La justicia española vive sus peores momentos de descredito al defender la impunidad de violadores de los derechos humanos, tras ordenar que se archive una querella interpuesta al ex presidente José Maria Aznar por su implicación en la guerra contra Iraq, y revocar el procesamiento de tres militares norteamericanos que asesinaron en Bagdad al periodista José Couso.
En menos de una semana, la sala de lo penal del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional de ese país europeo decidieron, respectivamente, cerrar esos dos procesos judiciales que involucran a Aznar en crímenes de guerra, y a los soldados estadounidenses en la muerte en 2003 de Couso, reportero español que laboraba como camarógrafo en Bagdad luego de Washington perpetrar la sangrienta invasión a Iraq.
Ambas determinaciones han puesto en tela de juicio no sólo a las instituciones legales españolas, las que han sido fustigadas por amparar a violadores de los derechos humanos y hacer triunfar la impunidad, sino también a las autoridades de ese estado ibérico por permanecer inertes ante esos hechos.
Medios políticos y periodísticos en Madrid han criticado severamente tales actuaciones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, al tiempo de subrayar que en el caso de Couso se han impuesto la sumisión y el crimen sobre la Ley.
Por su parte, la familia del periodista asesinado reiteró en un comunicado el pasado martes que su lucha por la justicia continuará, y que recurrirán al amparo del Tribunal Constitucional para que el proceso contra los militares homicidas de Couso no pueda cerrarse definitivamente.
Asimismo, denunciaron la postura obstruccionista de la Fiscalía y de algunos magistrados que sólo buscan bloquear la investigación de la muerte del joven camarógrafo español, en la que hay indicios claros de una vulneración del Derecho Internacional Humanitario, que supondrían un crimen de guerra.
De otro lado, la Plataforma Juicio contra Aznar, que integran más de 20 mil españoles, colectivos sociales y fuerzas progresistas, reveló que agotará el proceso, llegando incluso a la Corte Penal Internacional (CPI).
En otro comunicado divulgado este viernes, esa organización aseguró que la decisión del Tribunal Supremo no contiene los mínimos argumentos jurídicos para acordar la inadmisión a trámite de la acusación contra el ex jefe del ejecutivo de Madrid.
La Plataforma anunció de igual modo que si se agota la vía interna, acudirá al CPI porque están en juego principios, valores y derechos contemplados en la Constitución española, como la justicia o la igualdad ante la Ley.
El texto de la querella interpuesta a Aznar expresa que la implicación de España fue “total y absoluta” por responsabilidad del derechista ex gobernante de ese país y otros dos ministros de su ex gabinete, quienes apoyaron política y militarmente al ex régimen del mandatario norteamericano George W. Bush en su invasión a Iraq.
Concluye que los atentados terroristas en Madrid del 11 de marzo de 2004, que causaron la muerte a 192 personas y heridas a otras dos mil, fueron consecuencia directa de la participación española en la ilegal agresión liderada por Bush.
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