivienda que será luego de su propiedad. Todo el proceso se realiza de manera autogestionada y asamblearia.

En Marinaleda, un joven accede a una vivienda pagando quince euros al mes, y no hablamos de pisos tipo “caja de cerillas”, los adosados cuentan con tres habitaciones, cuarto de baño y 100m2  de patio.

Además, el tiempo de trabajo que el autoconstructor ha empleado en hacer la vivienda se le descuenta del precio total.

Debido a este sistema se han construido más de 350 viviendas en un pueblo de no más de 3.000 habitantes y en los próximos meses se espera la gestación de otros tantos hogares, el único requisito es no tener una vivienda.

Este sistema también se aplica a guarderías y otros equipamientos, porque como insistió Gordillo: “el bienestar colectivo no debe tener límite”.

Por ello, creemos que los remedios al problema de la vivienda no están tan lejos, y con voluntad política se podría solucionar.

Por todo lo esxpuesto, la UJCE exige:

-                  El derecho para todas las personas a una vivienda digna. La vivienda no es una mercancía con la que especular y lograr beneficios. La vivienda es un bien social.

-                  Construcción de viviendas públicas a precios asequibles para todas las personas sin tener que hipotecar su vida.

-                  Que se facilite el acceso a la vivienda por parte de la juventud y aquellos sectores con dificultades para acceder a una.

-                  La expropiación de viviendas vacías de protección oficial o subvencionadas con dinero público para los colectivos sociales que las necesiten.

-                  La despenalización de la ocupación y fin de la criminalización y represión al movimiento okupa, que pretende cubrir necesidades de vivienda y/o organizar centros sociales como medios de expresión social y cultural.

-                  La moratoria en el pago de las hipotecas para desahogar la situación crítica de las hundidas economías familiares con sus consecuentes problemas humanos y sociales.

-                  Una investigación y auditoría a los bancos y las inmobiliarias que especularon y sobrevaloraron el suelo.

-                  Que se exijan responsabilidades a los culpables de una crisis que la están pagando los trabajadores y las trabajadoras.

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