(Dedicado al Fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, al juez Ismael Moreno, y a sus colegas Ángela Murillo, Grande-Marlaska, Eloy Velasco, Baltasar Garzón y demás profesionales, que aún aseguran que la justicia existe en España)
Como suele afirmarse con una buena dosis de sarcasmo, existen términos antagónicos como música y militar. Conceptos contradictorios, como monarquía y honestidad, como gobierno y transparencia, como democracia y golpe de estado. Lo mismo que Justicia y España.
Pedro Pacheco, cuando fungía como alcalde de Jerez de la Frontera, alcanzó la cumbre de su carrera política, cuando pronunció en 1985, tras la suspensión de una la orden de derribo en un chalet, una de esas frases tan espontáneas como veraces, y algo más cabales que las que acostumbran a soltar los sesudos expertos en leyes, que rezaba: “La justicia es un cachondeo”. El funcionario logró con ella un suspiro de satisfacción de millones de ciudadanos, que no se atrevían a emitir un juicio de tal calibre. Los años han dado la razón al entonces munícipe. Tal vez, el chascarrillo haya perdido gran parte de su primitivo impacto, pero sigue vigente y, lo que es peor, tan cierto como que Kaos tuvo en 2009 más de seis millones de visitas.
Veinticinco años después, el chiste parece haberse se quedado corto; y eso que en aquel año fue lo más grave que se había oído en la historia del neo franquismo contra un poder del estado; ése que dice ser ciego, sordo y mudo, sobre todo si se trata del Rey, cuando este se niega a condenar los crímenes de su admirado padrino y mentor. Y es que el ministro del ramo sabe, pero no se atreve a explicar por qué, se dan normas como esa que viene a decir, en el lenguaje de Pacheco, que “La Constitución consagra a su majestad como un ciudadano que puede delinquir cuando le salga de las pelotas”, con lo que el artículo al que me refiero resultaría más comprensible para el pueblo llano, que no en su definición oficia, tan eufemística como afirmar que Zapatero “ve más empleo a final de año”, como si fuera un aficionado a vidente de una pantomima. Dígame, señor Caamaño: ¿Son los españoles iguales ante la ley? Espere, no responda tan rápido, que me voy a atar la faja, no sea que me desternille.
Hace unos meses, cinco miembros de una banda de atracadores de bancos, que operaba principalmente en la localidad madrileña de Aravaca (Madrid), fueron detenidos cuando intentaban entrar en una entidad bancaria por el conducto de ventilación; pero un timbre pulsado hábilmente por un empleado, sirvió para que la policía cumpliera con su cometido y detuviera a los facinerosos. Sin embargo, a la hora de la verdad fueron puestos en libertad, ya que el fiscal no solicitó la medida de prisión preventiva. ¡Toma del frasco¡ He ahí un acusador con buen corazón, al que sería imposible presuponerle amistad o nexo sanguíneo con cualquiera de los arrestados. Debió interpretar el delito con una comprensión rayana en la beatitud.
El año pasado, un juez de Barcelona condenaba a un año de cárcel a un mendigo que robó media barra de pan, porque este había agarrado por el cuello de la bata a la dependienta. El implacable magistrado consideró que el hambriento empleó un medio violento e intimidatorio para conseguir su botín. ¡Nada menos que un chusco…¡ Resulta evidente que en la sala no se encontraba un fiscal tan bondadoso como el del párrafo anterior. La sentencia condenaba al indigente por un delito de robo con violencia e intimidación y, para colmo, fue juzgado en rebeldía, al no haber acudido a su juicio dado que, en su condición de mendigo, ni siquiera pudo ser citado a la vista, por carecer de domicilio estable. Sin techo, sin trabajo, sin dinero, sin pan, pero con una condena firme. Eso es justicia, qué leches.
Ese mismo año, otro juez de lo Penal, en Jaén, condenó a cinco años de prisión a un vecino de la capital, de 33 años de edad que, bajo la amenaza de una navaja, robó un euro a un transeúnte. La sentencia especificaba que los hechos se desarrollaron, cuando el condenado se acercó a una persona y le pidió dos euros, a lo que la víctima le respondió que no tenía esa cantidad. Y era cierto. Tanto como la chaira, que sería de Albacete, digo yo.
También en esa ciudad andaluza, María Alonso Martínez fue condenada a 45 días de prisión y un año de alejamiento, por el delito de maltrato, al haber dado una bofetada a su hijo, que no había hecho los deberes del colegio. Era más comprensible que le hubiese atracado, aunque no era seguro que la sentencia fuese tan benigna como en Aravaca con aquellos ladrones de joyerías. Le queda el consuelo de poder gritarle, durante doce meses, desde la lejanía: “Niñoooooo, haz la tarea o te mando a un Rubalcaba¡”
Esto días son juzgados en Mieres (Asturias), por tráfico de hachís (me niego a llamar droga a semejante invento), algunos de los presuntos cómplices de quienes cometieron el aún no aclarado atentado del 11-M en Madrid, que al parecer participaron en el transporte de una parte de los explosivos utilizados en aquel repugnante crimen. Les piden 4 años de cárcel. Claro. Un juez a lo Velasco, a lo Murillo, a lo Moreno, a lo Garzón, a lo Grande-Marlaska, deduce: “Llevan bombas sin ikurriña; ergo, no son ni de ETA, ni independentistas. Luego no son asesinos”. Puro ejercicio de silogismo inteligente.
Un presunto delincuente como José María Aznar, aún no ha sido siquiera procesado por falso testimonio en aquella matanza (culpabilizando a ETA), que mintió igualmente sobre los motivos por los que España se involucró en la invasión de Irak, que hasta hoy ha dejado más de un millón de víctimas. Aznar unió su vesania, su miseria moral y política a la de terroristas como Tony Blair y George W. Bush. Todo fue mentira. Reconocido hasta por el The Washington Post. Y está en libertad, como sus cómplices en el genocidio.
Hay ciudadanos que delinquen, como vemos, pero son tratados de forma diferente, ya que distintos son, a su vez, los criterios sobre la legitimidad de la muerte violenta. Sin embargo, un sacerdote, obispo o fraile, que haya disculpado tales delitos, bendecido las torturas, cometido abusos sexuales, tiene la libertad casi asegurada. Se comprueba en el caso de Obispos y Cardenales de la Santa Iglesia, en dictaduras como la de Chile, Argentina, España, Uruguay, Paraguay, Colombia, Honduras. O en el de Ramón Benítez, cuya condena por pederastia no fue obstáculo, para que este profesor de 39 años se haya apuntado en la bolsa de trabajo del Gobierno de Canarias para dar clases en la enseñanza pública como maestro sustituto. Claro que el reo no les robaba el pan, ni un euro, a esos adolescentes. Como los religiosos aludidos, desarrollaba su amor al prójimo de una manera algo autoritaria, pero con Dios por testigo, aunque Stephen Hawking diga que la existencia ese ente es tan irreal como la honradez de Felipe González.
El escritor y dramaturgo chileno Ariel Dorfman, antiguo consejero cultural del presidente Salvador Allende explicó que "España era considerada en el mundo entero como defensora de la Justicia y los Derechos Humanos, y ahora se ha convertido en el hazmerreír de la humanidad"
Mi admirado amigo y compañero en las tareas periodísticas de aquí y de allá, Marcos Roitmann, Doctor en Sociología. Profesor Titular de estructura social de América Latina en la Universidad Complutense de Madrid, apunta: “La jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños, cometidos en otros países, mientras miraba hacia otro lado respecto a los crímenes cometidos en España. En los archivos históricos de Alcalá de Henares, dirá, se contabilizan 300 mil ejecuciones y más de 3 millones y medio de personas torturadas y represalias. La derecha y el gobierno duermen tranquilos. Los crímenes de la dictadura seguirán impunes. La justicia en España es una quimera”
El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica por qué el Gobierno, o los jueces, deben colaborar en la investigación de las fosas: "Cuando escucho hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca, veo la necesidad de recordar que son asesinatos extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no investiguen podrían estar prevaricando al incumplir la ley actual de Enjuiciamiento Criminal, que exige al juez que reconozca los cadáveres y si luego decide que el caso ha prescrito, lo hará a posteriori".
El Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias añade que "El Gobierno viola los derechos humanos de los familiares de las víctimas al no investigar". Y añade: "Es inhumano y cruel que se torture a las familias de estas víctimas que quieren saber donde están enterrados sus seres queridos"
El abogado Francisco Rubiales es más radical aún: “La Justicia española se encuentra en un calamitoso estado de coma, generando desconfianza y desasosiego en unos ciudadanos que toman conciencia de la pésima calidad de la democracia española y de la estafa del Estado”.
O como apuntaba certeramente otro admirado colega, Jaime Richart: “Es manifiesto el influjo del franquismo en jueces que provienen directamente todavía de aquella sociedad, y en los que, sin venir de entonces, se inclinan por la justicia del autoritarismo cuando la aplican a los débiles, y por la justicia que satisface el interés privado cuando está por medio un poderoso”
Pedro Pacheco se quedó corto. Muy corto. Lo suyo fue producto de una pataleta, más que una seria reflexión. La Justicia es España es un chiste de humor negro. Son, como digo y sostengo, conceptos antagónicos. Y además, hieden a neo franquismo por todas partes. Y donde no hay justicia no existe la democracia.
Notas.-
La Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, fue aprobada por el Plenario del organismo internacional el 10 de diciembre de 1984, ratificada por el Estado español, entrando en vigor en España en octubre de 1987, es decir, tres años después.
Se puede visitar la página http://www.prevenciontortura.org para obtener más información acerca de las violaciones cometidas en España. Ignoro si los magistrados de Bélgica conocen estos datos. De lo contrario concederían asilo político a cualquier ciudadano que viva en esta monarquía.
DERECHOS QUE SE INCUMPLEN DE MANERA HABITUAL EN ESPAÑA
Derecho a la integridad física y moral: se siguen denunciando torturas y tratos inhumanos.
Derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial, que garantiza un proceso penal con garantías.
Derecho al secreto de las comunicaciones. Inviolabilidad del domicilio.
Derecho a la igualdad ante la ley, y prohibición de discriminaciones en el contenido de la ley.
Derecho a una comunicación libre: que abarca toda una serie de derechos, como la libertad de expresión, producción y creación literaria, artística, científica, técnica y tarea docente.
Derecho a la información: A recibirla y emitirla con prohibición expresa de la censura previa, el secuestro administrativo y cualquier maniobra para dificultad el acceso a la información y la cultura.
Derecho a participar en asuntos públicos: Directamente o mediante representantes democráticos. Incluye el derecho a acceder a la función pública en igualdad de condiciones.
Derecho de reunión, manifestación y asociación.
Derecho de acceder a cargo publico en condiciones de igualdad.
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